Luis García Montero vs. la RAE: crónica de una guerra por la lengua

Sus declaraciones, pronunciadas en tono aparentemente reflexivo, no pasaron desapercibidas: sorprendieron al moderador del acto y provocaron “murmullos, risas e incluso algún aplauso” entre el público asistente, revelando públicamente una enemistad que hasta entonces solo se intuía en círculos literarios.

La reacción de la RAE fue casi inmediata y extraordinariamente severa. Ese mismo jueves, en su reunión plenaria semanal (con varios académicos conectados telemáticamente desde Perú por los preparativos del Congreso), la institución aprobó un comunicado unánime de repulsa hacia García Montero. En dicho texto, difundido pocas horas después, la Academia manifestó su “absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones” del director del Cervantes, calificándolas de “por completo desafortunadas e inoportunas”. La RAE llegó a considerar las palabras de García Montero como una “agresión” a su director y presidente, afirmando que ofenden tanto a la corporación madrileña como a la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que agrupa a las 23 academias del español en el mundo. Especial énfasis puso la Academia en lo inoportuno del ataque a tan solo unos días del Congreso internacional, “una cita fundamental para la cultura y la lengua españolas” que reuniría a centenares de académicos, escritores y expertos –incluido el rey Felipe VI en la inauguración del 15 de octubre–. Pese al tono duro, el comunicado finalizaba con un llamamiento a la calma: la RAE recordó sus “excelentes relaciones históricas” con el Instituto Cervantes y expresó su deseo de mantener una buena colaboración en el futuro.

Antecedentes de una relación tirante

La dureza del intercambio reveló a la luz pública tensiones acumuladas entre García Montero y Muñoz Machado. Luis García Montero (Granada, 66 años) es un reconocido poeta, catedrático de Literatura y figura de la cultura española contemporánea. Dirige el Instituto Cervantes desde 2018, nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 76 años), jurista y académico de número de la RAE, fue elegido por sus pares a finales de 2018 para encabezar la Academia. Desde un inicio sus trayectorias anunciaban estilos distintos: García Montero, de ideología progresista (él mismo se define como comunista), es un hombre de letras y ha incursionado en política; Muñoz Machado, sin militancia conocida, aportó un perfil técnico y empresarial para sanear las finanzas de la RAE tras años de penurias económicas.

De hecho, la elección de Muñoz Machado respondió en parte a su capacidad de gestión –“lidiar con importantes dificultades económicas” de la institución– y su mandato ha estado marcado por la obtención de patrocinio privado y un rescate estatal que equilibró las cuentas de la Academia. Como apuntaría después irónicamente el novelista Álvaro Pombo, “cuando Muñoz Machado entró hace ocho años en la Academia, la RAE estaba en números rojos; nos sacó de la ruina. ¿Cómo cree García Montero que se financia?”, subrayando que la vocación empresarial del jurista ha sido útil para la supervivencia de la institución.

Las fricciones personales entre ambos directores no son nuevas, aunque hasta ahora se habían mantenido en discreto segundo plano. Según fuentes del mundo académico, ya “pocos meses después” de la elección de Muñoz Machado tuvieron sus primeras discrepancias durante el VIII Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Córdoba (Argentina) en 2019. Tres años más tarde, en el IX Congreso (Cádiz, 2023), se repitió el choque: al concluir aquel encuentro, RAE y Cervantes ofrecieron ruedas de prensa separadas en las que reconocieron “momentos de tensión” mutuos a lo largo de la organización. Muñoz Machado habló entonces de algunas fricciones “que se habían ido resolviendo”, atribuyéndolas a diferencias de “formas de ser y personalidades” más que a conflictos institucionales. Por su parte, García Montero deslizó una crítica a la orientación excesivamente erudita del evento, sugiriendo que “lo conveniente sería una oferta más medida” ante tanto acto académico. Estas anécdotas ilustran un choque de estilos: el poeta granadino representa una aproximación más política y emocional a la cultura, mientras que el académico cordobés encarna un talante más técnico y gerencial. La “poca sintonía” era un secreto a voces, alimentada quizá por diferencias ideológicas (izquierda vs. conservadurismo) y por visiones distintas sobre cómo deben relacionarse las instituciones guardianas del idioma.

