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Enero del 77, asalto al corazón de la clase obrera


Funeral por las víctimas asesinadas en el asalto al despacho de abogados laboralistas de Atocha el 24 de enero de 1977. Funeral por las víctimas asesinadas en el asalto al despacho de abogados laboralistas de Atocha el 24 de enero de 1977.

Los asesinatos de los abogados laboralistas en Atocha (*)

El más luctuoso y desgarrador de los episodios sufridos por la clase trabajadora española en la Transición fue, sin duda, el asesinato a quemarropa de cinco integrantes comunistas del despacho de abogados laboralistas y vecinales de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la madrileña calle de Atocha. El atentado terrorista fue fríamente perpetrado por un grupo de pistoleros de extrema derecha vinculado al sindicato vertical de transportes privados.

Anochecía aquel el 24 de enero de 1977. Un comando ultraderechista formado por tres individuos, que portaban pistolas Star Parabellum de 9 milímetros, irrumpió secretamente en el céntrico edificio madrileño donde se encontraba el despacho de abogados. Permaneció escondido durante una hora en el piso superior del bufete. En torno a las 22.30, numerosos trabajadores comenzaban a abandonar el local al que habían acudido a una reunión de seguimiento de la huelga de transportes entonces en curso. Allí los obreros e integrantes de movimientos vecinales recibían defensa letrada y asesoría gratuitas.

Fue poco después de que el grueso de los reunidos saliera del local cuando los miembros del comando fascista descendieron y penetraron al tercer piso del edificio donde se hallaba el despacho laboralista, que en ese momento ocupaban nueve personas, abogados en su mayoría. Mantenían una reunión prolongada relacionada con asuntos de su incumbencia, como la defensa jurídica de trabajadores y vecinos afectados por despidos, expedientes y acciones policiales represivas.

Uno de los miembros del comando asaltante, Fernando Lerdo de Tejada, escolta del líder del partido fascista Fuerza Nueva, Blas Piñar, cortó inmediatamente los cables de teléfono del piso. Arma en mano, cubrió la acción que los otros dos terroristas se aprestaban a consumar. Exhibiendo asimismo sus armas, de manera imperiosa y desalmada, los pistoleros Carlos García Juliá y José Fernández Cerrá encañonaron a las nueve personas que se hallaban en su interior, las obligaron a levantar las manos y las alinearon contra la pared. Súbitamente, sin mediar palabra, abrieron fuego a discreción. Entre las bocas de sus cañones y sus víctimas apenas mediaban dos metros y medio. Al suelo cayeron tiroteados y bañados en sangre los cuerpos agonizantes -o sin vida ya- de los abogados Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira y Luis Javier Benavides; el estudiante de Derecho, Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. La media de sus edades era de 28 años. Malheridos y ensangrentados quedaron tendidos en el suelo Miguel Ángel Saravia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González Ruiz, compañera de Javier Sauquillo, que en enero de 1969, a manos de la policía política franquista había perdido a su novio, Enrique Ruano, precipitado desde un sexto piso de la casa donde permanecía detenido.

Inmediatamente después del crimen contra los abogados de Atocha, los miembros del comando asesino se dieron a la fuga de manera precipitada. Durante semanas permanecerían en Madrid ciudad que no abandonaron, al sentirse amparados por la complicidad de sectores ultras de la Policía. Tal como se probaría posteriormente, los pistoleros habían contado con la inducción y supervisión de Francisco Albadalejo, secretario provincial del Sindicato vertical de Transportes, responsable intelectual del atentado junto con Leocadio Jiménez Caravaca, ex combatiente de la División Azul enviada por Franco a Rusia. Fue Caravaca quien suministró las armas al comando, que contó con la complicidad de Gloria Herguedas y la de un individuo más que no llegaría a ser juzgado.

