Agitación y crisis en la Barcelona del final del reinado de Alfonso XIII. (I)

La neutralidad española en la Gran Guerra favoreció a la economía española, puesto que las necesidades de los contendientes estimularon la demanda de productos agrarios e industriales. Pero esta situación no fue tan favorable para los trabajadores, ya que la masiva exportación provocó un alza de precios y la carencia de productos básicos. El deterioro de la capacidad adquisitiva de los obreros generó una fuerte conflictividad social que afectó al sistema, como ya hemos visto para el caso de las mujeres de la propia Barcelona.

En 1913 regresaron los conservadores al poder de la mano de Eduardo Dato, provocando la escisión de los seguidores de Maura, los mauristas. Pero, también los liberales se dividieron en varios grupos, siguiendo a distintos líderes: conde de Romanones, García Prieto y Santiago Alba. Esta disgregación interna de los partidos dinásticos aumentó la inestabilidad. Se rompía así el turnismo. Los Gobiernos entre 1913 y 1917 fueron débiles, recurriéndose al cierre periódico de las Cortes, así como a la aprobación de decretos para poder gobernar al margen del parlamento. Esta situación contribuyó cada vez más al desprestigio del sistema. La oposición al mismo comenzó a exigir una reforma profunda en un sentido democrático.

En el verano de 1917 la situación estalló en una crisis múltiple: militar, política y social.

La crisis militar estuvo protagonizada por las Juntas de Defensa. El Ejército empezó a cuestionar el sistema interviniendo en la vida política. Entre los militares había surgido un gran malestar desde la derrota de 1898, acentuado por el auge de los regionalismos y las críticas a su funcionamiento y eficacia. Reaccionó con fuerza y consiguió la aprobación de la Ley de Jurisdicciones (1906). A la altura de 1916 el malestar había crecido ante los bajos salarios por la generalizada subida de precios y, especialmente, a causa de la política de ascensos que premiaba a los militares del Ejército de Marruecos, discriminando a los que servían en unidades peninsulares. Este malestar militar contra el Gobierno provocó la creación de dichas Juntas, especie de asociaciones sindicales que defendían los intereses económicos y profesionales del cuerpo. Presionaron al poder civil, que terminó por legalizarlas, acentuando la autonomía e injerencia militar en la vida política española.

Como respuesta al clima de inestabilidad y crisis, Dato decretó la censura de prensa y la suspensión de las garantías constitucionales y de las Cortes. Ante estas medidas autoritarias y en medio de grandes protestas, Cambó, dirigente de la Lliga Regionalista, convocó en Barcelona en julio una Asamblea de Parlamentarios, a la que asistieron parlamentarios republicanos, regionalistas, algunos liberales y Pablo Iglesias. Estos parlamentarios pretendían que se convocaran Cortes Constituyentes, la aplicación de un programa reformista y que se respetase la realidad plurinacional de España. Pero la heterogeneidad ideológica de la Asamblea y el rechazo de las Juntas de Defensa, que se situaron al lado del Gobierno, facilitaron la disolución de la Asamblea.

La tensa situación social favoreció el acercamiento de la CNT y la UGT en 1916, convocando con éxito una huelga general de 24 horas en diciembre. Cuando Dato regresó al poder en junio de 1917 no se vio comprometido con las promesas hechas, por lo que el movimiento obrero consideró la necesidad de llevar a cabo una huelga general, aunque los socialistas desde Madrid deseaban esperar a que se tuviera éxito frente a la actitud de la CNT de Barcelona de convocarla inmediatamente. El 19 de julio estalló una huelga ferroviaria en Valencia, y se desencadenó un proceso huelguístico, que arrastró a los socialistas a pesar de la cautela que pidió Pablo Iglesias, redactándose el manifiesto que incluimos. La movilización se extendió por Asturias, País Vasco, Madrid y Cataluña, pero no contó con el apoyo de los parlamentarios críticos, ni con el de las Juntas de Defensa. El propio Ejército se encargó de la represión con dureza de la huelga.

Dato volvió a formar gobierno y logró contener la crisis, gracias al apoyo del Ejército y de gran parte de los parlamentarios de la Asamblea, temerosos de la revolución social. Pero, realmente, la crisis había demostrado la incapacidad del sistema para ampliar sus bases sociales y democratizarse. La conflictividad social se agudizó en un contexto de crisis económica. La guerra de Marruecos agravó aún más la situación.

La agitación social fue protagonista de la historia de Barcelona hasta el golpe de Primo de Rivera en septiembre de 1923. En 1919 tuvo lugar la famosa huelga de la Canadiense, un conflicto social de gran importancia en la historia del movimiento obrero y en el proceso de descomposición final de la Monarquía de Alfonso XIII, por sus repercusiones nacionales.

Mientras se producía una crisis política permanente, España vivía una fuerte crisis económica al terminar la Gran Guerra, y que se puede resumir en los siguientes rasgos: contracción de la demanda con cierre de empresas, consiguiente aumento del paro y rebajas salariales. Esta situación provocó un aumento de la conflictividad social, en plena Revolución Rusa, ejemplo del triunfo del socialismo.

El descontento de los obreros fue dirigido por los sindicatos, en plena expansión: UGT y CNT. La acción sindical se intensificó en el campo, en las zonas industriales y las grandes ciudades. En Andalucía se produjo el conocido como trienio bolchevique, provocado por las condiciones de vida de los jornaleros. En Barcelona se concentró el mayor nivel de violencia entre los años 1919 y 1923, a causa de la fuerza de la CNT y la dura respuesta de los patronos. El gran conflicto de esta época fue la huelga de 1919 iniciada en la empresa La Canadiense a principios del mes de febrero. Esta compañía era conocida con este nombre porque el principal accionista de la Compañía era el Canadian Bank of Commerce of Toronto. Se dedicaba al suministro eléctrico de Barcelona. El conflicto surgió cuando los trabajadores decidieron organizarse sindicalmente, provocando la reacción del gerente de la empresa que intentó desunir a los obreros. El enfrentamiento se complicó con el despido de los que habían organizado el sindicato. Este hecho desencadenó una gran movilización interna, y los trabajadores se dirigieron al gobernador civil, que les prometió mediar si volvían al trabajo. Pero al regresar al puesto de trabajo se encontraron con la policía que les impidió entrar, produciéndose incidentes. El despido siguió adelante.

Estos hechos desencadenaron una reacción en cadena por la capital catalana. Los trabajadores acudieron a la CNT. Se formó un comité de huelga y se crearon las consabidas cajas de resistencia. El suministro eléctrico se vio seriamente comprometido y, al final la ciudad se paralizó durante 44 días, ya que sin electricidad era muy difícil que prosiguiera la producción industrial. Fue un éxito a pesar de la contundente intervención de las tropas y de la llegada de Martínez Anido.

Al final, por mediación del Gobierno se consiguió un acuerdo por el que se readmitía a los despedidos y se conseguía la jornada de ocho horas, aunque ni la patronal ni los militares estaban de acuerdo, que siempre apostaron por la línea dura. Ante la fuerza de la CNT y el acuerdo que estipulaba la readmisión de los obreros despedidos, la patronal recurrió al cierre empresarial y creó una milicia privada, el somatén, e incluso contrató a pistoleros a sueldo para asesinar a los dirigentes sindicales y se consiguió la ayuda de los Sindicatos Libres para enfrentarse a los dirigentes obreros. Los militares hasta se negaron a liberar a los detenidos. Los sindicalistas recurrieron, a su vez, a la violencia. Los sectores más radicales de la CNT se impusieron y decretaron la huelga general.