Otro punto de desencuentro de fondo ha sido la postura frente a cuestiones lingüísticas contemporáneas. García Montero se ha mostrado más abierto a la diversidad lingüística y al llamado lenguaje inclusivo, en contraste con la posición tradicional de la RAE. En el acto del jueves, aprovechó para recordar que el Instituto Cervantes “se siente vinculado con la diversidad de las lenguas del Estado”, criticando la “cerrazón” a reconocer la riqueza del plurilingüismo en España. Esta alusión velada apunta a debates recientes sobre el estatus de lenguas cooficiales (como el catalán, euskera o gallego) en foros internacionales, algo que el Cervantes promueve en sus centros mientras la RAE tiende a circunscribirse al español.

Asimismo, aunque García Montero no abraza las expresiones más radicales del lenguaje inclusivo –“no me gustan palabras como nosotres o humanes”, ha dicho en alguna ocasión–, sí defiende usar fórmulas no sexistas (“hablo de hombres y mujeres, de ciudadanos y ciudadanas”) y “estar a la altura del tiempo”. En cambio, la RAE se ha pronunciado repetidamente contra alterar las formas tradicionales por razones de género. Esta divergencia quedó patente el jueves: “Nadie debe decirles a los demás cómo tienen que hablar, sino mantener la unidad dentro del respeto a cada cual”, declaró García Montero en referencia a la labor normativa de la RAE. Horas más tarde, la Academia replicaba enfatizando “las diferencias cualitativas” entre su trabajo “de tanto mérito” y “cualquier otra institución” dedicada al español, un dardo sutil que reafirma la autoridad superior que la RAE se atribuye en materia de lengua.

Cabe señalar que, pese a su prestigio literario, Luis García Montero nunca ha formado parte de la RAE, ni ha intentado ingresar hasta donde se conoce. En el pasado su nombre sonó oficiosamente como posible candidato a una silla académica –honor que han tenido otros poetas de su generación–, pero su dedicación a la gestión cultural en el Cervantes y quizás sus posiciones ideológicas pudieron influir en que no se concretara ninguna candidatura. Paradójicamente, tras este choque público, las puertas de la Academia podrían haberse alejado aún más para él.

Reacciones en el mundo cultural y en las redes

El sonado enfrentamiento ha generado un aluvión de reacciones en las últimas horas, tanto en círculos académicos e institucionales como entre escritores y usuarios de redes sociales. La respuesta oficial de la RAE ya congregó el apoyo cerrado de los 46 académicos de número, cuyos portavoces no han escondido su estupor ante lo ocurrido. Según relató un importante miembro de la Docta Casa, la acción de García Montero “ha torpedeado el congreso, es inaudito”. El mismo académico, citado por el diario ABC, se mostraba asombrado de que el director del Cervantes cometiera “una torpeza diplomática como esta (...) en vísperas de un congreso tan importante para la imagen exterior de España”. Estas voces internas interpretan las críticas de García Montero como un acto contraproducente que pone en riesgo la cooperación en un evento internacional clave para la proyección del español.

También han surgido especulaciones sobre motivaciones políticas detrás de la polémica. Un gestor cultural consultado por ABC sugería que resulta “muy poco probable” que García Montero abriese un frente así sin algún respaldo político, señalando sus conocidos vínculos personales con líderes del gobierno saliente (el socialista Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz). Esta hipótesis apunta a la posibilidad de que el Cervantes –institución estatal dependiente del Ministerio de Exteriores– esté marcando distancias con la RAE en línea con la agenda de un sector del gobierno, quizá molesto con la Academia por su independencia o por cuestiones como la política lingüística. Sin embargo, no hay declaraciones oficiales del Ejecutivo al respecto, y el propio García Montero no ha insinuado obedecer más interés que el suyo personal y académico.

Entre escritores e intelectuales, las opiniones están divididas. Algunos colegas del ámbito literario han salido en defensa de Muñoz Machado. El citado Álvaro Pombo, premio Cervantes 2016, publicó un artículo muy crítico con García Montero, acusándole de “desahogo inexplicable” y recordando que la gestión de Muñoz Machado sacó a flote a la RAE en tiempos difíciles. Otros académicos de número –aunque sin declaraciones públicas directas– han dejado trascender su malestar por lo que perciben como un ataque injusto a una figura respetada: la RAE subrayó en su comunicado que su director “ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones” por los académicos y es “uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos” de España, con lo que muchos concuerdan.

