La amnistía. Punto final

SIGNIFICADO POLÍTICO DE LA LEY DE AMNISTÍA Y RESPUESTA HIPERBÓLICA DE LA DERECHA

La amnistía es un hecho político de indudable trascendencia, porque cierra la crisis que abrieron los amnistiados a lo largo de 2017. Es natural que muchos españoles se revuelvan al ver amnistiados a los que prepararon la rebelión que desembocó en el pseudo-referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la declaración de independencia del 27 del mismo mes. Pero quienes se rebelan contra la amnistía deberían tener en cuenta que la convocatoria de referéndum, la aprobación de las dos Leyes de separación de septiembre de 2017 y la declaración fueron posibles porque en el Parlamento de Cataluña había entonces una mayoría independentista. Dicho de otro modo, el plan de ruptura fue posible porque una mayoría de los ciudadanos de Cataluña había votado a los partidos independentistas. Más allá de las medidas de excepción en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que eran imprescindibles para cortar la deriva de secesión, lo que hacía falta era cambiar la tendencia política de los catalanes (expresada, además de en las elecciones, en las últimas Diadas) y ese cambio de tendencia sólo podía venir con medidas políticas, no manteniendo las de cuño represivo que ya cumplieron su función. El indulto, primero, y la amnistía, después, han desinflado el victimismo de los independentistas y ha orientado el comportamiento político hacia un debate que ya rebasa el monotema de la secesión. Por eso es positiva la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña porque, como expresa su nomen iuris, se dirige a normalizar Cataluña, para que sus ciudadanos se alejen del debate identitario y esencialista y vuelvan a orientar su comportamiento político a debatir los problemas del resto de la sociedad española, esto es, los servicios sociales, las libertades, la cultura, etcétera.

No faltará quien diga que la mayoría que apoya al Gobierno no hubiera aprobado la amnistía si el Presidente Sánchez no hubiera necesitado los votos de Junts y de Esquerra para alcanzar la investidura. Lo que es indudable es que, con o sin amnistía tal como se ha aprobado, el Gobierno de Sánchez habría diseñado políticas de normalización en Cataluña. Pero muchos de los que reprochan al Gobierno haber pactado la amnistía con Junts y con Esquerra lo dicen apoyándose en una mercancía averiada que el Partido Popular compró a un eminente jurista que en El País publicó un artículo falaz. Olvidando su pasado progresista, el eminente jurista restó legitimidad a la proposición de ley porque no estaba incluida en el programa electoral del PSOE en las elecciones de julio pasado. Y a partir de esta idea falaz y equivocada (como veremos ahora) el Partido Popular ha lanzado la consiga del “fraude político” con que ahora desautoriza la amnistía.

Hace falta desconocer la realidad política y constitucional (o esconderla en beneficio de ciertos fines políticos) para negar legitimidad parlamentaria a una decisión política porque no figura en el programa electoral de un partido. El sistema parlamentario se funda en la concurrencia de varios partidos en la concesión de su confianza a un determinado candidato. Y para recibir esa confianza, el candidato ha de ofrecer a los partidos un programa de gobierno, distinto del programa electoral y que está incluso previsto en el artículo 99.2 de la Constitución. Por eso no es lo mismo el programa electoral y el programa de gobierno, que tienen finalidades y contenidos distintos. De modo que el hecho de que la amnistía no estuviera prevista en el programa electoral del PSOE y sólo surgiera después, cuando este partido negoció la investidura con otros partidos, no le resta legitimidad ni la hace fraudulenta como repite Núñez Feijóo. Es un producto lógico del parlamentarismo.

Pero sí llama la atención la guerra declarada por el Partido Popular, aduciendo una inconstitucionalidad que no es cierta (como veremos más abajo). Se entiende la frustración de Núñez Feijóo por no ocupar La Moncloa, pero ello no puede llevar a la hipérbole, al catastrofismo y a hacernos creer que España se hunde porque se apruebe la amnistía. Sobre todo, cuando el propio Núñez Feijóo no hace ascos a pactar con Junts, como sabemos desde agosto del año pasado y confirmó en la entrevista en Antena 3TV el 3 de junio. ¿Qué confianza puede dar un político que con la mano derecha combate desaforadamente la amnistía y con la mano izquierda pacta en secreto con los beneficiados de esa misma amnistía?

Por eso, la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña es un paso para tranquilizar a los catalanes y para restar apoyos políticos al independentismo. Y así debería verlo la derecha si no estuviera frustrada por no haber alcanzado el Gobierno.

RESPUESTA FALAZ DE LOS ESBIRROS JURÍDICOS DE ESA DERECHA

El principal pretexto que aduce la derecha para anatemizar la amnistía es su presunta inconstitucionalidad. Es un argumento falaz, mentiroso. La Constitución no prohíbe las amnistías, aunque no las recoge, de la misma manera que no se prohíben los espárragos, aunque la Constitución no los contemple. No será tan inconstitucional cuando los partidos de derechas defienden, en cuanto pueden, amnistías fiscales o ¿acaso las amnistías fiscales son buenas porque benefician a los ricos defraudadores? La amnistía es una institución que atraviesa el constitucionalismo histórico español (y de otros países) destinada a resolver graves conflictos políticos. El Parlamento no tiene vedado adoptar medidas excepcionales de carácter penal y además una amnistía no quiebra la igualdad entre españoles (otro argumento falaz que gusta repetir Núñez Feijóo), porque si así fuera los indultos también romperían el principio de igualdad. Menos aún quebranta la separación de poderes porque, como se ve con el instituto del derecho de gracia, los indultos no corresponden al Poder Judicial, sino al Gobierno con la intervención formal del Jefe del Estado. Por eso, en el siglo XIX en algunos países, como España, existía un Ministerio de Gracia y Justicia, para resaltar que se trataba de una función propia del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial.

