En España se pueden ganar unas elecciones y perder el Gobierno. También se puede llegar segundo y reunir los apoyos necesarios para presidirlo. No es una anomalía ni una argucia de última hora: es el funcionamiento de una monarquía parlamentaria. Los ciudadanos eligen el Congreso y el Congreso decide quién merece su confianza. La dificultad empieza cuando una parte de los aspirantes considera que la primera posición en el recuento lleva incorporadas las llaves de la Moncloa y que cualquier otra solución constituye una adulteración de la voluntad nacional. Entonces, una negociación parlamentaria se convierte en una usurpación y el adversario pasa a ser un intruso. La Constitución sigue en su sitio, pero se interpreta con un criterio inmobiliario: hay quien cree tener la propiedad y concede a los demás, como mucho, un alquiler provisional.
La pregunta del título requiere, sin embargo, alguna precisión. Las derechas españolas han aceptado derrotas electorales y han entregado el poder. Negarlo debilitaría cualquier análisis posterior. Tampoco existe una derecha única, inmutable desde el siglo XIX, ni todas las oposiciones conservadoras han seguido el mismo comportamiento. Lo que sí merece atención es la persistencia de una cultura política que tiende a confundir sus propios intereses con los de España. Desde esa perspectiva, la izquierda puede obtener una mayoría legal sin adquirir nunca una legitimidad completa. Puede gobernar conforme a las reglas, pero siempre le faltaría una autorización superior que las urnas y el Parlamento, por sí solos, no parecen capaces de concederle.
La historia ayuda a entender esa disposición, siempre que no la utilicemos como una máquina de fabricar equivalencias. Las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular se celebraron en febrero de 1936. La sublevación militar comenzó en julio, cinco meses después. Aquella ruptura abrió una guerra y desembocó en una dictadura de casi cuarenta años. Conviene recordar la secuencia y, al mismo tiempo, preservar la diferencia entre aquel desenlace y los conflictos de la democracia actual. La memoria histórica pierde fuerza cuando todo enfrentamiento acaba presentado como la antesala inevitable de otro 1936. Su utilidad consiste en reconocer mecanismos de exclusión, no en anunciar que la historia repetirá puntualmente su calendario.
La Transición estableció un principio que España había tenido dificultades para consolidar: el poder debía poder cambiar de manos sin que el país cambiase de régimen. La victoria socialista de 1982 fue decisiva para afianzar esa normalidad. Pero la prueba más exigente de una democracia no llega con las mayorías abrumadoras, que dejan poco espacio a la discusión aritmética. Llega con los resultados ajustados, los pactos incómodos y las coaliciones que disgustan. La calidad del sistema se mide también por la disposición a reconocer un Gobierno cuya formación hemos intentado impedir.
Los últimos años de Felipe González dejaron un precedente revelador. Existían razones muy graves para fiscalizar al Gobierno: la corrupción y los GAL no eran invenciones de la oposición. Una prensa que hubiese mirado hacia otro lado habría incumplido su obligación. Pero la investigación de responsabilidades convivió con una estrategia de desgaste político cuya intensidad reconoció después Luis María Anson. En 1998 habló de una operación de acoso y derribo y sostuvo que se había llegado a poner en riesgo la estabilidad del Estado; posteriormente discutió la interpretación de sus declaraciones y negó que hubiese existido una conspiración. El episodio permite plantear una cuestión que sigue vigente: dónde termina el control del Gobierno y dónde comienza la disposición a deteriorar las instituciones para conseguir su caída.
Esa distinción evita dos errores simétricos. Un Gobierno no queda dispensado de responder por sus actos porque sus adversarios deseen derribarlo. Y una oposición no convierte cualquier procedimiento en aceptable por invocar la necesidad de desalojar al Gobierno. La democracia necesita investigación, crítica y alternancia; también necesita que las responsabilidades se acrediten y que las instituciones conserven su función cuando sus decisiones resultan políticamente inconvenientes.