No han faltado, sin embargo, voces que empatizan con la postura de García Montero. En círculos progresistas de la cultura hay quien aplaude que haya “hablado claro” sobre ciertas inercias de la RAE. En redes sociales, numerosos usuarios comentaron el asunto con pasión: unos respaldando al poeta por atreverse a cuestionar a una institución percibida a veces como elitista o anquilosada, y otros acusándolo de imprudente. En Twitter (X), algunos mensajes anónimos afirmaban que “García Montero dice en voz alta lo que muchos pensamos de la RAE”, destacando la falta de filólogos al mando y las posturas conservadoras de la Academia en temas como el lenguaje inclusivo. Por el contrario, otros tuiteros le reprochaban dañar la imagen de unidad del idioma español en el mundo, tildando sus palabras de irresponsables. Varios comentaristas recordaron además que el Cervantes y la RAE deberían trabajar de la mano, no rivalizar, especialmente frente a desafíos globales para el español. En Facebook e Instagram, el debate osciló entre memes sobre los “señores de la lengua peleándose” y reflexiones más serias acerca de quién debe liderar la política idiomática: ¿los académicos de trayectoria filológica o gestores con visión moderna? La polémica, en definitiva, trascendió el mundillo lingüístico e involucró a un público más amplio, prueba del simbolismo que ambas instituciones tienen en el imaginario colectivo.

Por parte del Instituto Cervantes, no ha habido un comunicado formal sobre el incidente (al menos hasta el momento de escribir este artículo). Fuentes cercanas señalaron a la prensa que el Cervantes prefiere no echar más leña al fuego y enfocarse en el Congreso de Arequipa, restando hierro al asunto. Incluso se reportó que desde el Ministerio de Exteriores se instó a rebajar la tensión institucional. Entretanto, Luis García Montero ha mantenido sus funciones como anfitrión del Congreso sin rectificar públicamente sus dichos iniciales. En declaraciones posteriores a algunos medios, el director del Cervantes defendió su franqueza como algo legítimo. “Hablar claro es un derecho democrático, no es tener la lengua suelta”, aseguró, matizando que la claridad no exime de la verdad ni del respeto. Con esta frase –difundida por la agencia Colpisa– García Montero vino a decir que su crítica buscaba ser constructiva y sincera, no un exabrupto. Reiteró que, a su juicio, existe “una ilusión democrática” en que instituciones como la RAE o el Cervantes comuniquen de forma transparente con la ciudadanía, y advirtió contra confundir la honestidad con la descortesía. Sus palabras sugieren que no se arrepiente de haber expresado su opinión, aunque lamenta que se haya interpretado como un ataque personal.

Argumentos enfrentados: filólogos vs. gestores

Del lado de García Montero, su principal queja es la falta de un filólogo al frente de la Real Academia. El poeta recordó con añoranza que él estaba acostumbrado a tratar en la RAE con “grandes filólogos y hombres de la cultura” como Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha o Darío Villanueva –todos ellos prestigiosos lingüistas que precedieron a Muñoz Machado en la dirección académica. En su opinión, haber puesto al mando a un experto en leyes dedicado también a la abogacía privada marca un distanciamiento personal e incluso una desviación de la naturaleza que, según él, debería tener la Academia. Este planteamiento entronca con una vieja discusión: ¿debe la RAE ser dirigida exclusivamente por lingüistas y literatos, o cabe un perfil gestor si las circunstancias lo requieren? García Montero aboga claramente por lo primero, temiendo quizá que la vertiente más comercial o empresarial comprometa la esencia cultural de la RAE.

Asimismo, García Montero cuestiona la visión centralista y normativa que percibe en la RAE bajo la dirección de Muñoz Machado. Sus alusiones a la “diversidad de las lenguas del Estado” y a la necesidad de “respetar a cada cual” al hablar implican una crítica a cierto purismo lingüístico que tradicionalmente se atribuye a la Academia. El director del Cervantes dejó caer que “nadie tiene derecho a ser el centro” en materia de lengua ni a dictar cómo hablan los demás. Esta frase, aunque diplomática, parece reprochar a la RAE cualquier tentación de imponerse como única autoridad, recordándole que comparte responsabilidad con otras entidades (el propio Cervantes, las academias americanas, etc.) y con la propia sociedad hablante. García Montero también ha insinuado desacuerdos en la organización del Congreso: cree que debería haber un equilibrio entre contenidos académicos y divulgativos, y que quizá la RAE tiende a academicismos excesivos. Por último, en cuanto al lenguaje inclusivo, si bien él no apoya las fórmulas más radicales (“nosotres”, “todes”), sí defiende un lenguaje no excluyente por género siempre que se haga con sentido común. Esta postura contrasta con la oposición frontal de la RAE a modificaciones gramaticales por razones ideológicas. En resumen, el sector afín a García Montero argumenta que la RAE debe modernizarse, abrirse a la pluralidad lingüística y recuperar un liderazgo más humanístico que mercantil.

