Un usuario se viste en el baño, otros mantienen relaciones sexuales, un tercero muestra documentos bancarios… son algunas de las imágenes que las cámaras de las gafas de Meta habían captado sin su conocimiento. A principios de 2026, una investigación periodística sobre Sama, el subcontratista de Meta en Nairobi (Kenia), descubrió que los anotadores de datos encargados de entrenar la IA de esta tecnológica habían revisado vídeos de extrema intimidad.
Y es que las gafas Ray-Ban Meta, que han superado ya los siete millones de unidades vendidas en el mundo, afrontan denuncias en todo el mundo por el monitoreo ilegal a través de sus cámaras. Mientras, los relojes de Apple Watch Series 12 y Ultra 4 han empezado a comercializarse con herramientas de audio inteligente como Live Rewind (transcripción de los últimos 15 segundos) y Siri Recap (resúmenes continuos de conversaciones).
“Diseñados para la privacidad”
A diferencia de un teléfono inteligente, los nuevos dispositivos capturan datos de forma pasiva y sutil, con el supuesto objetivo de “optimizar la experiencia de usuario”. Y esto conlleva riesgos: la escucha pasiva y la transcripción de conversaciones pueden vulnerar las leyes de escuchas telefónicas que exigen el consentimiento de todas las partes.

El caso de Sama provocó que tanto la Oficina del Comisario de Información (ICO) del Reino Unido –organismo regulador independiente encargado de velar por la privacidad y los derechos de protección de datos de los ciudadanos– como la autoridad de protección de datos de Kenia hayan abierto investigaciones. En Estados Unidos, se ha presentado una demanda colectiva por publicidad engañosa contra Meta por promocionar el producto bajo el lema “diseñado para la privacidad”.
Además, el escándalo provocó que la compañía de Mark Zuckerberg cancelara el contrato con Sama –con el consecuente despido de más de 1 100 trabajadores–, aunque el daño reputacional ya estaba hecho. Los tribunales de Inglaterra y Gales han prohibido el uso de estas gafas y, al otro lado del charco, la policía de Nueva York y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE) las han calificado como una amenaza de contrainteligencia, tras detectar grabaciones no autorizadas en centros de detención.
En un intento de desligarse de la polémica, Apple afirma que sus dispositivos cuentan con una arquitectura de privacidad basada en procesamiento local y en servidores con nube privada, lo que garantiza, en teoría, que el audio no se almacene ni sea accesible para la empresa. ¿Pero hasta qué punto estamos seguros?
¿Qué supone todo esto para los usuarios?
Los avances tecnológicos en wearables inteligentes han supuesto una asimetría de derechos. Por un lado, el usuario disfruta de soporte cognitivo y recordatorios automáticos; por otro, las personas a su alrededor quedan expuestas a una recopilación de datos no consentida.
Saber que cualquier interacción social puede ser transcrita o analizada genera un efecto inhibidor sobre la espontaneidad, la libertad de expresión y la confianza interpersonal. En este escenario, la privacidad está dejando de ser un espacio intrínsecamente protegido para convertirse en una responsabilidad que los ciudadanos deben proteger activamente.
En la otra cara de la moneda, estos dispositivos pueden un valor social innegable. Por ejemplo, las funciones de reconocimiento de sonido en el Apple Watch pueden ayudar a personas con discapacidad auditiva al detectar sirenas o alarmas.
En este punto, el dilema no es la tecnología, sino su diseño y despliegue.
Hacia una solución ética y eficaz
Ante la preocupación social, la industria busca implementar sus propias soluciones, como las actualizaciones que ha lanzado Meta para deshabilitar la cámara cuando el LED de captura es manipulado o tapado, ya que esto haría que el interlocutor del usuario no pueda saber si está siendo grabado.
Sin embargo, son necesarios marcos regulatorios mas específicos. Un punto de partida para lograrlo podría estar en los trabajos del laboratorio de Tecnología de Control de Privacidad para IA en gafas inteligentes, de Masahiko Tsukamoto (Universidad de Kobe, Japón), que investiga en un modelo de gobernanza específico basado en:
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La estandarización internacional de luces, códigos de color y marcas físicas para identificar que el dispositivo analiza datos.
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Avisos digitales mediante balizas y mecanismos para que terceros transmitan señales automáticas de no captura.
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Procesamiento obligatorio en el dispositivo, cifrado inmediato y botones físicos de desconexión.
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Difuminado o mosaico automático en tiempo real mediante IA para proteger rostro e identidad de terceros.
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Desarrollo de políticas estrictas de minimización de datos, caducidad automática, transparencia algorítmica, auditorías independientes y regulaciones adaptadas, como el Reglamento de IA de la Unión Europea.
Por su parte, también la comunidad de desarrolladores explora soluciones, como la aplicación ZuckOff, que avisa en el móvil si alguien cercano con gafas inteligentes las lleva encendidas.
La convivencia en un mundo interconectado exige evitar que la comodidad individual choque con los derechos fundamentales del entorno social. Solo la confluencia de diseño, marcos regulatorios exigentes y ética comunitaria permitirá aprovechar mejor la tecnología sin convertir la vida cotidiana en una vigilancia permanente.![]()
Pavel Sidorenko Bautista, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.




