La excepción andaluza: del verdiblanco al fundido en negro

La llamada vía andaluza nunca fue únicamente un programa económico o una determinada forma de administrar los servicios públicos. Era, sobre todo, un relato. Andalucía aparecía como el lugar donde el PP había conseguido ocupar el centro político sin dejarse arrastrar por la lógica de la confrontación permanente. Mientras Madrid proyectaba la imagen de una derecha cada vez más polarizada, Moreno Bonilla cultivaba un perfil institucional, prudente y poco dado a los grandes gestos. Esa moderación terminó convirtiéndose en un activo nacional. Cada vez que Alberto Núñez Feijóo necesitaba demostrar que el Partido Popular podía ampliar su espacio electoral sin depender de la extrema derecha, el ejemplo andaluz acudía en su ayuda.

No era una ficción inventada por los analistas. El propio Moreno alimentó ese relato durante años. En el Parlamento andaluz rechazó reiteradamente los planteamientos de Vox sobre inmigración. Llegó a calificar de «disparate colosal» la vinculación entre inmigración y delincuencia, preguntó desde la tribuna si alguien pretendía insinuar que todos los extranjeros eran delincuentes y aseguró que nunca participaría en una cacería política contra los migrantes. También rechazó la denominada «prioridad nacional», calificándola de promesa ilegal, de simple eslogan populista y de engaño para los electores. Frente a ella reivindicaba la «prioridad andaluza», una expresión con la que pretendía subrayar que Andalucía debía construir su propio camino, al margen de los discursos identitarios que comenzaban a abrirse paso en otros lugares de España.

La política, sin embargo, tiene una antigua inclinación a poner a prueba las convicciones cuando los números no alcanzan. Las elecciones de 2026 modificaron la aritmética parlamentaria y la vía andaluza comenzó a parecerse menos a una convicción que a un lujo. El acuerdo firmado con Vox no constituye únicamente un pacto de investidura; supone la incorporación de la extrema derecha al Gobierno de la comunidad autónoma más poblada de España y, con ello, la desaparición de la última gran excepción territorial que el Partido Popular podía exhibir frente a quienes le reprochaban su creciente dependencia de Vox.

En democracia, pactar no constituye una anomalía. Europa está llena de gobiernos de coalición. Lo decisivo no es la existencia del acuerdo, sino su contenido y el precio político que se paga por alcanzarlo. En este caso, ese precio resulta particularmente elevado porque obliga al presidente andaluz a recorrer, en apenas unas semanas, el camino inverso al que había transitado durante siete años. Quien consideraba incomprensible la entrada de Vox en el Ejecutivo concede ahora a Manuel Gavira una vicepresidencia y una macroconsejería que reúne Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación. La combinación de competencias revela hasta qué punto la arquitectura del nuevo Gobierno responde antes a la necesidad de acomodar un socio político que a una lógica administrativa.

Hay un detalle aparentemente menor que ayuda a comprender el cambio de ciclo. Cuando Moreno Bonilla formó su primer gobierno en 2019 junto a Ciudadanos, el departamento que recibió Juan Marín incorporaba una palabra cargada de simbolismo: Regeneración. La derecha llegaba al Palacio de San Telmo después de casi cuatro décadas de gobiernos socialistas y quería presentarse como la fuerza llamada a limpiar las instituciones, modernizar la administración y abrir una etapa distinta. Siete años después, el concepto desaparece del organigrama y es sustituido por otro muy diferente: Desregulación. No es un simple cambio terminológico. Resume el desplazamiento de una derecha que entonces buscaba legitimarse mediante la regeneración institucional y que hoy encuentra su eje político en la reducción de normas, la revisión de consensos y la impugnación de políticas que hasta hace muy poco consideraba propias.

El documento firmado entre PP y Vox confirma esa evolución. La prioridad nacional desplaza definitivamente a la prioridad andaluza; se asume el lenguaje de Vox al hablar de «menas»; se plantea una auditoría específica del gasto relacionado con la inmigración, se endurece la gestión de los centros de menores, se revisan programas educativos como el de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, se anuncia una nueva Ley de Concordia que sustituirá a la legislación sobre memoria democrática y se abre la puerta a modificar la normativa andaluza sobre cambio climático, además de eliminar diversos impuestos ambientales. Cada una de esas propuestas puede ser defendida o criticada desde posiciones legítimas. Lo políticamente significativo no es tanto su contenido como el hecho de que muchas de ellas habían sido rechazadas expresamente por el propio Moreno Bonilla hasta fechas muy recientes.

