Fincas urbanas incautadas, pago de alquileres y el Gobierno de Largo Caballero

El Gobierno dio un decreto el 27 de septiembre de 1936 por el que se declaraban nulas las incautaciones realizadas por entidades políticas o sindicales, y que, como bien sabemos, se habían multiplicado en el verano. Interpretamos esta decisión en la línea del intento de recuperación de cierta normalidad por parte de un ejecutivo que buscaba recuperar para las instituciones de la República las competencias, y restablecer un orden dentro de las especiales circunstancias que se estaban viviendo, después de una etapa de protagonismo de las organizaciones políticas y sindicales.

En consecuencia, los inquilinos debían de abstenerse de abonar recibo alguno de alquiler de sus casas, tiendas o pisos que se hubiera estando pasando si no eran de las Juntas de fincas urbanas incautadas, que eran las únicas entidades oficiales que podían llevar la administración de las casas incautadas.

Dichas Juntas debían formarse de forma inmediata. La de Madrid y su provincia, por ejemplo, se constituyó a los pocos días, presidida por el delegado provincial de Hacienda. Las Juntas debían publicar el domicilio de su sede y la forma de realizar los pagos de los alquileres. Todos los pagos que se hicieren a entidades políticas, sindicales o a los Comités de vecinos se considerarían nulos, algo que debían tener presentes los inquilinos para evitarse perjuicios.

Hacienda tuvo que insistir en esta cuestión en el mes de octubre, ordenando que lo alquileres correspondientes al mes de septiembre debían ser abonados a los administradores que lo venían siendo antes del 18 de julio pasado, o en su defecto a los porteros. Unos y otros deberían retener lo cobrado a disposición de la correspondiente Junta de fincas urbanas incautadas.

Hemos consultado los números 8257, 8260, 8264 de El Socialista.