Tras escuchar los disparos y percatarse de lo sucedido, vecinos del tercer piso asaltado en Atocha, 55 avisaron a la Policía. Los muertos y heridos fueron urgentemente trasladados en ambulancias a centros médicos. Tres habían muerto ya y dos expiraron en el camino. Una enorme conmoción se adueñó de todos cuantos conocieron abruptamente lo sucedido. Tras distintas pruebas forenses, los cadáveres de los asesinados fueron trasladados al Colegio de Abogados de Madrid, donde serían expuestos en sendos ataúdes. La profesión letrada, tras haber velado por rigurosos turnos a los colegas asesinados, se adhirió en pleno a la enorme manifestación de duelo congregada el 26 de enero en torno a la plaza de Colón, contigua a la sede colegial, y en las calles aledañas al paseo de la Castellana. De allí partiría el cortejo fúnebre, en dirección al cementerio del Este, donde los difuntos recibirían sepultura.

La Prensa habló de medio millón de asistentes al duelo. En un silencio estremecedor, centenares de miles de personas acompañaron solemnemente los ataúdes, inicialmente portados a hombros y precedidos por un enorme emblema de rosas rojas que formaban la hoz y el martillo: los asesinados militaban en el Partido Comunista de España y estaban afiliados al sindicato Comisiones Obreras, para el que trabajaban en la defensa letrada; abogados vinculados a esas siglas, como ellos mismos, habían defendido de manera decidida y valiente, también al igual que ellos, a la clase obrera madrileña ininterrumpidamente a partir de 1956, año en el que el PCE, en plena clandestinidad, abriera en Madrid el primer despacho laboralista en la calle de la Cruz, fundado por la abogada María Luisa Suárez Roldán, pionera de la defensa laboral letrada de los trabajadores.

Aquel brumoso 26 de enero de 1977, centenares de miles de madrileños y madrileñas testimoniaron su dolor al paso de los féretros que avanzaban lentamente en dirección al cementerio del Este, entre un gentío conmocionado y dolorido, embargado por la tristeza, que trataba de asimilar el alcance de lo ocurrido. Ni los más ancianos de la ciudad recordaban una manifestación de tan masivo seguimiento como la registrada a media tarde de aquella aciaga jornada y que discurría lentamente a través de algunas de las principales arterias de Madrid.

La tensión contenida, la indignación y la pena, que perlaba de lágrimas muchos semblantes, signaban los rostros de miles de los asistentes. Un helicóptero cruzó detenidamente por encima de sus cabezas. A los mandos de la aeronave viajaba Juan Carlos de Borbón, investido rey por las Cortes de Franco en noviembre de 1975. El monarca se percató de manera directa de la magnitud del duelo y del impresionante testimonio silencioso, masivo y estremecedor, de contención, dignidad y dolor mostrado en aquella manifestación de solidaridad con los asesinados.

El 28 de enero, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, suspendía dos artículos del aún vigente Fuero de los Españoles para facilitar las investigaciones y las pesquisas de la Policía, que comenzaron de manera inmediata. Dos meses después, eran detenidos en Madrid los autores, inductores y cómplices de la matanza, siete personas en total que, pasados tres años, durante siete días de febrero de 1980, comparecieron a juicio. Desde 1939, casi 38 años atrás, era la primera ocasión en que pistoleros fascistas se sentaban en un banquillo por sus crímenes.

Presidió la vista el presidente de la Sala que los enjuició, magistrado Gonzalo de la Concha. El instructor del proceso sería el juez Rafael Gómez Chaparro. Según alegaron los acusados, en la noche del 24 de enero de 1977 se disponían a atentar contra Joaquín Navarro, dirigente sindical de las clandestinas Comisiones Obreras del Transporte que protagonizaba, junto a otros líderes, una huelga reivindicativa en el sector, prohibida por las autoridades franquistas, que el Sindicato vertical trataba de reventar, sin conseguirlo. Por fortuna para Navarro, él no estaba presente en el despacho de abogados a la hora en la que se produjo el crimen múltiple; tampoco se hallaba allí, como era su costumbre, Manuela Carmena, abogada comunista, responsable del despacho de Atocha y de otro contiguo. Carmena sería elegida, cuatro décadas después, alcaldesa de Madrid.

