Los socialistas y la necesidad de una legislación estable sobre los alquileres

En ese contexto los socialistas siempre lucharon por ese objetivo de estabilidad, y prueba de ello es el análisis y la demanda que se formuló desde El Socialista en octubre de 1928 en este sentido, aunque, como veremos, también era muy realista y, al menos, trabajaron por que se aprobaran prórrogas de la legislación.

El periódico obrero recordaba en su número del 23 de octubre de ese año de 1928 que en un plazo relativamente corto la “débil y esquemática” legislación sobre los alquileres de las viviendas y establecimientos caducaría, es decir, el Decreto de 1920, que todas las veces que llegaba a su fin se renovaba y prorrogaba.

Precisamente, que el nuevo plazo estuviera a punto de cumplirse hacía ver en toda su magnitud el problema de la vivienda en España, que era cara y escasa.

En las periferias urbanas existía un enorme número de familias sin viviendas. Y los precios de la vivienda seguían siendo muy altos, así como los del alquiler de cuartos y lonjas. Había habido un aumento de las migraciones desde el ámbito rural y eso estaba empeorando el problema. Pero, además, se detectaba un aumento del derribo de viviendas modestas y medias para levantar edificaciones suntuosas con fines comerciales y de oficinas.

Para una solución eficiente hacia falta poner en marcha una legislación profunda que entrara a tratar los principales factores que intervenían en la materia, en la construcción de las casas, desde el poseedor de solares al constructor del edificio, además de los suministradores de los materiales de edificación.

Pero los socialistas consideraban que la situación en la que se vivía en España no parecía que posibilitaría que se contara con una legislación sobre la vivienda, conformándose con que fuera la mitad que eran la francesa o la italiana.

Ante eso, se limitaban a pedir que el decreto se renovase, aportando al mismo concesiones para el que consideraban esquilmado inquilino.

Caducada la vigencia del decreto y sin su renovación el inquilino quedaría indefenso ante la insaciable voracidad de los caseros españoles, unidos en potentes asociaciones de clase, desde donde defendían sus prerrogativas y podían hostigar a los inquilinos.

La creación, seguía opinando el diario, de comités paritarios de la vivienda y de una junta consultiva de la misma no podían considerarse un motivo legal para que no se prorrogase el decreto. Los comités no tenían la fuerza ejecutiva con obligatoriedad de un decreto, sino que su fuerza ejecutiva era decidida voluntariamente por las partes en litigio.

Los socialistas consideraban que siendo el hogar la base material donde la familia descansaba, y existiendo una clase que se empeñaba en extraer de la prestación de esta base un lucro injusto e inmoderado parecía equitativo que las víctimas de estos hechos se preparen para la defensa de sus intereses porque estaban defendiendo, por lo demás, los de la colectividad.

Por eso, había que, al menos, luchar para la prórroga del decreto porque,

“Hacer hogar, hacer casa, es hacer familia. Y hacer familia es hacer nación y Estado y sociedad”

Si, en cambio, se permitía que un grupo sacase provecho de forma abusiva de un servicio que debía ser municipal, estatal o social, era “hacer labor disolvente y negativa. Es, en fin, anarquizar, disociar, subvertir”

En la hemeroteca de El Obrero el amable lector podrá encontrar el trabajo sobre el Decreto Bugallal.