Entre el efecto Feijóo y las réplicas de la coyuntura

Con ello se demuestra que en la política actual lo urgente es lo que manda, mientras que lo importante: las reformas fuertes o profundas que se necesitan, debido al simple paso del tiempo o a la necesidad de corregir injusticias sociales se aplazan. Ese parece ser el sino del primer gobierno de coalición de las izquierdas en democracia, pero también parece ser el destino de la política en general y de la gestión del conjunto de las administraciones autonómicas y locales, que en su mayoría ya encaran el último año previo a las elecciones con un mejor o peor balance de gestión pero sin apreciables avances programáticos. Algo que se produce en menor o mayor medida también más allá de nuestras fronteras.

Es verdad que el principal protagonista del acuerdo dentro del actual cogobierno fue el reparto de las carteras, y más en concreto de la atribución de la vicepresidencia del gobierno a Unidas Podemos, muy por delante de las líneas del programa de coalición que fueron negociadas y finalmente pactadas de forma apresurada. Más adelante, buena parte de ellas se han visto cuanto menos condicionadas si no aplazadas, y no precisamente como consecuencia de falta de iniciativa de la coalición ni tampoco de algunos de los desacuerdos que sobre sus contenidos se han producido dentro del gobierno. Por el contrario, las prioridades de la agenda legislativa pactadas se han visto relegadas como producto de las réplicas del terremoto en que se ha convertido la coyuntura: en primer lugar de la emergencia de la gestión sanitaria y social de la ya larga pandemia de la covid19, que todavía ahora rebrota en China, a la que se han sumado una cadena de calamidades de origen natural, entre las que destacan la tormenta filomena y el volcán de La Palma, y finalmente por las sanciones y las consecuencias económicas de la invasión y la guerra de Rusia contra Ucrania, que con el estrangulamiento de la cadena de suministros y la espiral inflacionista han modificado a la baja las primeras señales de recuperación económica, al cabo de los más de dos años de la pandemia. De la sociedad líquida y del riesgo de inicios de siglo, hemos pasado de forma apresurada a la sociedad eruptiva de la incertidumbre y de las catástrofes.

A todas estas inesperadas urgencias y emergencias se han añadido las dificultades que supone la articulación de una compleja y contradictoria mayoría de investidura, que sin embargo ha funcionado mejor de lo previsto con la aprobación hasta ahora de los dos presupuestos presentados y de decenas de reales decretos y de proyectos de ley, entre otros fundamentales los que estaban ligados a los fondos europeos como la reforma de las pensiones, aunque dentro de éstas algunas tan significativas como la gestión de los fondos de recuperación y la reforma laboral hayan estado a punto de fracasar debido a las diferencias con alguno de los grupos parlamentarios. Por otra parte, la mayoría de investidura, si bien se dividió en su momento con motivo de las prórrogas del estado de alarma, se ha recuperado después con motivo del apoyo a la convalidación de los decretos relativos a la contención de los precios de la energía eléctrica y todo apunta a que también respaldará la próxima ratificación de las medidas sobre la más reciente subida del IPC y el apoyo a los sectores más afectados a consecuencia de las medidas adoptadas por la UE ante la invasión de Ucrania, como son el transporte por carretera, el sector agrario o el pesquero, a consecuencia de la subida de los hidrocarburos. Aunque también, dentro de dicha mayoría e incluso dentro del gobierno, se mantengan aún desacuerdos sobre las leyes de memoria histórica, de seguridad ciudadana, de vivienda, de salud mental, junto a la ley de igualdad de trato o la ley trans..paralizando hasta ahora su aprobación definitiva, a las que se suman imprevistos como el supuesto espionaje de dirigentes políticos catalanes, todo ello con el riesgo añadido de dar una imagen constante de discrepancia y desencuentro, cuando la realidad ha sido bien distinta, al menos durante la primera mitad de la legislatura.

