La Liga Nacional Laica elevó al Gobierno un escrito de protesta, y el PSOE protestó públicamente, ante lo que ambas organizaciones consideraban como abusos relacionados con las procesiones religiosas, un hecho que era relativamente frecuente en la España de Alfonso XIII. Nos referimos a las detenciones y multas impuestas a aquellos ciudadanos que no se descubrían en las calles al paso de las procesiones, algo que la Iglesia consideraba una falta de respeto, mientras que para la opinión pública progresista eran hechos contemplados como un ataque directo a la libertad de conciencia.

En principio, el naciente Estado liberal en el siglo XIX planteó desde la propia Constitución de 1812 que la educación era una competencia fundamental del Estado. En este mismo texto constitucional fue elevada a derecho, aunque luego no apareciera en las siguientes Constituciones decimonónicas. Para cumplir con la garantía del mismo había que construir un sistema educativo nacional, ya que, además, el liberalismo español era claramente centralista y buscaba la uniformidad educativa como uno de los pilares de la afirmación de la nación española frente a cualquier particularismo o concepción territorial distinta.

Los Gobiernos de concentración nacional, después de la triple crisis de 1917, supusieron el último intento de regeneración del régimen político español de la Restauración, pero llegaban en un momento en lo que solamente era viable ya la ruptura con el mismo. En principio, se pretendía que liberales y conservadores abandonasen sus enfrentamientos, tanto entre ellos como en el seno de sus formaciones que, en realidad, eran más intensos o virulentos. Además, se apostó por introducir en los engranajes del poder a la burguesía catalana, representada por una Lliga Regionalista que había protagonizado el fallido intento de profunda reforma política de la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona y que ahora veía con espanto el auge de la presión anarcosindicalista en Cataluña. Era la hora de participar en el Gobierno del Estado. Eran momentos en los que pesó más el alma burguesa que la catalanista.

La redistribución de la renta es uno de los principios básicos defendidos por la izquierda. En la actualidad se ha generado un debate sobre la necesidad de reformar algunos de los instrumentos que permiten esa redistribución como motor contra las desigualdades sociales frente a la dictadura del neoliberalismo. En este sentido, en estos días se ha dado a conocer un informe del Observatorio Social de la Caixa, titulado Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica”, de un grupo de expertos que plantea la necesidad de hacer cambios profundos en el sistema de protección social porque hay nuevas necesidades sociales y económicas, como la pobreza infantil, además de comprobar que el sistema fiscal, al menos el español, no genera mucha redistribución de la renta. Y aquí aparecería la renta mínima.

En la España del siglo XVIII, numerosos padres colocaban a algunos de sus hijos -a una edad muy temprana- en un taller, obrador o tienda para que aprendieran una profesión. Una vez finalizada su etapa de aprendizaje, pasaban a cobrar un sueldo de oficial, mientras ahorraban para lograr aspirar a ser maestros o sus propios dueños de un pequeño negocio.

En el proceso que desembocó en la proclamación de la Segunda República, la gestación y formulación del Pacto de San Sebastián constituye un hecho fundamental. En este artículo nos acercamos, de forma esquemática, a sus vicisitudes.