Secretario general de la UGT.
Desde hace tiempo distintos grupúsculos y fanáticos adscritos siglas de cierta relevancia de la ultraderecha europea, vienen haciendo gala de una actividad similar a la propia del fascismo en los años 20 y 30 del pasado siglo.
El 77,78% de la población española dispone ya de la pauta completa contra la Covid, cifra que sube al 87% sobre la población diana. En cambio, en muchos países de África no llegan ni al 1%. Es urgente garantizar un acceso equitativo a las vacunas. Podemos afirmar, sin ninguna duda, que la vacunación en España ha sido un rotundo éxito: casi el 80% de la población de nuestro país disfruta ya de la pauta completa de Astra Zeneca, Pfizer o Moderna, siendo uno de los estados que ha vacunado con mayor celeridad.
Las principales novedades se ligan a la formación, a las garantías para las personas trabajadoras y a medidas específicas para Canarias.
Debemos mostrar nuestra solidaridad completa con el pueblo canario y recordar, una vez más, que los Servicios Públicos son esenciales.
Hay que establecer un cordón sanitario frente a los discursos de odio que alientan las agresiones contra las personas LGTBI. La aprobación de la ley Trans y LGTBI es urgente.
La comunidad internacional debe comprometerse en la acogida de las personas refugiadas y en el respeto de los derechos humanos.
Este año el SMI tiene que combatir ya la subida de precios que estamos sufriendo y que afecta especialmente a las capas sociales más indefensas
El gobierno ha planteado esta semana un incremento inminente del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Concretamente ha propuesto subirlo hasta los 965 euros mensuales en 2021, es decir, un aumento de 15 euros al mes. Subida muy reducida que además no posee carácter retroactivo. Una cantidad que es insuficiente, teniendo en cuenta la actual evolución del IPC (crecimiento de un 3,3% interanual) que repercute en elementos claves de la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras de este país como la energía y la alimentación.
La subida de los precios de la energía en el mercado minorista, el de las personas que consumen energía, ha sido brutal en los últimos meses. Es cierto que se debe en parte a causas externas y globales, pero se han alcanzado cotas prohibitivas para una gran parte de las personas de este país.
Debemos tener empatía y solidaridad con estas personas y recordar que se migra por necesidad y que todos fuimos y somos migrantes.
La Covid ha incrementado la pobreza y, además, la distribución de las vacunas ha constatado la desigualdad internacional. La dignidad humana debe ser la máxima prioridad.
Los últimos datos sobre el incremento sitúan, especialmente a las personas más vulnerables, ante una situación intolerable.
El Estado de bienestar no se financia solo, y para su sostenimiento y fortalecimiento se debe exigir más impuestos a los que más tienen.
El acuerdo de Caixabank nos ha situado de nuevo ante la importancia de la presencia de las organizaciones sindicales en la empresa.
El alivio que supone dejar de utilizar la mascarilla al aire libre, no debe confiarnos y se deben mantener las medidas de prevención en las empresas.
El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Garantía Juvenil Plus, fruto de la negociación y del diálogo entre Gobierno e interlocutores sociales, rompiendo la dinámica del anterior Plan de Garantía Juvenil de 2013, que fue aprobado de forma unilateral y que dio tan desastrosos resultados por las dificultades de inscripción, por los pocos fondos realmente usados respecto a los presupuestados y por su baja incidencia en la reducción del paro juvenil: La mayoría de los y las jóvenes desconocían que existía y no lo usaban. En definitiva, una gestión y resultados que la propia UE desacreditó, dudando de los datos poco fiables que España trasladaba.
Una garantía más dinámica y cercana
El actual plan, que debe seguir cumpliendo el objetivo marcado por Europa ya en 2013 de dar una oportunidad laboral o formativa a las personas jóvenes desempleadas en el plazo máximo de 4 meses, cuenta con un diseño renovado que lo dotará de un mayor dinamismo, cercanía con las personas jóvenes y efectividad en su desarrollo.
Por un lado, se aumenta el número de orientadores laborales en los servicios públicos de empleo y con una metodología de trabajo basada en una atención más cercana y personalizada a las jóvenes. Por otra parte, se introduce la figura de prospectores laborales para llegar a los jóvenes más alejados del sistema o que no se acercan a los canales tradicionales de búsqueda de empleo, sin esperar a que acudan a la oficina. Además, se establecen muchas medidas de carácter formativo, haciendo una apuesta decidida sobre la Formación Profesional, orientadas a aumentar la empleabilidad en este sector.
Poner punto final a la precariedad
Asimismo, se implanta un marco de calidad laboral: toda oferta tendrá una duración determinada y un salario mínimo digno, evitando de una vez por todas que se siga financiando la precariedad con dinero público. Por último, espero que estas medidas lleven un seguimiento y un control en su implementación que conlleve una evaluación individualizada y pormenorizada de cada medida a desarrollar para poder realizar correcciones sobre las mismas a tiempo.
Un engranaje más
Este Plan de Garantía Juvenil es un gran avance, pero debe ir acompañado de otros planes estatales y autonómicos que transformen el modelo de empleo y productivo de nuestro país y desarrollen sectores estratégicos para generar empleo neto. De otra forma, seguiremos engañándonos creyendo que se pueden desarrollar políticas activas de empleo sin estimular los sectores y la economía.
Gran parte de estas medidas, las más importantes, han sido el resultado de la presión y de la convicción de UGT, convencidos de la necesidad de un giro urgente en un ámbito esencial para el presente y el futuro de nuestro país y de sus personas trabajadoras.
La transición ecológica justa ha de ser una transformación sin precedentes a nivel global que cree un sistema productivo renovado y sostenible y que, al mismo tiempo, construya una sociedad más justa.
Miles de trabajadores y trabajadoras han fallecido en la construcción de los distintos estadios e infraestructuras en las que se celebrará la competición.
La pandemia ha producido una crisis sanitaria y social que debe ser reparada con inversión pública, gasto social y mejora de los servicios públicos.
El derecho a la vivienda digna, como precepto constitucional y derecho humano, debe ser garantizado para todas las personas de nuestro país.
Europa debe ser un lugar seguro para las de personas LGTBI que siguen sufriendo discriminación en diferentes ámbitos, especialmente en el empleo, porque los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos.
La pandemia no ha repercutido a todos por igual, sino que ha provocado el enriquecimiento de una minoría y el empobrecimiento severo de grandes capas de población vulnerable.
Reforzarnos para sobrevivir: Es imprescindible impulsar las industrias estratégicas.
Continúa la tragedia contra nuestros mayores en las residencias. Es necesario un mayor control y un incremento de la financiación pública en los centros que realizan un servicio público imprescindible para la sociedad.
Las plataformas digitales necesitan ser reguladas urgentemente; no podemos permitirnos perder más tiempo con bloqueos
El Ministerio de Trabajo prometió que la ‘Ley Rider’ que habrá de regular las plataformas digitales, estaría lista antes de acabar 2020. Bien, estamos a finales de enero, y la negociación entre los sindicatos, el Gobierno y la patronal lleva bloqueada más de dos meses, como pudimos comprobar en la reunión del pasado miércoles.