La reforma fiscal borbónica en Cataluña: el Real Catastro

Una vez que cayó Barcelona, el duque de Berwick creó la Superintendencia General que se hizo con las competencias y recursos de la Generalitat, del Baile General y del Maestre racional. En ese momento se pusieron en marcha unos impuestos nuevos, las denominadas “quincenadas”, que se pagaban cada quince días para sostener al ejército de ocupación, sin olvidar la obligación del alojamiento. También se impusieron contribuciones al estanco de la sal y del papel sellado.

A finales de 1715 se impuso el mencionado Catastro en Cataluña. De su gestión se encargó una Superintendencia General, que recogió todas las competencias fiscales propias que había tenido Cataluña.

Se estableció una cantidad que debía pagar Cataluña, que inicialmente era de un millón y medio de pesos anuales, aunque luego se rebajó un poco, hasta los novecientos mil pesos anuales, según una decisión de 1718. Hubo que imponerse porque la nueva situación no gustó nada en Cataluña, generando problemas, presiones, endeudamientos y hasta protestas, porque además, hubo otros impuestos y estaba el alojamiento de tropas, un asunto que siempre generaba tensión.

La cantidad salía de un nuevo sistema fiscal que grababa tres cuestiones. En primer lugar, estaban los bienes inmuebles y las rentas que no tenían relación con actividades profesionales, como los censos y censales. Eso era el denominado catastro real. Luego se grababan los ingresos de las actividades profesionales, pero ni la nobleza ni el clero debían pagar, así como algunas profesiones, remarcando que el sistema fiscal del Antiguo Régimen contaba siempre con privilegiados. Era el denominado catastro personal. Y, por fin, estaba el catastro, denominado ganancial, es decir el que afectaba a los rendimientos de mercaderes, comerciantes, notarios y los gremios con tienda.

Para muchos teóricos de la época el sistema no fue favorable porque se consideraba excesivo. Así lo manifestó el economista Jerónimo de Ustariz en 1724. Más tarde y más contundente en su crítica fue Joaquín Aguirre en el año 1759.

Desde el punto de vista de la historiografía se considera, en primer lugar, que fue un cambio fiscal notable. Algunos piensan que, a pesar de las exenciones establecidas, parecía justo que el anterior porque primaba más la contribución directa, un poco en la línea de la “taille” francesa, en la que se inspiraría. Pero, también es cierto que hubo abusos y eso generó los descontentos alusivos. En todo caso, cuando fue disminuyendo con el tiempo, el sistema no sólo fue más tolerado, sino que no parece que se convirtiera en un estorbo para el evidente desarrollo económico catalán del siglo XVIII. En vísperas de la Guerra de la Independencia había disminuido aproximadamente a una tercera parte de las primeras cantidades exigidas. En este sentido, interpretamos que las elevadas cifras de los primeros momentos se podrían considerar como una especie de castigo o represalia por no haber aceptado a Felipe V como rey. Pero no deja de haber historiadores que critican la visión más o menos favorable hacia el Catastro, al considerar que fue una imposición de signo absolutista.