Al acabar el XXI congreso del Partido Popular emerge la tentación ditirámbica, es decir, como hace la prensa adicta de la derecha, ensalzar una operación política que, cuando menos, ofrece muchos puntos oscuros (“Un proyecto para la mayoría”, editorial de El Mundo, 7 de julio de 2025; “Feijóo asume su reto histórico”, editorial de ABC, 7 de julio de 2025), Hasta La Vanguardia, más distante, ha caído en la trampa de la benevolencia (“Feijóo y el reto de ganar el centro político”, editorial de La Vanguardia, 7 de julio de 2025). Pero lo cierto es que no hay razones para le benevolencia, pues en el congreso del partido conservador se han dicho y se han hecho cosas que deben preocupar, no ya a un progresista, sino simplemente a un demócrata. Por eso, es pertinente preguntarse qué pretendía realmente el presidente del Partido Popular al celebrarlo, pues llevaba tanto tiempo sin celebrar congresos que no parece que se lo haya convocado por cumplir una exigencia estatutaria. Núñez Feijóo buscaba algo más.

- Una sentencia para defender la Constitución frente a la la manipulación de las Derechas -

Según ha informado la prensa, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Diputados del Partido Popular frente a la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Sabemos su contenido en líneas generales desestimando el recurso de inconstitucionalidad de la derecha, pero la sentencia completa no ha aparecido en la página web del Tribunal Constitucional (la última aparecida en la web es del 26 de mayo) por lo que lo más oportuno, más que comentar jurídicamente un texto que no se ha hecho aún público, es enmarcar el recurso y atisbar los efectos políticos de la misma. Es verdad que en la prensa ya han aparecido artículos y hasta entrevistas de eminentes profesores de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo y de otras disciplinas jurídicas, dónde han pontificado y glosado una sentencia que sólo conocen de oídas. Pero eso no ha de extrañar porque, como comentaremos más abajo, en este tema el comportamiento ético de algunos eminentes juristas ha dejado mucho que desear. De modo que vamos a comentar la dimensión política del combate conservador contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, y sus previsibles efectos.

En la Historia política contemporánea se descubren con frecuencia operaciones destinadas a cambiar un Gobierno; operaciones que usan normalmente cauces legales, pero que comportan fines espurios. En la actualidad, España está experimentando una operación de este tipo cuyo origen se remonta a junio de 2018, cuando prosperó la moción de censura contra Mariano Rajoy, se perfeccionó durante el estado de alarma de 2020 e hizo definitiva eclosión tras las elecciones de julio de 2023, que Núñez Feijóo daba por ganadas. Desde que se formó el último Gobierno de Pedro Sánchez en otoño de 2023 la presión de las derechas, de sus aliados mediáticos y judiciales y de ciertos grupos sociales y económicos ha ido en aumento, aprovechando cualquiera de las circunstancias que habitualmente emergen en la vida política; y muy especialmente todas las que provocan las propias derechas y sus aliados mediáticos y judiciales.

La grave crisis política surgida de la aparente implicación de Santos Cerdán en las conversaciones grabadas por Koldo García ha vuelto a poner el debate político en la actualidad más acuciante. La primera e inmediata reacción del Presidente del Gobierno el pasado día 12, más la rueda de prensa del día 16, han ayudado a centrar el problema y el debate, pero el tema se prolongará durante más tiempo.

Respuesta: no lo sabe. Núñez Feijóo, sus cincuenta mil manifestantes y toda la derecha española, salvo excepciones, desconocen lo que es la democracia representativa. Sólo conocen y entienden la democracia orgánica que es la gran aportación de Franco al Derecho Constitucional.

El Presidente del Partido Popular ha convocado una manifestación contra el Gobierno. Es la sexta que convoca desde que preside el partido conservador, partido que ya practicó este tipo de oposición cuando lo presidía Mariano Rajoy. La idea de utilizar el derecho de manifestación, la ocupación de la calle, con el fin de derribar el Gobierno no deja de ser inquietante en una democracia asentada. Pero, además de la inquietud que provoca esta forma de hacer oposición, hay oros elementos inquietantes en el comportamiento del Partido Popular, como es el lenguaje que utiliza contra el Gobierno y los réditos políticos que este tipo de manobras aportan a Vox, que quizá sea, más que el propio Partido Popular, el principal beneficiario de la operación. Empecemos por el primero de estos dos puntos.