El alegato de los asesinos en el juicio se mostraría plenamente inconsistente y se volvería contra ellos pues implicaba que, al no poder asesinar a Navarro -como aseguraban los convictos que era su única intención-, revelaron a las claras que, descartado su presunto propósito inicial, desataron su furia homicida y se aprestaron a tirotear a nueve personas más, dando muerte a cinco de ellas e hiriendo de gravedad a cuatro más.

Dos de los autores materiales del crimen, Carlos García Juliá y José Fernández Cerrá, respectivamente, serían condenados cada uno de ellos a 193 años de prisión; Francisco Albadalejo Corredera, secretario provincial del Sindicato vertical del Transporte Privado en Madrid, fue sentenciado a 74 años como inductor y encubridor del atentado; Fernando Lerdo de Tejada, coautor material, a 14 años; Leocadio Jiménez Caravaca, militante de FE de las JONS, que vendió a Fernández Cerrá las tres pistolas con las que se cometieron los asesinatos, a 4 años; y Gloria Herguedas, novia de Fernandez Cerrá, a un año, por tenencia de armas.

Albadalejo no cumplió más que cuatro años de condena de los 74 que le correspondían, puesto que murió en prisión tiempo después de su ingreso; García Juliá, tras pasar 14 años en distintos establecimientos penitenciarios y disfrutar de libertad condicional, huiría a Bolivia, donde sería detenido, años después, acusado de narcotráfico. Lerdo de Tejada, por su parte, escaparía de España tras obtener, en su primer año de condena, un permiso para asistir a la boda de un hermano. Desde entonces, permanece en paradero desconocido. El juez instructor Rafael Gómez Chaparro, que supervisaba sus condenas, pasará a la historia judicial de la dictadura franquista con nombre y legado propios. A los asesinos convictos, para otorgarles sus permisos, se les aplicó una nueva ley de régimen penitenciario, recién promovida y aprobada entonces por el jurista progresista Carlos García Valdés.

El crimen conmovió profundamente España. El horror de lo sucedido estremeció asimismo la conciencia europea, que asistía con expectación al curso de los acontecimientos españoles, con la esperanza de que la dictadura franquista, aún poderosa pese a la muerte del dictador en noviembre de 1975, diera paso a una democracia y a un sistema de libertades homologable con los de los países europeos. Una oleada de manifestaciones y paros de denuncia contra el crimen recorrió numerosas ciudades españolas, señaladamente en Cataluña y el País Vasco, y también europeas, con protestas sobre todo en Italia y Francia.

Donde más daño podían hacer

La extrema derecha española, que desde tiempo atrás mantenía conexiones con la organización fascista italiana Ordine Nuovo y esta también con el espionaje estadounidense, perpetraba así una provocación de enorme alcance. Los asesinatos se centraron sobre el corazón mismo de la clase obrera española, donde más daño podían hacer: las vidas y la integridad física de quienes, desde la abogacía, ejercían con generosidad, entrega y dedicación admirables la defensa letrada de trabajadores y movimientos vecinales prohibidos y perseguidos por el régimen dictatorial franquista. Y ello pese a que Franco había fallecido año medio antes y la jefatura del Estado la ejercía Juan Carlos de Borbón.

Los jóvenes defensores de la clase obrera, con audacia desenvuelta, comparecían a cumplir su deber ante tribunales aún presididos por jueces pertenecientes a sagas corporativas estrechamente vinculadas al dictador, al que el colectivo judicial en pleno había jurado imperativamente lealtad personal desde el comienzo de su régimen.

