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EL PERIÓDICO
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La fiscalidad decimonónica española: los consumos


En este artículo se estudia uno de los principales impuestos del siglo XIX y que recaía sobre la población más humilde, convirtiéndose en fuente de conflictividad social. Más adelante pretendemos estudiar de forma monográfica cómo se implicó el socialismo español contra este tipo de fiscalidad.

El término de “consumos” alude al conjunto de impuestos indirectos que gravaban el consumo de la población. La denominación aludía a varias figuras impositivas, generando cierta confusión hasta la reforma hacendística de Mon-Santillán de 1845, cuando por vez primera se ordenó y estructuró el sistema fiscal español en el Estado liberal. En ese momento se creó la Contribución General de Consumos. Era un impuesto general, ordinario e indirecto que gravaba una veintena de productos básicos, de “comer, beber y arder”. A cada población se le asignaba una cantidad anual que debía remitir a la hacienda pública. La cantidad se calculaba atendiendo al número de habitantes de cada localidad, entre otros criterios. Pero, además, los ayuntamientos estaban autorizados a imponer recargos sobre los productos gravados de hasta un 100%. De esta manera, esta contribución se convirtió en la principal fuente de ingresos, tanto de la hacienda nacional, como de las locales.

Los consumos generaron muchos problemas por las dificultades para su recaudación, coexistiendo varios procedimientos para hacerlo. Pero la polémica principal tenía que ver con el hecho de que gravaba productos de primera necesidad, afectando a las clases populares. Muchas de las revueltas, protestas y motines decimonónicos tuvieron que ver con el deseo de la población de rebajar o suprimir los consumos, o esta demanda acompañaba a otras de diverso signo, como las que tenían que ver con el sistema de reclutamiento, y la elevación de los precios por la falta de pan, dadas las periódicas crisis de subsistencia que aún en el siglo XIX se daban en España. Los consumos encarecían el precio final de los productos pero, además, su recaudación generaba una clara desigualdad, ya que los grandes propietarios y comerciantes pudieron zafarse de los consumos gracias al fraude. Por otro lado, se protestaba también porque los intermediarios basaban sus negocios en el recargo y encarecimiento de los productos básicos.

Tanto en 1854 y 1868, coincidiendo con el triunfo progresista de la Vicalvarada y de la Revolución Gloriosa, respectivamente, los consumos fueron abolidos para atender la demanda popular, pero siempre fueron restaurados por la imposibilidad de reunir recursos por otros medios para sostener la hacienda nacional y las locales, ya que nunca se emprendió una profunda reforma fiscal que estableciera impuestos directos que gravasen las rentas personales de forma proporcional o progresiva. Tenemos que tener en cuenta que, aunque la mayoría de los políticos liberales progresistas estuvieron siempre en contra de los consumos, no era por cuestiones de igualdad o justicia social sino porque eran un impedimento para la libre circulación de los productos, desde una defensa de políticas librecambistas.

Pero la protesta social siempre fue constante contra los consumos. En 1904 se abolieron los que gravaban el trigo y sus derivados. En 1911 fueron suprimidos definitivamente, aunque fueron, en muchos casos, sustituidos por otros impuestos indirectos, que no significaron una mejora fiscal para las clases humildes.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.

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