El aplazamiento en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea del debate sobre la reforma del Reglamento de Lenguas Oficiales para incluir como una de esas lenguas oficiales de la Unión el euskera, el catalán y el gallego es, más allá de sus efectos políticos inmediatos, una buena ocasión para reflexionar sobre fenómenos políticos internos y comunitarios que están aflorando últimamente. Porque detrás de este debate hay, por los menos, cuatro cuestiones que merecen comentarse: a) la europeización de la labor opositora del Partido Popular; b) la feroz oposición de las derechas españolas a todo gesto de reconocimiento identitario de las nacionalidades y regiones, salvo cuando precisan para gobernar el apoyo de los partidos nacionalistas; c) la entrada del Partido Popular en el universo ideológico de la extrema derecha; y d) la incoherencia de Junts en sus relaciones con el Gobierno y con el Partido Popular.

El mundo está atónito ante la imagen que intenta dar Donald Trump de pacificador de los grandes conflictos que asolan el Planeta y que están provocando miles de muertos y heridos y destruyendo países como Ucrania y Palestina. Los grandes éxitos de Trump todavía se tienen que extender a Sudán del Sur y al Congo, de modo que cuando el Presidente estadounidense acabe de pacificar el mundo, viviremos en una nueva Arcadia feliz, salvo que a continuación se le ocurra a Trump intervenir en Canadá, Groenlandia o Panamá, que todo puede ocurrir.

No hay semana en que no se difundan varias noticias sobre las actuaciones judiciales frente a Begoña Gómez, actuaciones que no tienen traza de acabar. Ha transcurrido un año entero de investigación judicial y de imputaciones a diestro y siniestro, pero el instructor no concluye el sumario ni archiva las denuncias. Al revés, sigue ampliando tanto las denuncias que formulan las acusaciones particulares de extrema derecha, como el arco de los acusados que se extiende hasta el infinito.

Terminábamos nuestro artículo de hace una semana señalando que en el de ésta íbamos a ver por qué el principio democrático que inspira la Constitución española exige la elección parlamentaria de todo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuál es la función primordial de ese órgano. Empecemos por el primer tema.

Comentábamos la pasada semana la frecuencia de las noticias judiciales, noticias siempre dirigidas contra el Gobierno. Era un comentario puntual al socaire de varias noticias que se habían producido los días anteriores, pero el tema de la posición, las funciones y los fines del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rebasa la anécdota y permite una reflexión de más profundidad. Esta reflexión nos ha de llevar inevitablemente a analizar el papel de los órganos constitucionales y a la economía general de lo que desde el siglo XVIII se denomina principio de separación de poderes. Empecemos por este principio para entender mejor la verdadera posición constitucional del CGPJ y, más en general, de los Consejos de la Magistratura.

En Portugal la Fiscalía ha iniciado una investigación sobre algunas compraventas de inmuebles del candidato socialista a presidir el Gobierno, Pedro Nuno Santos (El País, 18 de abril de 2025). Si recordamos el fiasco de la investigación sobre el Primer Ministro Antònio Costa y sus consecuencias, esta noticia debe preocupar a los progresistas portugueses. La anterior investigación de la Fiscalía, cuando Costa, sin tener que hacerlo, dimitió para evitar cualquier reproche, dio pie a una insólita disolución de un Parlamento donde los socialistas tenían mayoría absoluta y abrió una crisis que aún no ha acabado en Portugal.

Es difícil negar el acierto de la política del Gobierno español ante la agresión económico-estratégica del Ejecutivo de Estados Unidos. Primero fue una inmediata reunión con los interlocutores sociales para conocer los daños efectivos que la nueva política arancelaria anunciada por el Presidente Trump van a provocar en la economía española. En segundo lugar, la aprobación rápida del Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial. En tercer lugar, la visita del Presidente del Gobierno a China que, si bien acordada antes de la agresión arancelaria de Trump, ha sido muy útil como avanzadilla de la Unión Europea y, además, para mostrar al Ejecutivo estadounidense que los países europeos tienen recursos para hacer frente a los ataques económicos dispuestos por el Presidente Trump. Por último, para mostrar la capacidad de negociación que tiene el Gobierno español ante Estados Unidos, la entrevista del Ministro Cuerpo con el Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y con diversos empresarios.

La comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso el pasado 2 de abril fue un acto parlamentario interesante, porque Pedro Sánchez informó con precisión de la situación en que queda Europa entre los riesgos de agresión militar que pueden venir de Rusia y la agresión económica que ha iniciado el presidente de Estados Unidos. Fue un buen diagnóstico sobe el estado del mundo con análisis y propuestas. Sin embargo, ese discurso como instrumento de información y de análisis se perdió en la maraña de un debate parlamentario estéril. Entre la agresividad del Partido Popular, el trumpismo de Vox, la indecisión de Junts y el paleocomunismo de Podemos, pocos portavoces fueron capaces de situarse en la onda del Presidente Sánchez, que era la onda analítica de un problema creciente que está rompiendo paradigmas e ideas asentadas.

Tras unas declaraciones de la Ministra Portavoz del Gobierno sobre la inutilidad de remitir al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado cuando no tiene apoyo parlamentario para su aprobación, el Partido Popular y sus principales dirigentes han encontrado otro frente de deslegitimación del Gobierno, invocando una obligación constitucional y exigiendo que el Gobierno convoque elecciones si incumple esa supuesta obligación. Más abajo nos referiremos al contexto de crítica en que se sitúa la petición de Núñez Feijóo y de sus compañeros, pero ahora conviene examinar cuál es el alcance jurídico de la presentación o no presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y cuál es el significado político de la no presentación del mismo.

La comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Congreso para informar de los nuevos problemas de la política europea de Defensa es buena ocasión para reflexionar sobre los distintos elementos que hoy componen esa política. Singularmente, permite reflexionar sobre: a) la realidad de los riesgos militares que acechan hoy a Europa; b) la respuesta nacional; c) la convergencia de los partidos nacionales hacia una respuesta consensuada y la dificultad de hacer una política de Defensa y Seguridad cuando la oposición no desea colaborar; y d) los instrumentos constitucionales para aplicar esa política.

En un reciente artículo en este Digital (“La utilización espuria del Senado”, Sistema Digital, 13 de febrero de 2025) señalamos que el Partido Popular está utilizando el Senado con fines inconstitucionales, desbordando las funciones que corresponden a esta segunda Cámara. Cuando no gobierna, la derecha española acostumbra a manipular (hasta desfigurarlos) los órganos del Estado en su propio beneficio sin respeto al ordenamiento y, por ello, modificó el Reglamento del Senado amparándose en una interpretación propia de leguleyos de colmillo retorcido para retrasar unas pocas semanas (un mes y diez días) la aprobación de la proposición de ley de amnistía. Sólo el odio y la rabia explican una operación tan fútil que, en el mejor de los casos, retrasaría unos pocos días (sin impedirla) la aprobación de la proposición de ley, pero parece que el Partido Popular sólo entiende el papel de las moscas que en verano molestan al ganado, sin mayores resultados prácticos.

Tras el anuncio del Presidente del Gobierno de reunirse con los dirigentes de los grupos parlamentarios, excepto Vox, para analizar el aumento del gasto militar para hacer frente a la agresión rusa en Ucrania, el Presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, salió en defensa de Vox. El líder del principal partido de la derecha acusó al Presidente Sánchez de aplicar el apartheid al partido de la extrema derecha y, como siempre, lo hizo en Bruselas, que es el foro que utiliza el Partido Popular español para desprestigiar a su Gobierno y a su país. El dirigente de la derecha también quiere pedir al Gobierno algo a cambio de su apoyo, como veremos más abajo.

Cualquier demócrata o simplemente cualquier persona que tenga sentido de la dignidad humana se habrá escandalizado y revuelto ante la reunión televisada de Trump y su Vicepresidente Vance con el Presidente Zelensky. Pero lo que reflejara realmente esa reacción escandalizada va más allá de la humillación que hicieron Trump y su poco discreto mamporrero a Zelensky. Lo más grave es la dimensión estratégica que posee esta lamentable escena. Dimensión estratégica internacional, pero posiblemente con derivaciones de política interna en algunos países europeos.

