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Intelectuales y Política, el legado de Manuel Azaña


(Tiempo de lectura: 6 - 11 minutos)

Se cumplen 80 años de la muerte del líder republicano alcalaíno

El octogésimo aniversario de la muerte de Manuel Azaña en el exilio francés de Montauban, el 3 de noviembre de 1940, nos permite evocar junto con su recuerdo, el vínculo entre los intelectuales y la Política en nuestro país. Vínculo sometido a profundos altibajos, desgraciadamente más bajos que altos, como la Historia de España nos muestra. Una evidencia explica los reiterados desencuentros habidos en torno a este nexo: los lenguajes en los que se expresan el pensamiento y la acción política son distintos. Se manifiestan en códigos expresivos diferentes. Tienen otra métrica. Sus ritmos son dispares. Se refieren a magnitudes heterogéneas. Pensar es una cosa y actuar es otra.

Partiremos de considerar que hay distintas clases de intelectuales en la Historia política de España. A grandes rasgos puede decirse que en su relación con el poder político, cabe dividir a los intelectuales entre los que idean la política, los que la critican y los que la deciden. Todos ellos cuentan con discursos propios. Suelen expresarse a través de la escritura, en ensayos, periódicos y libros, o bien mediante la oratoria, el debate, la conferencia o la tertulia. A veces, en ambos códigos, alternativamente. Lo que les singulariza a todos es que conciben su papel bajo el compromiso de saberse productores de Cultura, siempre desde la responsabilidad social de una contribución cultural conscientemente asumida. Todos los demás, los que carecen de este compromiso, no son intelectuales y pueden ser considerados como meros charlistas o charlatanes.

Ideadores, críticos, decisores

Los ideadores son los teóricos, aquellos intelectuales que proponen ideas o bien sistemas de ideas válidos para su aplicación en política. Son los pensadores propiamente dichos. Era el caso de reformistas como Joaquín Costa. El segundo grupo, el de los intelectuales críticos, está formado por aquellos que se enfrentan al poder mediante el arma de la impugnación, de la crítica, la denuncia y la disidencia. Ello les sitúa siempre extramuros del poder. El intelectual comunista Fernando Claudín podría ser su ejemplo contemporáneo. Y, por último, una tercera categoría de intelectuales son aquellos que se encuentran inmersos directamente en la escena política, aquellos que, dotados de poder por elección, deciden, mandan. Manuel Azaña sería en el siglo XX uno de sus principales exponentes, así como Nicolás Salmerón, Francesc Pi i Margall o Antonio Maura lo fueron en el siglo XIX. Es preciso decir que el tránsito entre pensadores, disidentes o decisores, puede ser muy fluido ya que la teoría, la crítica y la decisión son estadios que permiten su interconexión dado el dinámico fundamento de todos ellos en el discurso.

Según el contenido de sus discursos, el intelectual teórico, el crítico o el propiamente político pueden proponer respecto al poder -al orden social y económico vigente- ideas conservadoras o reaccionarias, caso de Manuel Fraga Iribarne, Gonzalo Fernández de la Mora, Ramiro de Maeztu o Donoso Cortés; ideas reformistas, como Lucas Mallada, Ángel Ganivet, José Ortega y Gasset, Juan Negrín o Manuel Azaña; o bien ideas revolucionarias, como el marxista Manuel Sacristán o el socialista Jaime Vera.

La casuística histórica puede resultar apabullante. ¿Fueron intelectuales los llamados arbitristas, aquellos autores de los Espejos de Príncipes, mentores de pautas dirigidas a los monarcas sobre el arte de gobernar, como Francisco de Quevedo? ¿Lo fueron los validos, aquellos notables investidos del favor real, que hacían y deshacían la política hispana por delegación regia hasta que, casi siempre, caían en desgracia? ¿Lo fueron Jovellanos, Ensenada, el conde-duque de Olivares y Cisneros, por ejemplo…? La respuesta es de difícil hechura pues entre los favoritos figuraron hombres puramente de acción, como el militar Manuel Godoy, y auténticos intelectuales, pensadores provistos de programas políticos propios, como los mentados ministros de Carlos III y Fernando VI, entre otros. Tal vez quepa establecer que muchos de los favoritos configuraron un tipo puro, aunque mixto, entre el intelectual y el político. Sin embargo, como la Historia muestra, todos ellos acabaron mal tras su paso por la escena: caídos en desgracia, depurados, exiliados…Pensemos en el propio Francisco de Quevedo o en nuestro hoy más cercano en el recuerdo, Manuel Azaña. Si así acabaron ambos, como tantos otros, su desgracia se debió a que los dos métodos que debían aplicar, el de la razón pensante y el de su ajuste a la acción política siempre llegan a un punto de antagonismo lógico inesquivable.