Con estas simples ideas, que todo jurista conoce, ¿cómo es posible que haya eclosionado una campaña fortísima de artículos en diarios y hasta de libros, que tiene como argumento principal la inconstitucionalidad de la amnistía? ¿Cómo es posible que juristas eminentes, algunos con pasado progresista, se hayan prestado a lo que a mi juicio es una operación deshonesta y hasta sucia? Porque es legítimo criticar la amnistía con argumentos políticos, pero no es honesto inventarse una inconstitucionalidad inexistente y hasta plasmarla en artículos de prensa, en revistas jurídicas e incluso en libros.

A este respecto querría recordar un hecho vergonzoso ocurrido en 2003. Cuando Bush, con la complicidad de Blair y de Aznar, estaba preparando la agresión estadounidense contra Irak, pudimos ver en los grandes diarios españoles (El País, ABC, El Mundo) una catarata de artículos de eminentes juristas, sociólogos, historiadores, que defendían el derecho de agresión de Estadios Unidos por el peligro cierto de armas de destrucción masiva. La comunidad académica e intelectual ha sido benévola con estos personajes que se prestaron a legitimar la destrucción de toda una nación y la muerte de miles de iraquíes y nadie les ha pedido que se disculpen. Ahora pasa lo mismo. Por convicción, por congraciarse con la derecha o por despecho, vemos que eminentes juristas se han prestado a una operación deshonesta porque una amnistía no es inconstitucional. Hoy, estos juristas, que se han inventado una Constitución inexistente al servicio de la derecha, son los sucesores de los Conde, Legaz, Fernández-Miranda y Fernández Carvajal, que legitimaron la dictadura de Franco.

REACCIÓN DE LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES

Es creíble la información que recoge El País acerca de una reunión entre el Partido Popular y Junts para hablar de una moción de censura contra el Presidente Sánchez, mientras los abogados de los dirigentes de Junts se quejan de que el Gobierno retrasa la publicación de la Ley orgánica… Lo que no sabemos es si en esa supuesta (pero posible) reunión los representantes del Partido Popular se comprometieron a convocar o a permitir la celebración de un referéndum de independencia, como ahora reclaman Junts y Esquerra. Porque el comportamiento de estos dos partidos no es que sea deshonesto, es que nos enseña que son dos partidos que carecen de toda fiabilidad. Al día siguiente de aprobarse la Ley orgánica, La Vanguardia, en dos artículos memorables de su director y de su antiguo director, reprocharon a Rufián y a Junts dar munición a la derecha por anunciar que su objetivo es el referéndum (Jordi Juan: “¿Recomenzar? ¿Qué?”, y Màrius Carol: “Apagar el fuego con gasolina”). No han entendido que la sociedad catalana está escapando de lo que pudo ser confrontación civil y que un referéndum hace revivir la ruptura de 2017. No son fiables y, además, no han entendido lo complejo que va a ser aplicar la amnistía… salvo que Junts lo pacte con el Partido Popular en la moción de censura.

LOS MEDIOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS QUE DEBE PONER EL ESTADO PARA APLICAR LA AMNISTÍA

El 2 de junio el director de El Mundo, Joaquín Manso, publicó un artículo con este título “La amnistía ante el Supremo: la hora de la verdad”. Es un artículo que confirma una sensación que se tiene hace tiempo de que la rama del Poder Judicial que está en rebelión contra el Gobierno va a hacer todo lo posible para impedir que la amnistía se pueda aplicar. Por un lado, presentarán cuestiones de inconstitucionalidad para que resuelva el Tribunal Constitucional, lo que conlleva el consiguiente retraso. Por otro lado, presentarán cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya circulan modelos para que los Magistrados no tengan que hacer mucho esfuerzo. Además en cada indulto buscarán las vueltas a la Ley.

Con estas expectativas, la renovación del Consejo General del Poder Judicial es imprescindible para la buena salud democrática del país. Sin un Consejo renovado y legítimo, la rebelión judicial puede ser incontrolable. Con un Consejo nuevo y con capacidad de sanción, ¿se hubiera atrevido un Magistrado a intentar imputar a la esposa del Presidente del Gobierno con tan débiles indicios? Con un Consejo que pudiera cubrir las vacantes que se van produciendo, la rebelión de una Sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo hubiera sido más difícil, porque habrían entrado Magistrados nuevos que no necesariamente estarían enfeudados a la APM ni querrían vengar viejos agravios. Por eso, es necesario que se presente pronto una proposición de ley que regule el Consejo en funciones y el modo de cubrir las vacantes.