- El capital, ¿con problemas? -

Pregunta de calado: ¿está en guerra el capital? Y, ampliando la derivada, ¿el capitalismo? La respuesta es “no”, desde una perspectiva digamos que convencional (o belicista), aunque se es consciente de que esto es discutible (al respecto, véanse las aportaciones de John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, que habla de un “realismo ofensivo” y de la posibilidad del estallido de una guerra mundial; Graham Allison, de la Universidad de Harvard, que replica la “trampa de Tucídides” —el desafío de una potencia emergente a otra consolidada— y, por tanto, la probabilidad de la guerra; y Mary Kaldor, de la London School of Economics, que expone que vamos hacia guerras económicas y tecnológicas). Ahora bien, el conflicto evita —por el momento— la batalla abierta, física y militar, con tintes mundialistas —si bien existen focos dramáticos localizados— para encuadrarse en otras coordenadas. En estas, la economía se traduce en un espacio lleno de minas, de tácticas y de combates de posiciones.

Andy Burnham ya es primer ministro británico, sin pasar por las urnas, aunque haya necesitado de los votos (unas elecciones parciales forzadas en mayo) para convertirse en parlamentario y cumplir con la condición para plantear la batalla por el liderazgo en el Partido Laborista. Ha sido una operación política muy propia de Gran Bretaña: la trituradora de un primer ministro por los suyos. Aquí encaja perfectamente ese proverbio por algunos atribuido a Voltaire: “Que Dios me libre de mis amigos, que de mis enemigos ya me cuido yo”.

La incertidumbre preside todo análisis económico en el momento presente. Marcar tendencias —que incluye, igualmente, previsibles errores— es lo más razonable que puede hacerse, bajando el diapasón de las exigencias a la ciencia económica, en el sentido de aportar certezas que, presumiblemente, deberían emanar de unas “leyes” que, de facto, no existen.

El hombre que impuso orden en México... y olvidó marcharse.

Durante más de un siglo, los escolares mexicanos aprendieron que Porfirio Díaz fue poco menos que el villano oficial de la historia nacional. No deja de ser curioso. Los villanos rara vez construyen ferrocarriles, equilibran las cuentas públicas, atraen inversiones extranjeras y mantienen en paz un país durante tres décadas. Tampoco los héroes suelen amañar elecciones, encarcelar opositores y convencerse de que la patria no puede sobrevivir sin ellos. Díaz hizo ambas cosas. Por eso, ciento cincuenta años después de su llegada al poder, sigue siendo uno de los personajes más discutidos de la historia de Latinoamérica.

Si alguien tenía dudas sobre la imparcialidad de algunos jueces y magistrados ha podido salir de dudas, en los últimos días. De hecho, llevamos un largo período de ejemplos prácticos que dejan a la Justicia, en muy mal lugar. Si alguien quería limitarlo a unos pocos protagonistas, el tiempo deja claro que el número ha crecido y se ha multiplicado.

El Titanic va directo contra el iceberg pero a los pasajeros solo les preocupa que el champán no está suficientemente frío. ¿Qué inquieta a nuestros políticos, y no nos referimos sólo a los funcionarios institucionales, sino a todo aquel que habla sustantivamente de política? ¿Tan subalternos se consideran que interpretan que los asuntos mundiales graves no les atañen?

Es una pregunta inquietante, pero temo que la respuesta lo sea aún más. Porque hace tiempo que la derecha española no contempla límites en su propósito de tumbar al Gobierno democrático de este país y acceder al poder.

A poco que los meandros procesales del Tribunal Supremo y otras instancias judiciales comunitarias ganen tiempo en la infinitud de la categoría temporal se habrá decretado el comienzo de la campaña de las elecciones generales para dar continuidad histórica a las de julio de 2023, donde nadie ganó pero de las cuales emergió la sucesión de Pedro Sánchez a manos del propio Pedro Sánchez en virtud de acuerdos con otras fuerzas, de cuyo conjunto emerge sobre todas las demás Junts, santo y seña independentista y conservador del movimiento que hizo valer su audacia en el otoño de 2017 sin producción de violencia ni terror, pero sí confrontación constitucional si la carta magna de la transición se moviliza como abanderada de la convivencia de los españoles, entre los cuales cabe sumar a los catalanes. La revisión de aquella pertenencia catalana al común español tambaleó en aquellas fechas el edificio constitucional con la intervención del gobierno de Mariano Rajoy en forma de aplicación del famoso artículo 155 que permite la invasión de facultades de una comunidad por el Estado central cuando se dan circunstancias excepcionales como las habidas en octubre de 2017.

En este julio del 2026 en el que conmemoramos 90 años del inicio de nuestra guerra civil, no estaría de más volver la vista atrás y recordar el legado algunos de los protagonistas más destacados de aquellos momentos dramáticos. Entre la bibliografía interminable de obras sobre la guerra civil no tenido el eco que merece un libro singular. Me refiero a Indalecio Prieto. Crónicas del adiós. 50 retratos del siglo veinte. Estamos ante una selección - a cargo del profesor Luis Sala- de artículos necrológicos escritos por Indalecio Prieto, que recogen semblanzas de despedida de políticos socialistas como Pablo Iglesías, Besteiro, Fernando de los Rios, Juan Negrín y Luis Araqquistain. También se recogen retratos de políticos republicanos como Manuel Azaña y Felipe Sánchez Román, al igual que de políticos nacionalistas vascos como Jose Antonio Aguirre y Jesús de Galíndez o de republicanos catalanes como Lluis Companys. No falta tampoco el recuerdo de historiadores como Rafael Altamira o de liberales como José Ortega Y Gasset y Gregorio Marañón.

Casi ocho de cada diez españoles consideran que la justicia no trata igual a los ricos que a los pobres, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la calidad de la democracia (IV). Que piense así el 78,4 % de la población muestra la grave erosión democrática que estamos sufriendo, ya que, sin igualdad ante la ley, la independencia judicial corre el riesgo de convertirse en el privilegio de una institución alejada de la ciudadanía.

Cuando dentro de unas décadas se escriba la historia del Gobierno del presidente Sánchez, los historiadores destacarán, ante todo, una circunstancia: el continuo intento de derribo del Gobierno a través de instrumentos judiciales. Ese será el núcleo de acontecimientos políticos que narrarán los historiadores dentro de cincuenta años. Y ese seguirá siendo el tema principal del acontecer político hasta la celebración de las elecciones legislativas de 2027 y aún lo será después si el PSOE puede volver a formar Gobierno. Porque el intento de desalojar al Gobierno a través de vías judiciales ya se ha convertido en el principal instrumento de oposición de las derechas españolas, desesperadas y rabiosas por no ocupar La Moncloa.

Nueve décadas después de aquella infausta fecha, contamos con cierta perspectiva para descubrir algunas claves que explican las causas de nuestros principales males, más algunas propuestas para enmendarlos. La clave que aquí se propone, nadie se asuste, es original. Otras, muchas habrá, desde luego, pero este escribidor quiere subrayar una que considera prioritaria y esclarecedora. Permítanme pues hacerlo.