Aquel entusiasta ramillete de abogados jóvenes, cuya edad media no rebasaba los treinta años, constituía el valladar más valiente y arriesgado que la clase obrera oponía en primera línea presencial contra las exacciones y los desmanes permanentes del régimen y del aparato económico en el que se sustentaba. Éste imponía bajos salarios, subempleo, condiciones laborales deterioradas, ausencia de libertades en los centros de trabajo y, en definitiva, agresiones sin cuento contra la dignidad y la vida de la clase trabajadora y las clases populares en su conjunto.

La provocación del atentado terrorista del despacho de abogados de Atocha estaba encaminada a hacer descarrilar la vigorosa demanda de libertades democráticas, de pluralidad y de amnistía convertida ya en un clamor social, mediante un proceso sociopolítico protagonizado por la clase obrera, organizada sindicalmente en torno a las Comisiones Obreras y políticamente por el Partido Comunista de España.

En las fábricas, las aulas y los barrios de las principales ciudades del país, obreros, estudiantes, mujeres y vecinos, incluso el bajo clero, desplegaban desde años atrás una indómita lucha contra la dictadura. El régimen de Franco asistía histéricamente a su completa deslegitimación social, unida a una legalidad inútil y desfasada que aplicaba torpemente. Su degradación procedía de su discurso fascista liberticida y de la corrupción tolerada e inducida por el régimen, cuya consecuencia más evidente era de la erosión de unas instituciones anquilosadas y obsoletas en las que entre los jóvenes, ya casi nadie confiaba. Un capitalismo servil, desprovisto de iniciativa, vivía de las subvenciones estatales, pero ante el declinar del régimen, comenzaba a soltar amarras ante la pujanza de la clase trabajadora organizada y la necesidad empresarial de relacionarse con interlocutores laborales válidos.

La última semana del mes de enero de 1977 se había visto precedido por el asesinato de Arturo Ruiz a manos de matones fascistas de la organización Guerrilleros de Cristo Rey, en una acción criminal ante la pasividad de la Policía Armada, uno de cuyos agentes disparó sin angulación alguna un bote de humo que causó le muerte instantánea de la estudiante Mari Luz Nájera. Asimismo, el 24 de enero se había producido el secuestro del teniente general Emilio Villaescusa, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y el 11 de diciembre anterior el del ex ministro franquista de Justicia, Antonio María Oriol a manos del GRAPO, un grupo armado muy activo de extrema izquierda. ETA proseguía por su parte la lucha armada con numerosos atentados en el País Vasco.

El movimiento obrero madrileño, en las fechas de la matanza, secundaba una huelga del sector Transportes, en demanda de condiciones laborales y salariales dignas. El paro había sido convocado por el sindicato clandestino Comisiones Obreras, a la sazón el más activo, potente y representativo de la escena, cuyo equipo de abogados desde los despachos de Atocha, Españoleto y la calle de la Cruz, ofrecía gratuitamente asesoría y defensa letrada a quienesquiera de entre trabajadores y vecinos las necesitara.

La represión policial contra la actividad reivindicativa se desencadenaba en los centros de trabajo, en las aulas universitarias y en calles de la ciudad, donde era palpable la complicidad policial con la actuación, pistola en mano, de los llamados grupos incontrolados; en la práctica, se trataba de organizaciones criminales de extrema derecha, estrechamente vinculadas a las organizaciones fascistas Fuerza Nueva y a Falange Española de las JONS, en sintonía con el aparato policial, aun mayoritariamente franquista. Año y medio después de la muerte del dictador en noviembre de 1975, seguían enseñoreándose violentamente de las calles y de la escena pública a punta de pistola para truncar de a tiros y a golpes cualquier atisbo de protesta procedente del mundo laboral, estudiantil o vecinal, que pese a todo, no se arredraban y proseguían sus luchas pacíficas por la democracia y las libertades. El alto mando policial se hallaba militarizado por Franco desde muchos años antes.

