La amnistía y la desnudez de los poderes del Estado

No solamente pertenecen a esferas y universos académicos y de formación distintas, sino que sustentan diferencias de organización pública y arquitectura ideológica muy manifiestas. De la relación entre ambos poderes depende la estabilidad del momento de desarrollo político. El auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la misma que enjuició los hechos centrales de octubre de 2017, con sus 61 folios debidamente paginados, aclara de entrada, en los llamados fundamentos de derecho, que “entre la voluntad política que anima una determinada reforma y los enunciados normativos mediante los que esa voluntad pretende llevarse a efecto ha de existir una coherencia precisa, exacta, que sea fiel reflejo del solvente manejo de las categorías conceptuales que son propias de la dogmática penal”.

El ponente del auto, Manuel Marchena, es decir, el impulsor y redactor del documento, no es otro que el presidente de la sala que condenó a los participantes en los acontecimientos de octubre de 2017, sobre quien han rebotado las peticiones de la ejecución de la amnistía, y en más de seis decenas de folios ha querido clarificar que hay notables diferencias en el entendimiento de la amnistía como medida de normalización de la crisis catalana de hace siete años. Sigue el ponente Marchena en el deletreo de la intención de quien juzga, “indagar la voluntad del legislador es, por consiguiente, indispensable y sirve de pauta hermenéutica de primer orden. Pero esa voluntad no puede imponerse, sin más, al desafío interpretativo, hasta el punto de que el juez no tenga que interpretar porque el legislador ya ha dicho bien claro lo que quiere. La función jurisdiccional no tiene como única y exclusiva referencia la voluntad del legislador”.

Desde aquí, en el prolegómeno del auto, existe una palmaria manifestación de pugna frontal con la mayoría que hizo posible que la amnistía prosperase en el parlamento. Quiere ello decir que está servida una batalla entre dos poderes del Estado en torno a una categoría como es la amnistía. Quien legisla es una suma de voluntades que sustenta un gobierno que ha elegido las medidas de gracia como manera de superar una etapa histórica de convulsión e inestabilidad. El auto, que representa la visión del primer tribunal del Estado, desnuda la confrontación con el ejecutivo y la mayoría que lo soporta, lo que dinamiza la participación de otros tribunales de revisión, como el Constitucional y en su caso la instancia europea de derecho comunitario. La interrelación de estos organismos judiciales con la adherencia de recursos, derechos de las partes y plazos, abre un escenario de demora que perjudica a los potenciales amnistiables y a las fuerzas que impulsaron la generosidad del perdón.

Frente a los damnificados, se encuentran los beneficiados por el parón en la ejecución de la indulgencia, es decir, la oposición en cualquiera de sus fórmulas, PP, Vox y derivados. La digestión mediática del choque de poderes inclina hacia unos u otros las editorializaciones y lo que se sirve es una colosal polarización en torno a la centralidad de la amnistía, clave de cimentación sobre la que se alumbró y creció el gobierno tras las elecciones de julio de 2023. Al calor de estos episodios se hace más comprensible la intransigencia con la que el Partido Popular ha gestionado sus demoras para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, sabedor de su control sobre nombramientos en vías judiciales de mucho brillo público. La debilidad matemática para hacer valer su fuerza en el Consejo General del Poder Judicial ha llevado al PP a la declaración de situación insoportable para ceder en la seguridad de que pierde mucha influencia a partir de ahora en la segmentación de miembros de la judicatura con orientación coincidentes con los modos y formas del principal partido de la oposición.

Aquel murmullo del año 2018 cuando el senador Ignacio Cosidó reveló en mensajes que postulaban al juez Marchena a la presidencia del CGPJ para así controlar “desde la puerta de atrás” han dejado de ser una confidencia para articular una certeza, que es la coincidencia de esta voz autorizada de la judicatura con la estrategia política del Partido Popular. Que naturalmente esa coincidencia es legítima pero que entrega a la sospecha todo tipo de cavilaciones. En esa línea de revelación de sinceridades, el diputado y dirigente popular Miguel Tellado se desahogó con la aureola del enterado al decir que esta semana iba a haber “noticias de tribunales”. Al menos un año es el tiempo que se descuenta para la obtención de la normalidad, bien en un sentido o en otro, se imponga la versión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el progreso de la amnistía o por el contrario sobre su desintegración en los caminos de recursos y autos. María Antonieta declama en su juicio final, según su narrador Stefan Zweig, “respondo al único juez verdadero y auténtico: la historia”.