Las elecciones alemanas del pasado día 23 han confirmado todos los sondeos que iban realizándose, es decir, triunfo moderado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU-CSU), ascenso notable de Alternativa para Alemania (AfD), hundimiento desastroso del Partido Socialdemócrata y relativo triunfo de la extrema izquierda de Die Linke. Antes de examinar las tres grandes cuestiones que se suscitan tras estas elecciones (esto es, el ascenso de la extrema derecha, el fracaso político de la socialdemocracia y las estrategias electorales equivocadas) conviene señalar que en el cleavage derecha-izquierda ni la derecha ha subido tanto (53,7% incluyendo a los liberales) ni la izquierda se ha hundido estrepitosamente (41,1% incluyendo a la extraña extrema izquierda del BSW). Lo nuevo es que Alternativa para Alemania crece tanto a costa de la Unión Demócrata Cristiana (y quizá en menor medida del Partido Socialdemócrata) y que el viejo voto socialdemócrata se diluye en todas las direcciones posibles.

Donald Trump vuelve a ser Presidente de Estados Unidos. Hace pocas semanas que lo es, pero ya tenemos suficiente información para calcular cómo va a ser su Presidencia. Con el discurso de toma de posesión, sus declaraciones previas y las Órdenes Ejecutivas que firmó en un lugar tan extravagante como un estadio, desde el minuto cero ya había suficiente información para prever algunas de sus actuaciones en su país y en el resto del mundo. Después vinieron, por este orden, la amenaza de expansión territorial (Groenlandia, Panamá, Canadá), la imposición de los expulsados a ciertos países (Méjico, Colombia, Venezuela), la guerra comercial con débiles pretextos, el intento de negociar el final de la agresión rusa a Ucrania sin contar con la Unión Europea y, por último, la provocadora intervención del Vicepresidente Vance poniendo en cuestión la democracia de los países comunitarios y apoyando a la extrema derecha europea.

Si Hans Kelsen escribió que la Jefatura del Estado es, en el Estado representativo, un órgano lógicamente innecesario, con mayor motivo podemos decirlo del Senado. Las segundas Cámaras nacieron en los inicios del liberalismo, en el siglo XIX, como órgano encargado de frenar a la Cámara popular más representativa. Tampoco esas primeras Cámaras eran un órgano plagado de extremistas, porque regía el sufragio censitario y muy pocas veces, en el continente europeo, estuvo vigente el sufragio universal durante el siglo XIX. Aun así, la alianza de la alta burguesía y la aristocracia intentó neutralizar una Cámara que podía ser más representativa y se creó el Senado con el fin de limitar las facultades de las primeras Cámaras que, no por casualidad, se llamaban ”bajas” frente a las “altas” que eran los Senados. Cuestión distinta, en la que no vamos a entrar ahora, es el bicameralismo de los Estados compuestos, que inició la Constitución estadounidense de 1787.

El próximo 6 de febrero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe aprobar una propuesta de reforma de su propio modo de elección. Todos los medios apuntan a que el acuerdo entre la derecha y la izquierda para ofrecer una propuesta que represente a todo el órgano se presenta muy difícil, por no decir imposible. El enfrentamiento entre los dos bandos del CGPJ es absoluto, pues la derecha quiere excluir al Parlamento de la elección, mientras la izquierda defiende la participación parlamentaria en la elección. El enfrentamiento es tan intenso, que la derecha ni siquiera acepta que se ofrezcan dos informes distintos. Nunca la derecha ha sido tolerante con las opiniones disidentes de la suya propia.

La democracia parlamentaria que es, salvo excepciones, la democracia propia del siglo XX (en el siglo XIX sólo hubo verdaderamente parlamentarismo en el Reino Unido y en Francia a partir de 1875) nunca ha sido un camino de rosas. Más bien ha sido un escenario político muy complejo a causa de un fenómeno que se dio en el siglo XX y sigue presente en el siglo XXI, el multipartidismo o, como variante, el bipartidismo imperfecto. El pluripartidismo puede ser polarizado o moderado, según la distancia que haya entre los dos extremos que permite, en el segundo caso, que puedan participar en el Gobierno varios partidos (véase, Josep María Vallès: Ciencia política. Una introducción, Barcelona, 2010, págs. 372-377). En el bipartidismo imperfecto no hay ningún partido con capacidad de gobernar por sí solo y tiene que apoyarse en otros partidos menores, bien mediante coaliciones, bien mediante apoyos parlamentarios (o las dos cosas a la vez, como ocurre en España).