Fue precisamente en este ámbito donde todo indica que se diseñó la matanza de los abogados, encomendada a jefes intermedios del sindicato vertical. Pero el diseño criminal obedecía no solo a fines locales, sectoriales, anti-huelguísticos, sino que se trataba más bien de una provocación política en regla, con propósitos de mucho mayor alcance. En lo inmediato, se orientaba a detener de cuajo el avance de los sindicatos y los partidos clandestinos, así como su consiguiente legalización, de los cuales el aparato de Estado franquista, aún poderoso, recelaba sobremanera. Pero, en el medio y largo plazos, los propósitos de los jefes de los inductores del crimen perseguían eliminar a mano armada el potente empuje anti-dictatorial de las clases populares hacia la democratización, en clave social y progresista, de la política española.

Contexto geopolítico

Este impulso irrefrenable hacia la democracia avanzada en España, se insertaba en un contexto geopolítico en el que los anhelos de libertad del pueblo español chocaban frontalmente con el designio de Washington, embarcado en una fase decisiva de su Guerra Fría contra la Unión Soviética y las fuerzas progresistas de todo el mundo. Los poderes reales de los Estados Unidos de América no podían tolerar que un proceso democrático como el español fuera protagonizado tan destacadamente por los comunistas, como había sucedido en Portugal, simultáneamente a lo acaecía en Italia, donde la hegemonía laboral, social y cultural pertenecía al PCI.

Según revelaciones ulteriores de Armando López Salinas, miembro del Comité Ejecutivo del PCE, las cloacas del Estado franquista, aleccionadas e intoxicadas por la CIA, atribuían al Partido Comunista una potente organización armada clandestina y durmiente, capaz de dar un golpe de mano y hacerse con el poder. La huelga de los transportes de enero de 1977 sería, según la disparatada fabulación franquista, la punta del iceberg de lo que se proponían acometer entonces la izquierda comunista y el sindicato de clase.

Tiempo atrás, el 20 de diciembre de 1973, aún en vida del dictador, y coincidiendo con el juicio en Madrid a la dirección de Comisiones Obreras en el proceso 1.001, el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, vicepresidente del Gobierno y mano derecha de Franco, realizado por un comando de ETA, había sido ejecutado apenas a 150 metros de distancia de la Embajada estadounidense en Madrid. Washington preveía entonces como inminente la muerte de Franco por sus crecientes achaques. En el caso de que Carrero Blanco se hiciera con su sucesión, puesto que era Vicepresidente del Gobierno, por verse desprovisto del ascendiente del autócrata, rodeado además de una evidente impopularidad por su seguidismo con el dictador, ese supuesto hubiera polarizado hacia la izquierda realmente potente, encarnada por el PCE y Comisiones Obreras, la hegemonía social y política del proceso hacia la democracia en ciernes en España. Por esa razón, Carrero Blanco, en un esquema de post-franquismo sin Franco, sobraba y chirriaba en los planes de la CIA previstos para España; de acceder al poder el almirante, hubiera consolidado en su contra al sector político y sindical, comunista, más combativo y prestigiado de la escena –el Partido Socialista apenas comparecía en las calles- por todo lo cual cabe establecer con fundamento la hipótesis según la cual, la liquidación a manos de ETA de Carrero, habría coincidido con los intereses de quienes se proponían aplicar con tales planes. Bonn, que actuaba de vicario político del poder estadounidense en España, preveía dejar a los comunistas y al sindicato de clase en una posición subalterna en la escena política española. Se trataba de dibujar un posfranquismo tímidamente democrático para España, meramente formal y degradado, ya que excluía a las fuerzas políticas y sindicales que, en verdad, lo estaban tan audazmente protagonizando.

