La Advertencia Miranda o los derechos de los detenidos

“Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le han quedado claro los derechos previamente mencionados?”

¿Y por qué se denomina “Miranda”? Todo proviene del caso Miranda versus Arizona del año 1966. En 1963 Ernesto Miranda fue convicto en Arizona del delito de violación, basándose en la confesión que había realizado a la policía, sin que se le informara de su derecho a guardar silencio, o a tener un abogado presente. El fiscal basó todo su alegato en la confesión como prueba, consiguiendo que fuera condenado. Pero la condena fue recurrida y el asunto llegó a la Corte Suprema como el conocido caso de Miranda contra Arizona.

En 1966 se resolvió que el detenido había sido intimidado por la policía en el interrogatorio, además de que no se le habían leído sus derechos. El fallo del primer tribunal, en consecuencia, fue revocado. La confesión no valía, por lo tanto. En todo caso, Miranda sería condenado a once años en un segundo juicio ya con testigos en su contra y otras pruebas. No terminó bien, ya que a los cuatro años de salir de prisión murió en una pelea con cuchillos.

La Corte Suprema no dictó en sí el texto de la Advertencia Miranda, como hemos insertado al comienzo del artículo, y que puede variar un poco en cada Estado, pero en su sentencia estarían las bases de la misma. La persona custodiada por la policía debía, previo a su interrogatorio, ser informada de su derecho a guardar silencio, y de que todo lo que dijera podría ser usado en su contra ante un tribunal. Además, el detenido debía ser informado de su derecho a tener un abogado y que el mismo podía estar presente durante el interrogatorio. En caso de no tener recursos el detenido tendría derecho a un abogado sin coste, de oficio.

En 1984, la Corte Suprema estableció una salvedad sobre la Advertencia Miranda, y sería en situaciones de extrema urgencia para proteger la seguridad pública. Posteriormente, en 2011 una juez dictaminó que la Advertencia Miranda no era necesaria en caso de terrorismo, y el presidente Obama, en 2013, a raíz del atentado de la maratón de Boston, dio la orden a las fuerzas de seguridad de prescindir de la Advertencia Miranda en los detenidos vinculados al atentado, generando un debate nacional sobre la constitucionalidad de la misma.