El carrancismo

Por su parte, Carranza era un hacendado conservador, aunque lo suficientemente hábil para saber de la necesidad de plantear reformas sociales, especialmente gracias a sus colaboradores más radicales, como Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, o Salvador Alvarado, entre otros. La base social del carrancismo se encontraba en la clase media.

El movimiento encabezado por Villa se radicaba en el norte, especialmente en Chihuahua y, aunque estaba vinculado al carrancismo, era más popular y muy autónomo. Francisco Villa había sido un antiguo bandido con conciencia social. El villismo terminó por aglutinar a otros bandidos y dirigentes agrarios, aunque su extensión a otros Estados terminó por dar un carácter más moderado al mismo. En todo caso, Villa decretó expropiaciones, aunque no repartió la tierra sino que la dejó bajo la autoridad del gobierno, como una forma de financiación de la revolución. Este proceder le creó problemas con Carranza.

Para lograr un acuerdo entre estos tres sectores se formó la Convención de Aguascalientes, pero nada se logró, por lo que estalló la guerra en julio de 1915. Carranza, con el apoyo militar de Obregón, luchó contra Villa y Zapata, aliados en este caso. Venció Carranza, haciéndose dueño del México central. Villa no pudo resistir y Zapata se refugió en Morelos hasta que fue capturado y asesinado en 1919. Villa terminaría siendo también derrotado.

Carranza tomó la decisión de que era el momento de institucionalizar el nuevo régimen, pero sin contar con huertistas, villistas, zapatistas y tampoco con numerosos militares. Así pues, el nuevo Congreso se formó con miembros de la clase media.

El Congreso redactó la Constitución de 1917 que introdujo importantes cambios, como la intervención del Estado en la economía y sociedad, inaugurando una nueva etapa del constitucionalismo mundial al superar el liberalismo clásico, planteando derechos sociales. La cuestión agraria aparecía en el texto constitucional con el fin de que se restituyesen las tierras injustamente expropiadas, estableciendo, por lo demás, el derecho de propiedad, pero supeditado al interés general. Además, se decretaba la jornada laboral de ocho horas durante seis días semanales, el establecimiento del salario mínimo y el principio de no discriminación de ningún tipo en relación con las remuneraciones. Los obreros y los patronos tendrían derecho a asociarse para la negociación colectiva, y se aprobó el derecho de huelga.