Louis Piérard y el patrimonio artístico de la República española

Piérard se había interesado en España por saber lo que se había hecho para salvaguardar el patrimonio artístico, recordando a los lectores que se trataba de uno de los países más ricos del mundo en relación con la cultura por sus innumerables obras artísticas en monumentos, pinturas, esculturas, tapices, orfebrería, ornamentos de Iglesia, etc. Explicaba que muchas de estas obras de arte eran propiedad de la Corona y de la Iglesia, especialmente de las congregaciones religiosas (aunque sabemos que muchas obras de arte de las órdenes ya no pertenecían a las mismas por la desamortización de Mendizábal). Los palacios reales (Sitios Reales) habían pasado a ser propiedad del Estado, y afirmaba que en el Palacio de Madrid podía leerse en la fachada una inscripción que rezaba así:

“Pueblo, respeta este edificio, que es tuyo”.

Por su parte, el ministro de Instrucción Pública y la Dirección de Bellas Artes habían dictado una serie de decretos destinados a impedir la dilapidación del patrimonio artístico español.

En este sentido, el político e intelectual valón destacaba el Decreto de 2 de junio porque establecía que el valor de las obras de arte que existían en España era debido al trabajo de los eruditos y los críticos “sin intervención de los poseedores e incluso algunas veces a pesar de su tenaz oposición”. El decreto prohibía la venta de ciertas obras en el interior del país sin autorización del Gobierno.

Otro Decreto prohibía la exportación de obras de arte anteriores a 1830, y de un valor superior a las treinta mil pesetas.

Un tercer Decreto ordenaba la elaboración de un inventario general de las obras y objetos de arte. Y, por fin, un cuarto preveía la intervención urgente de la Dirección de Bellas Artes y de los gobernadores provinciales para la preservación de obras de arte que corriesen peligro de deteriorarse. Las congregaciones religiosas estaban obligadas a exponer en determinadas fechas y bajo ciertas condiciones las obras que poseían.

Piérard consideraba que la República Española, que aspiraba a cambiarlo todo, era conservadora en materia de patrimonio, eso sí, en el “mejor sentido del vocablo”.

Hemos trabajado con el número 7103 de El Socialista.

Por otro lado, nos parece conveniente la consulta del trabajo de Javier García Fernández, “La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939)”, en E-rph. Revista electrónica de Patrimonio Histórico, nº 1, (2007), y que podemos leer en la red. Por nuestra parte, dedicamos un trabajo en El Obrero sobre la opinión que desde El Socialista se había hecho del primer presupuesto dedicado al patrimonio en la República, y que podemos buscar en la Hemeroteca de este diario digital.