El Consejo acuerda su posición sobre la legislación de la UE para proteger a los adultos vulnerables

La nueva ley tiene por objeto proteger los derechos de los adultos que, por ejemplo, debido a enfermedades relacionadas con la edad, como el alzhéimer, ya no son capaces de tomar decisiones sin el apoyo de familiares o de un tutor. El reglamento garantizará que se respete su derecho a la autonomía, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, cuando se desplacen dentro de la UE.

Cuando las personas se vuelven vulnerables debido a un problema de salud, la ley debe ofrecerles protección. El acuerdo alcanzado hoy garantizará que los adultos, y en especial las personas mayores que dependen de la ayuda de otros, puedan seguir viendo reconocidas sus decisiones independientemente del lugar de la UE al que se trasladen. — Costas Fytiris, ministro de Justicia y Orden Público de la República de Chipre.

Las nuevas normas determinan qué tribunal u otra autoridad es competente para adoptar medidas de protección en un caso transfronterizo, qué legislación se aplica y cómo se reconocen y ejecutan las decisiones o facultades de representación establecidas en el extranjero.

Sobre la base de un enfoque general parcial alcanzado en junio de 2025, el Consejo ha llegado hoy a un acuerdo sobre las disposiciones restantes, incluidas las relativas al acogimiento de un adulto y la creación de un certificado europeo de apoyo y representación.

Colocación de un adulto

Para dar flexibilidad a los Estados miembros, el texto acordado hace referencia al procedimiento previsto en el Convenio de La Haya de 2000 sobre la protección de los adultos, que permite a un Estado miembro oponerse a la colocación de un adulto en su territorio. El Convenio establece qué autoridades nacionales son responsables y qué legislación nacional se aplica cuando un adulto que necesita protección se encuentra en otro país.

En el contexto de la nueva legislación de la UE, la colocación de un adulto se refiere a una decisión judicial sobre el lugar donde debe vivir un adulto, como la determinación de su lugar de residencia. También incluye situaciones en las que un adulto que no puede expresar sus deseos necesita ser ingresado en un centro de atención.

Certificado europeo de representación y apoyo

La Comisión propuso crear un certificado europeo de representación para facilitar a los representantes la acreditación de sus poderes en otro Estado miembro. El Consejo aclara que el certificado podría utilizarse no solo para acreditar la representación, sino también para demostrar que el representante está autorizado para apoyar al adulto en cuestión.

La propuesta de la Comisión preveía que el certificado surtiera efecto automáticamente en el Estado miembro que lo expidiera. La posición del Consejo deja a la legislación nacional la determinación de si el certificado tiene efecto jurídico en ese Estado miembro.

Designación de una autoridad en el extranjero

Según la posición del Consejo, se podrá designar a una autoridad competente de otro Estado miembro para representar a un adulto que necesite protección si la legislación nacional de ese país lo permite. No obstante, ello requerirá el consentimiento del Estado miembro de que se trate. El compromiso evita crear nuevas obligaciones a los Estados miembros cuya legislación no prevea que una autoridad pública actúe como representante de un adulto.

Registros de protección

La Comisión propone crear registros interconectados para proporcionar información sobre las medidas de protección en otro Estado miembro. El Consejo eliminó esta propuesta para evitar, en esta fase, una carga administrativa adicional. Sin embargo, el Consejo incluyó una tarea para que la Comisión reevalúe la posibilidad de crear dichos registros una vez que se haya aplicado la legislación.

En junio de 2025, el Consejo fijó su posición sobre otros aspectos relativos a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las medidas y los documentos públicos.

El nuevo Reglamento aclara qué tribunales de qué país son competentes en los casos transfronterizos relacionados con la protección de adultos. Se basa en el Convenio de La Haya de 2000 sobre la protección de adultos, que vincula la competencia a factores como la residencia habitual de la persona, su nacionalidad o la ubicación de sus bienes. Más allá de lo establecido en el convenio, el reglamento también permitirá a la persona adulta afectada elegir el tribunal que debe conocer de su caso, siempre que exista una conexión clara entre la persona y el tribunal elegido. Por regla general, los tribunales aplicarán su propio Derecho nacional, mientras que se establecerán disposiciones específicas para los casos en que un Estado miembro tenga más de un sistema jurídico.

Para garantizar la seguridad jurídica transfronteriza, el Reglamento prevé el reconocimiento automático de las medidas de protección adoptadas en otro Estado miembro, con excepciones limitadas. El texto también garantiza que los documentos públicos, como los actos notariales, tendrán el mismo valor jurídico en otros Estados miembros que en el país en el que se hayan expedido.

Próximos pasos

El acuerdo alcanzado hoy servirá de base para que el Consejo entable negociaciones con el Parlamento Europeo con el fin de acordar un texto jurídico definitivo.

Antecedentes

El número de personas que necesitan apoyo para tomar decisiones sobre aspectos personales de su vida está aumentando. Según las cifras de la UE, se prevé que la proporción de personas mayores de 65 años que viven con algún tipo de discapacidad aumente en un 77 % para 2050. Al mismo tiempo, cada vez más personas ejercen su derecho a la libre circulación dentro de la UE y, por ejemplo, viven en más de un país a lo largo de los años o poseen propiedades en varios Estados miembros.

Esta situación plantea muchos retos en contextos transfronterizos, como la gestión de bienes situados en otro país, la realización de tratamientos médicos de urgencia o programados en el extranjero o el traslado a otro Estado miembro. Los adultos que ya no pueden tomar estas decisiones sin la ayuda de un familiar o tutor se enfrentan a menudo a normas de derecho internacional privado complejas y, en ocasiones, contradictorias.

El Convenio de La Haya sobre la Protección de los Adultos es un acuerdo internacional adoptado el 13 de enero de 2000. Establece normas sobre qué autoridades nacionales son responsables y qué legislación se aplica en los casos transfronterizos que afectan a adultos que necesitan protección. Hasta ahora, ha sido ratificado por trece Estados miembros y solo se aplica en esos países.

Origen de los datos: sitio web de European Union, el 6 de marzo de 2026.