La Constitución de 1931 reconoció un amplio abanico de derechos sociales. En el artículo 43, dentro del capítulo de “Familia, economía y cultura” se establecía que el Estado “prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño”. El artículo 46 decía: “La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección de la maternidad…” Estos dos artículos son claves, por tanto, en la historia del constitucionalismo español porque reconocían los derechos sociales en España por vez primera, obligando al Estado a que interviniese para su garantía y cumplimiento. En realidad, se estaba diseñando el primer Estado del Bienestar en nuestro país.

El considerable aumento de las huelgas en 1918 en toda España, iniciando un intenso período de inestabilidad, fue interpretado desde el poder político, económico y mediático como el intento subversivo del movimiento obrero para derribar el sistema político en un momento crítico en toda Europa. No olvidemos que la Gran Guerra estaba terminando, con el consiguiente derrumbe de imperios y monarquías, se había producido la Revolución Rusa, inspiradora del movimiento obrero en general, y la economía española se encontraba en una ya gravísima crisis, provocando situaciones de carestía y de hambre, y generando verdaderos motines, que recordaban los del pasado, por toda la geografía española, además de los propios conflictos laborales.

El Socialista quiso dejar constancia en sus páginas, especialmente, durante el año 1945, del testimonio del padecimiento de los socialistas en campos de concentración nazis y en la Francia ocupada. En abril de 1945 se publicó un artículo con el significativo título de “El Grupo Móvil de la UGT nos habla de sus desventuras durante la ocupación alemana”.

El 23 de noviembre de 1913 se constituía la Liga Española de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en Madrid. El estímulo para su creación había partido del hecho de que en ese mismo año en Barcelona se había constituido la organización bautizada con el nombre de Los Derechos del Hombre, para la que se había propuesto como presidente al doctor, catedrático y destacado masón Luis Simarro. Así pues, en aquel año se movieron los sectores librepensadores españoles, la masonería y distintos sectores sociales y políticos para que se pusieran en marcha dicha Liga, siguiendo la estela internacional iniciada en 1898 en Francia con la creación de la Liga de los Derechos del Hombre, nacida al calor de la intensa polémica suscitada a raíz del affaire Dreyfus.

Ramón Lamoneda Fernández publicó en El Socialista un artículo sobre los progresos del socialismo de Eibar, a comienzos de 1914 (nº 1689), que rescatamos en este trabajo con el fin de aportar más materiales para el conocimiento de una de las experiencias socialistas más intensas y peculiares no sólo en el País Vasco, sino en todo el socialismo español en las primeras décadas del siglo XX.

Esta pieza sería continuación de la anterior sobre las faltas de un masón y empleando la misma fuente histórica (los Estatutos de la Masonería Escocesa, traducidos por Tadeo C. Carvallo de la edición impresa de Nápoles de 1820, que se reprodujo en el libro de Andrés Cassard, Manual de la Masonería o sea el Tejador de los ritos antiguos escocés, francés y de adopción, que se publicó en castellano en Barcelona por Jarré Hermanos, en el año 1871). Ahora se trata estudiar el funcionamiento de la justicia masónica.

En la primavera de 1923, el secretario de Trabajo de la Administración norteamericana de Warren G. Harding, y que luego repitió, a la muerte del presidente, en la de Calvin Coolidge, ambas republicanas, James J. Davis, hioz unas declaraciones en contra de las largas jornadas de trabajo. Es interesante recordar dicha opinión porque la Administración Harding rompió, en gran medida, con el tradicional programa de los republicanos (Roosevelt y Taft), así como por el de los demócratas de Wilson, basados en el proteccionismo y los impuestos altos, por otra política no intervencionista y poco social, además de ser desarrollar muchas trabas hacia la inmigración.

Esta pieza pretende que realicemos una reflexión sobre el “delito masónico”, tomando como referencia una obra clásica del siglo XIX, los Estatutos de la Masonería Escocesa, traducidos por Tadeo C. Carvallo de la edición impresa de Nápoles de 1820, que se reprodujo en el libro de Andrés Cassard, Manual de la Masonería o sea el Tejador de los ritos antiguos escocés, francés y de adopción, que se publicó en castellano en Barcelona por Jarré Hermanos, en el año 1871, aunque también sabemos que de la traducción de los Estatutos Generales existe una edición en Caracas del año 1841. Carvallo fue presidente del Soberano Capítulo de Venezuela. Estos Estatutos Generales se basan, como confiesa el autor en el inicio de su obra, en los Estatutos escoceses publicados en Milán en 1806, aunque también habría consultado otras fuentes.

En otra ocasión nos hemos detenido en el análisis que hizo el Gobierno francés sobre las influencias positivas de la reforma de la jornada de ocho horas en los inicios de la época de entreguerras. Queremos seguir insistiendo sobre el asunto y también en Francia, a través de la investigación que partió del ministro de Trabajo, Monsieur Peyronnet, acerca de si el alcoholismo había decrecido o no entre la clase obrera del país vecino.

El siglo XVIII, con precedentes en el anterior, generó nuevos espacios de sociabilidad y especulación al calor de las luces, con ánimo de discutir, plantear, enseñar y también divertir con novedades científicas, artísticas, filosóficas, literarias, económicas, sociales y hasta políticas. Estaríamos ante el auge de las Academias, y Reales sociedades científicas o Económicas de Amigos del País, corporaciones más o menos vinculadas a los distintos poderes, por los que la tutela del despotismo ilustrado evitaba conflictos y cuestionamientos profundos del Antiguo Régimen. Pero, al menos, aunque fuera también a mayor gloria de unos monarcas, en teoría “filósofos”, se generaba un tráfico de conocimientos y experiencias.

