De la deslegitimación electoral a la crisis institucional

La convocatoria urgente del pleno del Tribunal Constitucional y al día siguiente del Consejo Gral del Poder Judicial pone en evidencia una vez más la estrategia concertada de la derecha política y jurídica para evitar la aprobación de dicha ley, que no pretende otra cosa que la aplicación de la Constitución y de la legalidad para garantizar la renovación parcial del Tribunal Constitucional, frente al empecinamiento de la mayoría conservadora del CGPJ.

El antecedente de todo ello ha sido la catarata de sentencias de inconstitucionalidad, a instancias de la ultraderecha, contra el estado de alarma aplicado por el gobierno y el parlamento para hacer frente a la pandemia de la covid19, en una deriva negacionista disparatada y sin parangón en los tribunales de garantías de nuestro entorno democrático. Previamente, la confrontación había tenido lugar también entre el Consejo General del Poder Judicial y el parlamento como consecuencia de la aprobación de la limitación de sus competencias, en tanto en cuanto se encuentre en funciones, con el objetivo de impedir que se prolongue el monopolio del nombramiento de los altos cargos en los principales órganos judiciales por parte de la mayoría caducada de la derecha, tratando de favorecer con ello, después de cuatro años de bloqueo, la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Para eludir el mandato constitucional y legal de renovación, tanto en uno como en el otro caso, la derecha y la mayoría conservadora espuria en el seno del CGPJ y en el TC, ha utilizado todo tipo de excusas, desde la deslegitimación de la composición del gobierno, de sus apoyos e iniciativas parlamentarias, a las críticas de miembros del gobierno de las decisiones de los tribunales, pero sobre todo la deslegitimación de la fórmula legal de elección parlamentaria de los vocales de dicho Consejo aprobada y ratificada por el tribunal constitucional, para proponer la alternativa de un sistema corporativo en que los jueces sean los que elijan a los jueces para perpetuar su mayoría al margen de la voluntad popular.

En conclusión, se puede decir que el factor común y el desencadenante de ambas crisis institucionales es la estrategia concertada de bloqueo permanente por parte de la derecha política, jurídica y mediática a la renovación de los órganos constitucionales, y todo para mantener una mayoría conservadora por un plazo muy superior al que contempla la Constitución e impedir el reflejo de la nueva mayoría parlamentaria salida de las elecciones. Todo ello remite además al rechazo y la deslegitimación primero de la moción de censura y luego de las elecciones generales por parte de la derecha, pero sobre todo de la mayoría parlamentaria que apoyó la  investidura del gobierno y de la mayoria legislativa y presupuestaria lograda con los nacionalistas y en particular con los independentistas, como motivo fundamental de su deslegitimación.

Desde entonces, la política de la derecha y la ultraderecha ha sido la negativa al reconocimiento de la legitimidad del gobierno y de su mayoría parlamentaria, y como consecuencia de todas las leyes y decretos ley aprobados por el parlamento, y muy en particular de las iniciativas relacionadas el intento de desbloqueo de la renovación de las instituciones, así como con el diálogo y la mejora de las relaciones políticas con el Esquerra Republicana y el gobierno de la Generalitat frente a los rescoldos políticos y jurídicos del Procés. Siempre la deslegitimación.

Todo ello tiene que ver también con la negativa de la derecha a reconocer el fracaso de su gestión del Procés, tanto de la estrategia de guerra sucia como de la vía única de la judicialización penal y la represión para hacer frente al desafío independentista.

El cauce para la deslegitimación ha sido la utilización como último recurso del CGPJ y del Tribunal Constitucional y el mantenimiento de la mayoría conservadora como una suerte de poder patriótico duro por encima del resto de los poderes y en particular frente al gobierno y el parlamento considerados como poderes blandos del Estado a los que es necesario controlar. Por eso, el objetivo del actual gobierno de coalición progresista es doble, de un lado la renovación del Tribunal Constitucional con la designación de los candidatos del CGPJ y con ella el desbloqueo de los recientemente designados por el gobierno, y de otra parte la desjudicialización, de la despenalización desproporcionada de la cuestión catalana y de sus consecuencias para la convivencia, para favorecer la vuelta a primacía de la política como respuesta al independentismo catalán, pero con el reconocimiento en la práctica del delito y con ello del fracaso del Procés.

En definitiva, el dilema que tendrá que resolver la mayoría conservadora del TC en las próximas fechas es si volver a formar parte de la oposición política al gobierno de la mano de un núcleo conservador ya caducado, degradando con ello aún más si cabe lo que le resta de autoridad y de su mermado prestigio institucional o, por el contrario, dar una oportunidad a la reciente recuperación del talante de consenso constitucional, que nunca debió haberse abandonado, en el funcionamiento del órgano.

Porque es falso que nos encontremos ante un enfrentamiento entre los poderes del estado, ya que el poder judicial de instruir y juzgar no ha estado ni está en cuestión. Se trata, simple y llanamente, de una situación de secuestro de dos de los más importantes órganos constitucionales por parte de una derecha que se ha declarado en rebeldía frente a su obligada renovación.