Del lado de la Real Academia y sus defensores, los argumentos se centran en la legitimidad y los logros de Muñoz Machado, así como en la inconveniencia del reproche de García Montero. La RAE destaca que su director ha sido elegido “democráticamente” por los propios académicos en dos ocasiones (2018 y reelección en 2022), subrayando que no es un advenedizo impuesto desde fuera (en tácito contraste, García Montero sí fue designado directamente por el Gobierno para el Cervantes). Además, recuerdan que Muñoz Machado no solo es un experto jurista, sino “uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos” del país, ganador de premios nacionales de Ensayo e Historia. Es decir, aunque provenga del Derecho, posee credenciales intelectuales sobradas y sensibilidad cultural. Para la Academia, poner orden en las finanzas era una prioridad a finales de la década pasada, y Muñoz Machado cumplió con creces esa misión. Gracias a sus gestiones, la RAE obtuvo patrocinio de empresas, alianzas tecnológicas y mayores subvenciones públicas, solventando un déficit crónico. Sus partidarios argumentan que hacía falta “un experto en llevar negocios” para salvar a la institución, y que eso no implica descuidar la lengua, sino garantizar los medios para protegerla. De hecho, Muñoz Machado también ha impulsado proyectos lingüísticos durante su gestión (por ejemplo, la Plataforma del Español, informes sobre lenguaje claro, actualizaciones del diccionario en línea, etc.), combinando la administración con la labor académica.

Otro punto clave es la oportunidad y las formas del reclamo. Muchos critican a García Montero por airear estas diferencias públicamente y en un momento tan sensible. Consideran que sus declaraciones fueron “desafortunadas e inoportunas en la víspera” de un congreso internacional. Al exponer divisiones internas ante la opinión pública (y ante la comunidad hispanohablante global), habría enturbiado el ambiente y eclipsado los objetivos del Congreso. En otras palabras, pudo haber planteado sus críticas en privado o en otro contexto, pero al hacerlo como lo hizo, puso en riesgo la imagen de unidad que se quiere proyectar.

Algunos insinúan que el director del Cervantes actuó movido por celos institucionales o ansias de protagonismo. El Congreso de la Lengua es coorganizado por Cervantes, RAE y ASALE, pero tradicionalmente la RAE lleva el peso académico. En la edición anterior (Cádiz 2023), el Cervantes tuvo más protagonismo –incluyendo ponencias de ministros del Gobierno español, alineadas con la agenda política– y eso generó roces. Para esta edición de Arequipa, la RAE se anotó un tanto previo al Congreso organizando una Convención sobre Lenguaje Claro con la presencia de la presidenta de Perú. Es posible que desde el Cervantes esto se viera con resquemor. Así, desde el lado de la Academia se sugiere que García Montero habría reaccionado por rivalidad, lo cual explicaría el “cruce de sables” entre ambos antes del evento. En cualquier caso, quienes critican a García Montero sostienen que sus quejas carecen de fundamento práctico (pues la RAE bajo Muñoz Machado ha seguido trabajando en lexicografía, gramática y otras tareas propias) y que, aun si hubiera desacuerdos legítimos, debió anteponer la lealtad institucional y la diplomacia.

Implicaciones culturales y simbólicas

El choque entre el director del Instituto Cervantes y el de la Real Academia Española trasciende la anécdota personal y tiene implicaciones de calado para el mundo literario e institucional español. Para empezar, expone una falta de sintonía entre las dos principales entidades encargadas de velar por el idioma. Cervantes y RAE, creados en épocas muy distintas (1991 y 1713 respectivamente) pero llamadas a complementarse, aparecen ahora como polos en tensión. Esto podría dificultar la coordinación de políticas lingüísticas internacionales. No hay que olvidar que recientemente el Gobierno español encargó al Instituto Cervantes la coordinación de la promoción del español a nivel global, una función que tradicionalmente la RAE también ha querido liderar. Si las cúpulas de ambas entidades no liman asperezas, podrían duplicarse esfuerzos o, peor, enviar mensajes contradictorios sobre el idioma en foros internacionales. La unidad del español –ese ideal de caminar juntos los 500 millones de hispanohablantes– se vería simbólicamente resquebrajada si sus guardianes oficiales se muestran divididos.