Con Pedro Sánchez, el conflicto adquirió una forma especialmente nítida. Su llegada a la presidencia mediante la moción de censura de 2018 fue presentada en ciertos discursos como una especie de acceso lateral al poder. Sin embargo, la moción de censura constructiva forma parte del sistema constitucional: cuando obtiene la mayoría exigida, sustituye a un presidente por otro con la confianza del Congreso. No constituye una presidencia de categoría inferior. Sánchez ganó después las dos elecciones generales de 2019, primero con 123 diputados y luego con 120. La discusión sobre sus políticas podía ser tan severa como se quisiera; la discusión sobre la existencia de una habilitación democrática tenía una respuesta institucional bastante clara.
El 23 de julio de 2023 añadió otro elemento: la distancia entre el poder esperado y el poder realmente obtenido. GAD3, la empresa presidida por Narciso Michavila, el oráculo demoscópico de la derecha, difundió al cierre de los colegios un sondeo que atribuía 150 diputados al PP y 31 a Vox. Sumaban 181, cinco por encima de la mayoría absoluta. El resultado definitivo dejó al PP en 137 y a Vox en 33: 170 entre ambos. El PP había ganado las elecciones, pero la suma con Vox resultaba insuficiente para asegurar la investidura. La diferencia entre ambas afirmaciones ocupó buena parte de la disputa política posterior.
Una encuesta equivocada no demuestra por sí misma manipulación ni obediencia partidista. Afirmarlo exigiría pruebas. Su efecto político, sin embargo, merece ser examinado: cuando una mayoría se anuncia reiteradamente como el desenlace previsible, puede terminar siendo percibida como un derecho adquirido. Los apoyos que faltan después del escrutinio se viven entonces como algo sustraído. El Parlamento deja de aparecer como el lugar donde se construye una mayoría y empieza a describirse como el escenario donde se habría impedido ejecutar una victoria. Es un desplazamiento sutil, pero importante: convierte una expectativa frustrada en un agravio.
Los pactos de Sánchez admiten crítica. Se pueden discutir sus concesiones, su coherencia y sus consecuencias. También se puede pedir la convocatoria de elecciones. Todo ello pertenece a la competencia democrática. Otra cosa es sostener que los diputados de determinadas fuerzas cuentan para formar mayorías conservadoras, pero pierden valor cuando facilitan un Gobierno de izquierdas. La legitimidad de un escaño no depende de hacia dónde se incline en una investidura. Quien defienda una regla distinta debería explicar en qué artículo de la Constitución se encuentra.
Hay, además, un sustrato material en esta disputa. Perder el Gobierno significa perder capacidad para orientar los impuestos, las relaciones laborales, la vivienda, los servicios públicos y la distribución de recursos. Para quienes consideran natural un determinado orden económico y social, ciertas reformas pueden parecer una intromisión incluso cuando se aprueban por procedimientos irreprochables. El desacuerdo sobre las políticas se transforma así en una impugnación del derecho a promoverlas. La retórica nacional proporciona una cobertura solemne a conflictos que también afectan al salario, al patrimonio y a la cuenta de resultados.
Por eso conviene desconfiar de las denuncias preventivas de fraude cuando carecen de pruebas. Preparan un terreno en el que la victoria propia confirma la voluntad popular y la ajena exige buscar una irregularidad. Ninguna democracia puede funcionar durante mucho tiempo con semejante asimetría. Las garantías electorales deben vigilarse siempre, con independencia de quién venza, y las sospechas deben someterse a comprobación. Convertirlas en una póliza contra la derrota equivale a reservarse el derecho de desconocer el resultado.
La respuesta democrática tampoco puede consistir en reclamar una adhesión incondicional a Sánchez. Su Gobierno debe rendir cuentas, sus decisiones pueden ser rechazadas y sus adversarios tienen pleno derecho a sustituirlo cuando reúnan los apoyos necesarios. Precisamente por eso debe exigirse la misma reciprocidad. La alternancia solo existe cuando todos aceptan que el otro puede gobernar y que la oposición, por intensa que sea, tiene límites institucionales.
El problema de fondo aparece cuando una parte de la derecha interpreta su salida del poder como una alteración del orden natural. La prueba de su compromiso democrático no consiste en tolerar resignadamente otra victoria socialista abrumadora. Consiste en reconocer también una mayoría estrecha, negociada y desagradable para sus intereses. España habrá consolidado del todo su normalidad democrática cuando nadie necesite ganar por goleada para que le reconozcan el derecho a gobernar.
