¿Fue un fracaso el siglo XIX español? (VII)

En 1833, cuando estalla la primera contienda, lo que está en juego son dos visiones del mundo. Los liberales, como sabemos, quieren cambiar el absolutismo por un régimen parlamentario. La suya es la causa de la libertad. Lo que nos cuesta entender, en cambio, desde nuestra mentalidad del siglo XIX, son las razones de sus oponentes. Nada más fácil que imaginar que eran gente servil, tontos encantados de que los poderosos gobernaran por ellos. Sin embargo, como nos recuerda Daniel Aquillué en su síntesis sobre la España decimonónica, lo cierto es que, al mismo tiempo que defendían al rey absoluto, podían oponerse también a los privilegios feudales o a determinadas reformas del liberalismo que les perjudicaban, ya fuera en materia fiscal o en forma de reclutamiento obligatorio para el ejército.

Se ha dicho que el carlismo se oponía a la idea de nación. Este planteamiento parte de la premisa de que no puede existir nación sin soberanía nacional. Nos hallaríamos, por tanto, delante de una novedad decimonónica. Pero, si ese es el criterio… ¿Serían naciones la España franquista, la Polonia comunista o la Sudáfrica del apartheid? Es obvio que sí, aunque en ninguna de ellas la soberanía residiera en el pueblo. La nación y la soberanía nacional, por tanto, no tienen que coincidir necesariamente.

Como ha demostrado Antonio Manuel Moral Roncal en un luminoso artículo, los carlistas poseían su propia idea de nación, opuesta a la de los liberales. Como todos recordamos, España, según la Constitución de Cádiz, estaba formada por la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Para los carlistas, esta definición, basada en el criterio de ciudadanía, pecaba por demasiado abstracta. Tenía el defecto, a sus ojos, de ser aplicable a cualquier otro país con dominios en más de un continente. Ellos preferían un concepto de carácter identitario, que tuviera en cuenta elementos como la historia y la religión, en los que residiría la verdadera esencia nacional. Para los carlistas, un ente tan impreciso como el pueblo no podía ostentar la soberanía. Ésta debía quedar en manos de una persona concreta, el Rey, y en una institución, las Cortes tradicionales, que nada tenían que ver con un parlamento democrático. No obstante, el pueblo sí era la fuente última del poder, solo que en el momento mítico del pacto social lo había enajenado en favor del titular de la Corona. Esta cesión tendría carácter irreversible puesto que oponerse a la misma implicaría contrariar la voluntad divina.

Si los liberales tenían razón, España, como realidad nacional, se habría constituido en 1812. Desde una óptica carlista, este planteamiento era algo absurdo, inconcebible. La nación española existía desde mucho antes, puesto que los Reyes Católicos no habían reinado precisamente ayer, y no necesitaba una Carta Magna. Bastaba con tener presentes las leyes tradicionales que se remontaban al lejano pasado medieval.

El absolutismo, a partir de estas premisas, nunca podía ser sinónimo de arbitrariedad porque la autoridad real encontraba frenos en las costumbres o en los principios religiosos. De hecho, el primer pretendiente carlista inició su rebelión oponiéndose una decisión de su hermano Fernando VII, que había modificado la ley de sucesión para permitir que su hija Isabel fuera reina. Para un carlista, el monarca no tenía derecho a tomar una medida de semejante trascendencia sin el respaldo de las Cortes.

Moral Roncal tiene razón cuando describe el carlismo como una forma de nacionalismo español. Es un nacionalismo muy diferente al liberal, pero nacionalismo al fin y al cabo. El Rey, en su imaginario, tiene sentido en función de una determinada comunidad que no se puede dividir caprichosamente como si estuviéramos en la Edad Media. Eso era ya así en el Antiguo Régimen, antes de los vientos revolucionarios de 1789. Cuando se afirmaba que el Rey era propietario de los reinos que formaban España, en ningún momento se pretendía decir que pudiera repartirlos entre sus hijos.

Años después, tras la Revolución de 1868, los carlistas presentaran a su Carlos VII como la figura que podía remediar el “desastre nacional” que había desencadenado el destronamiento de Isabel II. Su propio lema, Dios, Patria y Rey, contiene una alusión a la idea de nación. España sería menos importante que Dios pero más importante que el monarca. Ser carlista venía a ser, desde esta cosmovisión, la única forma de ser un español auténtico. Se defendía así una visión excluyente de la nacionalidad que era compatible con la descentralización, dada la apuesta por los regímenes forales. El carlismo, en cierto sentido, no parece tanto una lucha contra la modernidad sino una defensa de una modernidad alternativa, sin los inconvenientes que para un tradicionalista originaban el liberalismo y la secularización.