El diputado socialista Andrés Saborit se interesó por la situación de los emigrantes españoles en el Congreso de los Diputados en el mes de junio de 1923.

En junio de 1923 tuvieron lugar elecciones a diputados provinciales. En la víspera, el sábado día 9 de junio, el periódico socialista hacía un llamamiento en su primera página a los apoderados e interventores del PSOE para que estuvieran alerta.

La Guerra Civil rusa siguió a la Revolución de Octubre gracias a la cual, por primera vez en la Historia, se había instalado en el poder a los bolcheviques. La guerra transcurrió entre 1918 y 1921, y se desplegó en diversos frentes, estallando cuando aún no se había terminado la participación rusa en la Gran Guerra ni se había firmado el Tratado de Brest-Litovsk. Se dio la circunstancia de que la Guerra Civil fue un conflicto en el que se produjeron numerosas injerencias de países extranjeros contrarios al triunfo del comunismo.

Rescatamos un artículo publicado en abril del año 1873 en La República, el periódico del republicanismo moderado de la tendencia de Emilio Castelar, titulado, “La República posible”. Algunas de las cuestiones que trataremos se repetirán, en otro contexto, en la Segunda República, y posteriormente, en especial las relacionadas con la concepción que los sectores políticos más conservadores españoles han tenido siempre sobre el sistema político republicano.

En el Pleno del Congreso de los Diputados del 28 de junio de 1978, debatiéndose el proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el diputado socialista por Segovia, Luis Solana, defendió una enmienda al artículo 16 del proyecto donde se solicitaba que se gravasen las viviendas que permaneciesen desocupadas más de diez meses al año, y pertenecieran a miembros de una unidad familiar que poseyera más de tres viviendas.

Los socialistas se convirtieron en una pieza clave en la llegada de la Segunda República, aunque en el proceso previo se reeditaran entre ellos los anteriores recelos hacia los republicanos y ya no tanto por la consideración de su carácter burgués, como por la constatación de sus divisiones y rencillas internas. En todo caso, fueron protagonistas del cambio los ministros Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, con profundos cambios sociolaborales, económicos y educativos. En este sentido, es muy destacable la labor de Largo al frente del Ministerio de Trabajo con una importante batería legal a favor del trabajo en distintos ámbitos. Por su parte, Julián Besteiro pasaría a presidir el Congreso de los Diputados, después de que el PSOE fuera el partido más votado en las elecciones de fines de junio de 1931 a Cortes Constituyentes. En el debate constitucional sería fundamental la labor de los diputados socialistas, como Luis Jiménez de Asúa, entre otros, y que imprimieron a la Constitución de 1931 un marcado carácter social, en el primer diseño de un futuro Estado del Bienestar.

Los socialistas volvieron a presentarse en las segundas elecciones generales con sufragio universal, las que se celebraron el 5 de marzo de 1893.

La Historia del PSOE es un poco la Historia de la España del último siglo y medio y no como testigo sino como protagonista por su presencia constante en plantear alternativas, en asumir responsabilidades en distintos momentos, así como por mantener la llama del progreso en los momentos de persecución, clandestinidad y exilio. No se puede entender nuestro país sin el concurso de los socialistas y las socialistas, ni tampoco nuestra Comunidad de Madrid, incluyendo sus ciudades y pueblos, sin la impronta dejada por su trabajo cerca de la ciudadanía, como parte integrante de la misma.

El 1 de febrero de 1891 se celebraron las primeras elecciones con sufragio universal después de la reforma promovida por los liberales de Sagasta y el PSOE se presentó a las mismas. Este artículo versa sobre el mensaje que el Comité Nacional del Partido Socialista dirigió a los trabajadores en vísperas de estos comicios, donde se resumía su programa, y se insistía mucho en presentar a los republicanos como enemigos de clase. Dicho manifiesto se firmó el 22 de enero, y se publicó en El Socialista el día 30 de enero.

Con este artículo terminamos la trilogía sobre los elogios fúnebres en este medio de El Obrero. Nos centramos en esta última parte en la aportación de Campomanes al particular.

En un anterior artículo en este mismo medio de El Obrero (22 de agosto de 2022) publicamos una visión general sobre el elogio fúnebre en la Historia. Hoy queremos seguir profundizando en relación con la época ilustrada.

Marcelino Martín González del Arco fue un destacado profesor y político socialista vinculado a Guadalajara. Nació en la localidad salmantina de Cespedosa de Tormes, en 1886. Estudió en Salamanca. Fue catedrático de Física y Química en el Instituto de Guadalajara, inspector de Segunda Enseñanza y director del Instituto Obrero de Madrid. Ingresó en la Agrupación socialista de Guadalajara en el año 1919, representándola en varios congresos del PSOE. Además dirigió “Avante”, el órgano de expresión de la Agrupación de Guadalajara.

En varias ocasiones los socialistas de Granada se quejaron del proceder administrativo del gobernador de la provincia en relación con la autorización de actos públicos de propaganda política o sindical. Para ello habían acudido al ministro de la gobernación.