Sin embargo, si es que ha habido un reproche general de los ciudadanos hacia la forma predominante de hacer política, éste se centra en el incumplimiento de los compromisos programáticos adquiridos en las campañas electorales, aunque paradójicamente se cuenten con los dedos de la mano las reformas concretas que se hechan en falta, casi tanto como los votantes que han tenido la curiosidad de leer los dípticos que resumen los programas electorales, y mucho menos los textos completos, algo que sería casi sobrehumano, debido tanto a su redacción como a su extensión. Se trata pues tanto de política como de empatía. Son los mismos ciudadanos que al mismo tiempo le exigen a la gestión política la prioridad de la respuesta a la coyuntura y la agilidad ante los hechos sobrevenidos como la pandemia o las catástrofes naturales, si no una capacidad predictiva y preventiva (casi profética) para evitarlos o al menos para minimizarlos, todo ello junto a la crítica más dura a la confrontación partidista y a los obstáculos a la colaboración y la respuesta unitaria provocados por la misma. Una polarización que no asumen que ellos hayan podido allentar con su voto agitado por la indignación, aunque tenga causas justificadísimas en el permanente desplazamiento de la agenda política de las reformas necesarias. El asunto es la gestión populista irresponsable, a derecha e izquierda, de la indignación ciudadana. En este mismo sentido se explica la polarización política, social y territorial provocadas por la estrategia destructiva de la oposición conservadora al rebufo de la deslegitimación de la ultraderecha, que ha impedido la necesaria colaboración entre las administraciones y de éstas en el marco de los fondos europeos de recuperación para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

Esa ha sido precisamente la razón por la que la derecha se ha afanado en obstaculizar su aprobación y cuando esta era inevitable en devaluar sus contenidos ante la opinión pública. En particular frente a las medidas de cambio más significativas como los ERTES, el ingreso mínimo vital, la reforma de las pensiones, los fondos europeos y más recientemete la reforma laboral.

Porque sin lugar a dudas lo que mejor ha funcionado, a diferencia de la política partidista ha sido la que se encuentra fuera del parlamento pero es indispensable en democracia: el diálogo y la concertación con los agentes sociales, tanto a lo largo de los momentos críticos de la pandemia como en la negociación y el acuerdo de pensiones y en particular en el de la reforma laboral. Queda la duda de si las actuales dificultades para el acuerdo marco salarial serán una barrera infranqueable que impida conseguir el objetivo del pacto de rentas que permita equilibrar los beneficios y las cargas previsibles de las actuales dificultades económicas y del incremento de los precios para los sectores más frágiles y la mayoría de los trabajadores.

Con el derrocamiento de Pablo Casado, la coronación de Feijóo como nuevo presidente del PP y el blanqueamiento de su pacto fuerte con la ultraderecha, a la oposición le ha bastado con agitar el malestar por las consecuencias sociales de la pandemia y de la guerra, para recuperar sus espectativas electorales, mientras que al gobierno no le es suficiente con las medidas para reducir sus efectos y al tiempo para impedir la desmovilización del electorado progresista. En definitiva, que al igual que no es fácil obtener un balance de gestión favorable en plena tormenta de agitación populista y confrontación política, tampoco lo es el cumplimiento del conjunto de la ambiciosa agenda de cambios ni tampoco lograr su comprensión por parte de la sociedad. A la luz de la actual coyuntura, los partidos de gobierno tendrán que retomar la definición de sus prioridades legislativas, la relación dentro del gobierno y con la mayoría de investidura, pero sobre todo es urgente recuperar la relación con la sociedad organizada y mejorar sustancialmente la política de comunicación. Por su parte, la izquierda tiene que entender que su protagonismo político dependerá de su capacidad para aprobar en este contexto sometido a las urgencias y a los imprevistos, reformas fuertes siempre postergadas pero indispensables ya para cambiar la vida contidiana de las personas. Ojo a Francia y también aquí al debate sobre la fiscalidad que no es sino un debate sobre el Estado.