La matanza de los abogados de Atocha, habría sido presumiblemente ideada, en todo caso, tolerada o funcional para o por quienes así fabulaban, para provocar tras ella una situación de extrema gravedad que determinara la salida a la superficie de tal supuesto aparato militar clandestino comunista. Una vez perpetrada la matanza de los abogados, en un lugar tan sensible para los comunistas como el corazón mismo de la clase trabajadora, de haber aflorado el supuesto aparato militar en respuesta al criminal desafío, estaba previsto que fuera inmediatamente eliminado con la previsible intervención del Ejército, yugulando así el proceso democrático en su origen, truncando además la legalización de sindicatos y partidos de izquierda. De tal manera se perpetuaría en clave monárquica franquista, con tan solo algunos retoques formalmente democráticos, la continuidad del régimen instaurado a sangre y fuego 40 años antes por el dictador. Franco, que rompió la cadena de sucesión monárquica al desplazar de la Corona a Juan de Borbón Battenberg, padre de Juan Carlos I, había diseñado una sucesión a su medida, con los Principios del Movimiento Nacional como marco inapelable, en vez de una Constitución democrática, con separación efectiva de poderes, sistema de libertades y una amnistía exigidas por el pueblo. Pero la lucha de masas abortó aquellos planes.

La verdad era, en realidad, muy otra. El PCE contaba con un servicio de protección y de orden con músculo propio, una suerte de aparato defensivo, mantenido muy discretamente “para evitar lo que había sucedido en Francia durante el Mayo francés de 1968”, según revelara Armando López Salinas, co-responsable del PCE en el interior durante aquellos y posteriores días; tal aparato estaba destinado a impedir, con algunos centenares de militantes, que un golpe fascista decapitara súbitamente a la clase obrera y se llevara por delante a los dirigentes y cuadros de las organizaciones antifranquistas que habían luchado por la democracia y contra el régimen. Se trataba pues de un organismo de autodefensa circunscrito y limitado, de una organización defensiva con una dirección propia, tan solo con acceso a armas cortas, capaz únicamente de garantizar la seguridad de las personas y organismos mencionados. Ni más ni menos. ¿En qué cabeza sensata cabía pensar que apenas unas decenas de hombres, simplemente con armas cortas, fueran capaces de protagonizar, militarmente, un golpe de Estado en España, con un territorio de medio millón de kilómetros cuadrados y unas Fuerzas Armadas y una Policía estatales, troqueladas ideológicamente hasta entonces por cuarenta años de franquismo, más una poderosa Guardia Civil desplegada y fuertemente asentada en las áreas rurales? Además, España pertenecía a la esfera de influencia de los Estados Unidos, cuestión que los dirigentes de la Unión Soviética tenían muy clara desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No existía pues el mínimo apoyo de Moscú a una ilusoria aventura semejante. Washington, sobre todo, contaba con tres importantes bases militares en Zaragoza, Torrejón y Rota, diagonal que atravesaba estratégicamente la península, y su VI Flota se enseñoreaba por el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar.

Es preciso, además, recordar que el PCE había protagonizado, ya desde 1956, veinte años atrás, una política de Reconciliación Nacional que aplicaba desde entonces, en la que renunciaba expresamente a la violencia en la arena política. Ello le había granjeado un prestigio social evidente y el liderazgo comunista se atenía cabalmente toda su conducta política a aquel principio reconciliador. Por otra parte, la organización comunista dentro del Ejército, formada por pequeñas células de soldados de reemplazo y por algunos suboficiales y oficiales en plena clandestinidad, era independiente del citado servicio de autodefensa y tenía un carácter poco más que presencial.

Sin embargo, con la mixtificación, manipulación y exageración premeditadas sobre el servicio de autodefensa, los mandos franquistas, presumiblemente a instancias de la antena del espionaje estadounidense en Madrid pero, en todo caso, con un proyecto en sintonía funcional con los intereses de Washington, propalaron intramuros del régimen de transición la patraña de que el PCE preparaba una ofensiva armada contra el Estado. Pese a que el presidente Adolfo Suárez, tímida y pragmáticamente, comenzaba a sintonizar con las aspiraciones democráticas populares, los instigadores de la matanza de los abogados de Atocha se impusieron sobre el Gobierno y plantearon la disyuntiva siguiente: si tras los asesinatos de Atocha, el PCE sacaba a la calle su aparato militar, la sinceridad democrática comunista se revelaría totalmente falsa y los hechos darían la razón a los mentores del aparato de Estado franquista; si no, el franquismo se habría limitado a alertar de un riesgo, pero se cuidaba bien de callar que no perdería nada y, con tal demostración de fuerza criminal, resultaría fortalecido y con mayor poder de amenaza contra el propio presidente Adolfo Suárez.