La controversia también refleja el debate entre tradición y cambio en las instituciones culturales. Por un lado, la RAE encarna la continuidad histórica, el prestigio acumulado de siglos y cierto conservadurismo lingüístico (como su rechazo a reformas radicales del lenguaje). Por otro, el Cervantes simboliza una visión más moderna, global e inclusiva, abierta a la diversidad idiomática dentro del español y a la coexistencia con otras lenguas. El enfrentamiento entre García Montero y Muñoz Machado pone de manifiesto esa dicotomía: filología vs. gestión, norma vs. uso vivo, centro vs. periferia.

En la sociedad española contemporánea, estos temas calan hondo. Por ejemplo, la cuestión de reconocer las lenguas cooficiales en la Unión Europea o de aceptar nuevas sensibilidades en el habla (género, neologismos) son debates culturales candentes. El hecho de que dos personalidades al frente de instituciones señeras discrepen públicamente al respecto tiene un peso simbólico: evidencia que ni siquiera en la élite cultural hay un consenso unánime sobre cómo abordar dichos retos.

Otra implicación es la posible politización de la política lingüística. La RAE se precia de su autonomía frente a los gobiernos, mientras que el Cervantes, al depender del Ejecutivo, inevitablemente refleja en cierta medida las prioridades del gobierno de turno. García Montero fue nombrado en el contexto de un gobierno socialista y cercano a Unidas Podemos, fuerzas políticas que han abogado por mayor reconocimiento del plurilingüismo y una cultura más inclusiva. Muñoz Machado, aunque no es político, ha mantenido una postura institucional más tradicional y ha reclamado en ocasiones mayor apoyo estatal pero sin alinearse con ninguna agenda partidista. Si este desencuentro se lee en clave política, podría influir en cómo futuros gobiernos traten a la RAE (por ejemplo, en financiación) o en quién suceda a García Montero en el Cervantes (recordemos que su cargo podría cambiar si cambia el signo del gobierno en España). Sería muy negativo que la lengua española, patrimonio común, se convirtiera en motivo de bandería política. Por eso muchos observadores piden encauzar pronto la reconciliación.

Finalmente, en términos simbólicos, este conflicto supone un cierto desgarro en el campo literario español. La imagen de unidad entre escritores, académicos y gestores culturales se ve afectada. Luis García Montero, además de gestor, es poeta laureado y figura respetada en la literatura hispana; Santiago Muñoz Machado, aunque jurista, también es escritor de ensayo e historiador. Que dos intelectuales de su talla se enfrenten públicamente deja un sabor agridulce. Algunos temen que esto genere bandos entre escritores e intelectuales –quienes simpatizan con García Montero versus quienes apoyan a la Academia–, reabriendo viejas heridas corporativas.

No obstante, también puede verse como una oportunidad de debate sano: las instituciones culturales no son monolitos intocables, y discutir su rumbo abiertamente puede servir para renovarlas. En palabras del propio García Montero, el idioma es “un territorio moral” y merece una discusión franca sobre cómo cuidarlo. Siempre que predominen el respeto y el propósito constructivo, esta crisis podría derivar en mejoras, ya sea aclarando los roles respectivos de RAE y Cervantes o impulsando colaboraciones más equilibradas entre ambas.

Por lo pronto, todas las miradas están puestas en Arequipa, donde en estos días convivirán bajo el mismo techo García Montero y Muñoz Machado en el Congreso de la Lengua. Ambos deberán demostrar si son capaces de anteponer la causa común del idioma a sus diferencias personales. Quizá el rey Felipe VI –que encabeza la delegación española– actúe de mediador informal en los corrillos, o tal vez la cordialidad protocolaria disimule la tensión latente.

Lo cierto es que pocas veces se había visto una “guerra lingüística” tan pública entre instituciones españolas. El desenlace de este desencuentro –ya sea una reconciliación, una fría coexistencia o un distanciamiento prolongado– sentará un precedente importante. En juego está no solo el buen desarrollo de un congreso internacional, sino la imagen de concordia cultural que España proyecta al mundo. Como reza el lema del Instituto Cervantes tomado de Antonio Machado, “el idioma español es la patria común” de millones de personas; cabe esperar que sus responsables estén a la altura de esa responsabilidad compartida, dejando atrás esta polémica y volviendo a remar en la misma dirección por el bien del idioma.