Las hemerotecas suelen ser más pacientes que los dirigentes políticos. Conservan las palabras cuando las circunstancias invitan a olvidarlas. Por eso el principal problema del presidente andaluz no reside en haber pactado con Vox, sino en la velocidad con la que se han desdibujado las fronteras discursivas que él mismo había trazado. La política admite cambios de estrategia, rectificaciones e incluso giros ideológicos. Lo que erosiona la credibilidad es la sensación de que las convicciones se adaptan con excesiva facilidad a las necesidades del poder. En ese terreno, el contraste entre las declaraciones del Moreno Bonilla de hace apenas unos meses y el acuerdo suscrito resulta demasiado evidente para pasar inadvertido.

La repercusión de este pacto desborda, además, las fronteras andaluzas. Andalucía ocupa un lugar singular en la historia política española. Fue la comunidad que convirtió el autonomismo en un movimiento de masas tras el referéndum del 28 de febrero de 1980 y la que durante décadas articuló una forma de entender la política basada en grandes mayorías, amplios consensos y una identidad regional compatible con la integración europea. Incluso cuando el Partido Popular logró desalojar al PSOE del poder en 2019, procuró presentarse como heredero de esa tradición institucional, no como su ruptura. La llamada vía andaluza pretendía precisamente transmitir la idea de continuidad dentro del cambio.

Ese relato se desvanece con la entrada de Vox en el Gobierno. No porque Andalucía vaya a transformarse de un día para otro, ni porque el nuevo Ejecutivo vaya a aplicar íntegramente las ciento cincuenta medidas pactadas. La verdadera transformación es de naturaleza simbólica. Andalucía deja de ser la prueba de que el Partido Popular podía consolidar un proyecto de gobierno autónomo respecto a la extrema derecha. A partir de ahora, el mapa político español aparece mucho más homogéneo. Las diferencias entre los acuerdos alcanzados en Castilla y León, Aragón, Extremadura o Andalucía pasan a ser de grado, no de naturaleza.

Quizá esa sea la consecuencia más duradera del pacto. Durante años, Moreno Bonilla fue contemplado dentro de su partido como la demostración de que existía otra forma de crecer electoralmente. Mientras Isabel Díaz Ayuso representaba una derecha de confrontación permanente, él aparecía como el dirigente capaz de atraer al votante moderado desde la gestión, la serenidad y el diálogo institucional. Esa dualidad alimentó durante mucho tiempo el debate interno del Partido Popular. Hoy resulta mucho más difícil sostenerla. El presidente andaluz ha asegurado su continuidad al frente de la Junta, pero el modelo político que lo convirtió en referencia nacional ha perdido buena parte de su capacidad de diferenciación.

Conviene recordar que la historia política rara vez se escribe mediante rupturas espectaculares. Lo habitual es que cambie lentamente, a través de pequeñas renuncias que terminan modificando el paisaje. Andalucía no ha dejado de ser Andalucía por la firma de un acuerdo de gobierno, del mismo modo que San Telmo seguirá siendo la sede de la Junta con independencia del color político de quien lo habite. Lo que sí parece haber concluido es una determinada interpretación de la política andaluza: aquella que presentaba a esta comunidad como el territorio donde el Partido Popular podía ejercer el poder sin recorrer el mismo camino que en otros lugares de España.

Las legislaturas pasan, los pactos se renegocian y las mayorías cambian. Los relatos, en cambio, tardan mucho más en construirse y pueden desaparecer en apenas una tarde de negociaciones. La excepción andaluza no ha sido derrotada por las urnas. Ha quedado absorbida por una nueva lógica política en la que la estabilidad del gobierno ha prevalecido sobre la singularidad del proyecto. Quizá ese sea el verdadero significado de este acuerdo: no tanto el nacimiento de un nuevo Ejecutivo como el final de una forma de entender el lugar que Andalucía ocupaba en el tablero político español. --Moreno Bonilla, que hasta ahora enarbolaba la bandera blanca y verde, ha abierto paso a una época de azul oscuro casi negro.