La inacción ante el descontrol de la extrema derecha parapolicial durante aquellas fechas, por parte del Ministerio del Interior, al frente del cual figuraba el ministro falangista, posteriormente integrado en la Unión de Centro Democrático, Rodolfo Martín Villa, ha merecido en la actualidad la atención de la jurisdicción internacional, ante la cual ha sido denunciado.

Pese a la trama urdida con la evidente pasividad policial, la provocación contra el proceso democrático no surtió efecto pese a la supervisión, si no la inducción, de sus poderosos padrinos. La actitud en las calles del PCE y Comisiones Obreras, la del pueblo de Madrid en su conjunto, la de la clase trabajadora, los movimientos vecinales, los sindicatos y partidos clandestinos UGT, PSOE, PCML-FRAP, PT, ORT, LCR, MCE, CNT… así como los sectores progresistas de la burguesía, mostraron una línea conjunta de reflexión política y se acordó tácitamente no responder con violencia de ningún tipo a la magnitud de la provocación.

A partir de entonces y paulatinamente, el aparato franquista se depreció con su propia hipocresía y comenzó un gradual declive que le apartaría poco a poco, con reapariciones súbitas, de la primera línea de la política. Quedó convertido en una fuerza residual, desprovista ya de la hegemonía política de la que había gozado hasta entonces. Aquella actitud de responsable silencio durante el entierro de los abogados de Atocha, impulsada por el PCE y CCOO, determinaría la inexorabilidad de la legalización del PCE el 9 de abril, Sábado Santo, de aquel mismo año y de los partidos a su izquierda, así como la de los sindicatos, hasta entonces en clandestinidad.

Comoquiera que el presidente Adolfo Suárez, ante la evidencia de la fortaleza del empuje democrático que ascendía desde la calle, los tajos y las universidades, optara por legalizar partidos y sindicatos de izquierda, los mismos poderes que urdieron la matanza de los abogados de Atocha comenzaron a planear la destrucción política del presidente centrista. Tras una fronda orientada a desgastarle políticamente entre las alas democristiana y socialdemócrata del partido de Suárez, la UCD, aquel proceso de erosión culminaría junto con el intento de golpe de Estado del coronel Antonio Tejero y los generales Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, en febrero de 1981. El golpe surgía apenas un mes después de la toma de posesión de la presidencia de los Estados Unidos en la Casa Blanca de Ronald Reagan y, con certeza, con su venia. Alexander Haig, secretario de Estado norteamericano, al ser preguntado sobre el golpe de Estado en España, respondió, escuetamente, entonces: “Se trata de un asunto interno”.

La memoria democrática de España tiene en los caídos en la matanza de Atocha uno de sus más queridos y entrañables emblemas. Un monumento en la plaza de Antón Martín, obra de Juan Genovés erigida en 2003 y promovida por la Fundación Abogados de Atocha, evoca la memoria de aquellos jóvenes soñadores, que concibieron una España democrática y en paz, que las balas asesinas les impidieron vislumbrar pero que, con su esfuerzo, tanto contribuyeron a conseguir.

Evocando al poeta y dramaturgo William Shakespeare, los valientes letrados asesinados en el despacho de Atocha merecen recibir su conmovido verso: “no logrará la muerte jactarse de ensombrecer vuestro recuerdo, porque perviviréis en versos inmortales”.

(*) Este artículo, con el título “Ataque al corazón de la clase obrera” es un capítulo del libro “Conciencia de clase. Historias de las Comisiones Obreras” editado por Los libros de la Catarata y la Fundación Primero de Mayo en 2020.

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Negra y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.