Debates en torno a la constitución de 1812: liberales y realistas

Según los liberales, la constitución era el elemento fundamental para introducir nociones nuevas y modernas. Vieron en ella una base jurídica para un España nueva, una meta ideal que se enfrentó a la idea de los diputados realistas, que esperaron que fuera un medio para evitar que el reinado de Fernando VII no cayera en el despotismo ministerial o en un reformismo autoritario afrancesado. Los liberales tuvieron una inmensa fe en la idea constitucional, explicando gran parte de los males del país a la falta del texto sagrado. Una de sus preocupaciones fue asegurar el afianzamiento sólido del sistema de gobierno nuevo para que no fuera rechazado o alterado por Cortes sucesivas. Por ello intentaron diseñar un documento cerrado que apenas admitiera cambios, al menos hasta pasados ocho años (como señala el artículo 375). Sus ambiciosos deseos de consolidar esa idea se expresaron en la creación de un texto constitucional extenso con 384 artículos, siendo algunos de ellos auténticos estatutos de enorme importancia, mientras otros semejan simples reglamentos derivados de los primeros.

Para los realistas, la puesta en marcha de un proceso constitucional debía obedecer al restablecimiento de la antigua Constitución de la Monarquía, para evitar los errores del último cuarto de siglo. Había que mejorar, pero respetando su integridad o las Leyes Fundamentales. Pero no por ello tenían tanta fe en las leyes escritas como los liberales, pues los realistas tenían tendencia a poner en el centro del sistema político a las instituciones: Corona, Cortes, Estamentos, Universidades… Sin embargo, los debates políticos pronto dejaron claro sus diferencias con los liberales.

Si para la Constitución escrita señalaba que la nación era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios (un concepto abstracto y ahistórico, que afirma que la Nación ya está constituida, es libre e independiente) para los realistas se encontraba enraizada en la Historia, es decir, a la Religión, la Monarquía, las Cortes y las Leyes Fundamentales. Si los liberales defendieron la división de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), para los realistas el poder siempre es único y debía ejercerlo la Corona. El despotismo real no se remediaba, en su opinión, dividiéndolo, sino frenándolo con instituciones vigorosas y descentralización política. Si para los liberales, el objetivo del del Estado y de su política era expandir con la mayor eficacia los deseos de la mayoría numérica de los ciudadanos, a través del centralismo y la uniformidad nacional, para los realistas era mejor una organización territorial marcada por la Historia hasta ese momento y una descentralización defensiva frente a la posibilidad de un despotismo central. Los liberales lograron la desaparición de los estamentos para lograr la igualdad jurídica de las personas y los territorios, pero los realistas mostraron su temor a una pérdida de libertad si no se mantenían los diferentes fueros.

Finalmente, los realistas no pudieron evitar que la Constitución fuera solemnemente proclamada y jurada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, aniversario del Motín de Aranjuez, y festividad de San José. Curiosamente, el texto español no tuvo Declaración de Derechos, aunque se reconocieran algunos derechos individuales: libertad civil, propiedad, prohibición de tormento, inviolabilidad del domicilio, libertad de imprenta, igualdad ante la ley y en el cumplimiento de obligaciones fiscales, derecho de petición. Se destruyó el privilegio como principio social fundamental y se intentó evitar las acusaciones de extranjerismo –en alusión a los revolucionarios franceses- del texto constitucional.

La obra legislativa paralela de los diputados liberales fue colosal y puso las bases de una nueva Nación liberal. Tras las famosas Cortes Extraordinarias, se celebraron Cortes Ordinarias en Cádiz y en Madrid. Durante la vuelta de Fernando VII a España, un tercio de los diputados de esta segunda legislatura elevo al rey el famoso Manifiesto de 1814, más conocido como el Manifiesto de los Persas. En su crítica al texto constitucional, los diputados realistas presentaron sus propias sugerencias sobre reformas basándose en sus ideas tradicionalistas. Se quejaron con amargura de la dificultad que tuvieron para llevar a cabo sus funciones normalmente en las Cortes y solicitaron al monarca la anulación de la Constitución. Finalmente, y como es sabido, Fernando VII anuló la obra legislativa de las Cortes de Cádiz sin que ello produjera una revuelta popular ni grandes protestas sociales.

Y es que con la Constitución y las Cortes dominadas, los liberales se sintieron seguros, gobernaron como una Asamblea y, en ausencia del rey, asumieron los poderes legislativo y ejecutivo, pero el pueblo español estuvo muy ajeno a los debates gaditanos, pues no llegó a participar realmente en unas Cortes elitistas. Había luchado, en su mayoría, por la independencia, el rey y la religión, y ansiaba la vuelta de Fernando VII como un símbolo de victoria, paz y vuelta a la normalidad cotidiana. Además, no debe olvidarse el hecho de que la Constitución se había elaborado sin la Corona, cuyos partidarios tildaron numerosos artículos como muestra de recelo de las Cortes por el rey. Lo cual constituyó una lección de Historia: la tendencia a la imposición unilateral podía provocar más problemas que soluciones, pero apenas fue escuchada durante las siguientes décadas.