El absolutismo monárquico y el Decreto de Nueva Planta en Cataluña. II

En Barcelona debía haber veinticuatro regidores, cuya nominación se reservaba el rey, y en los demás lugares se nombrarían por la Audiencia, dando parte. Todos los demás oficios o cargos que antes había en el Principado quedaban suprimidos y extinguidos. Las materias de sus competencias pasarían a ser de la Audiencia sí eran cuestiones de justicia y gobierno, mientras que las hacendísticas correrían a cargo del intendente o de la persona que dispusiese el monarca. Se suprimían los somatenes y “juntas de gente armada” so pena de ser considerados sediciosos. Por fin, se derogaban las disposiciones de extranjería para el nombramiento de cargos, es decir, que se podrían nombrar para desempeñar responsabilidades a naturales de cualquier lugar de España, es decir, el rey estaba quitando el control político e institucional que habían tenido la nobleza y la burguesía catalanas.

La lengua castellana se impuso como lengua oficial. En el mismo año de 1716 el fiscal del Consejo de Castilla dio una instrucción específica a los corregidores en Cataluña para que se introdujera la lengua castellana, eso sí, intentando que las providencias que se dieran para conseguirlo fueran “templadas y disimuladas para que se contenga el efecto, sin que se note el cuidado”, es decir, a través de medidas que no parecieran imposiciones taxativas porque el propio monarca debía ser consciente de que había que ser cuidadoso en una materia muy sensible para los catalanes, pero sin renunciar a la imposición idiomática. El 23 de junio de 1768 el rey Carlos tercero publicó una Real Cédula en la que se establecía la obligatoriedad de la redacción en castellano de todas las sentencias emitidas por todos los tribunales seculares del reino, así como en todas las curias diocesanas, pero, además, se impone la lengua castellana en la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica, cuidando del cumplimiento de los dispuesto las audiencias y justicias respectivas, además de los diocesanos, universidades y superiores regulares.

El Decreto de Nueva Planta aplicado a Cataluña también tuvo una consecuencia fiscal de primera magnitud, siendo, seguramente la reforma más importante hasta ese momento de estas cuestiones en el Principado. Estamos hablando del Real Catastro, instituido en diciembre de 1715, siguiendo, en gran medida el modelo del Equivalente impuesto en Valencia y de la Única Contribución para el Reino de Aragón. Ahora todos los antiguos reinos y estados de la Corona de Aragón contribuirían en el conjunto de la Corona.

Tras la ocupación de Barcelona el duque de Berwick creó la Superintendencia General que acumuló todas las funciones y recursos en materia fiscal de las instituciones abolidas, es decir, de la Generalitat, el Baile General y el Maestre Racional. El nuevo organismo se dedicaría a gestionar los impuestos que se aplicaban y se iban a aplicar en Cataluña. En primer lugar, se establecieron las denominadas “quincenadas”, es decir, unos tributos que se debían pagar cada quince días para sostener a las tropas de ocupación, y que se sumaban a los alojamientos de los soldados en casas de los pueblos y ciudades de Cataluña, y que generaron no pocos abusos, como era tradicional en relación con estas cargas. También se impusieron los estancos de la sal y del papel sellado que era el oficial que debía usarse para todo tipo de contrato o documentación que se generase. Debemos recordar que los estancos eran monopolios estatales sobre la producción, distribución y venta de un bien, siendo, precisamente los de la sal y el papel sellado de los más importantes por los recursos que generaban.