Así sucedería también con los casos enunciados sobre los intelectuales devenidos en políticos durante el siglo XIX, por ejemplo, Pi i Margall y Salmerón: la encrucijada insuperable sobreviene siempre que hace acto de presencia en la escena política la llamada razón de Estado. Esta debe entenderse como el conjunto de pautas de obligado cumplimiento que permite a un Estado mantenerse en el espacio geográfico y en el tiempo histórico, mediante un código de conducta estratégico, al que toda táctica política, gubernamental, ha de ajustarse. Cualquier desajuste entre táctica y estrategia, entre el corto y el largo plazos, lleva inexorablemente al fracaso de los actores políticos que en él incurren. Por eso la Razón de Estado se ve obligadamente sometida a sistematización constante, como suelen hacer los consejos áulicos que asesoran a los monarcas, los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas o los Servicios de Inteligencia, que la aplican por orden de los Gobiernos.

Antagonismos

El antagonismo surge porque la racionalidad estatal, esa pauta suprema de necesaria atención, poco tiene que ver con la lógica causal en sentido amplio, la que esgrimen y cultivan muchos intelectuales, ingenuamente alejados de una comprensión dialéctica de la historia y de las leyes de la propia política. Mucho menos aún tiene que ver la razón de Estado con el compromiso ético con la verdad que el intelectual contrae como pensador socialmente responsable. Las leyes del pensamiento, aplicadas a la política, demandan su obligada sujeción a las pautas de la ética. Porque la política es concebida, desde el pensamiento, como una conjunción entre la ambición y la moral, ya que ambas se refrenan mutuamente. Si la ecuación se escora y da la primacía a la moral, el régimen político propuesto por el intelectual se torna doctrinario, finalista, fundamentalista. Si, por el contrario, se inclina a primar la ambición, deviene en pragmático, a un paso del oportunismo. Ambos modelos, tarde o temprano, colapsan.

La lógica de la política exige, en demasiadas ocasiones, el olvido de la moral, incluso de la ley, porque la coexistencia o la pugna con otros poderes, por ejemplo, los de Estados rivales es en ocasiones de tanta virulencia, hay tantas fuerzas y variables en juego, que el poder se descarna de todo refreno moral. No es posible vencer un poder rival si no se genera un poder superior. Este es un axioma, una evidencia incuestionable, de la política. Y este empuje del poder sobre sí mismo salta por sobre cualquier tipo de consideración moral. Tal fue la enseñanza de Maquiavelo. Así es pues, el dilema de la política, el que ahuyenta de sus filas a la mayor parte de los intelectuales que, cuando acceden directamente a ella, suelen a la postre fracasar.

Otras consideraciones merecen ser tenidas en cuenta. A grandes rasgos, mientras el político se propone construir historia mediante su acción, a través de indagar en el juego entre sus causas y sus efectos, el intelectual trata de comprenderla, de establecer conexiones de significado entre los elementos que componen aquella. No es lo mismo hablar de causalidad que hacerlo de la significación; ni el describir un hecho es lo mismo que interpretarlo. Es en este punto, asimismo, donde aquellos dos lenguajes, el de la acción política y el del pensar, divergen tan ampliamente.

¿Hubo en España casos en que ambas condiciones, la del hombre de acción y la del pensador, se dieran sobre una misma persona y quepa hablar del auténtico intelectual político? ¿Es la figura de Azaña el caso paradigmático? Todos hemos asistido a las enormes descalificaciones vertidas contra el gran filósofo Platón por haber sugerido en sus escritos el gobierno de los sabios. Todos los males se achacaban a tal mixtura. Incluso se le atribuía el origen del totalitarismo. Por contra, hemos contemplado y contemplamos los terribles desmanes de aquellos políticos iletrados, desprovistos de formación intelectual: los tiranos y dictadores, fascistas o no, son el ejemplo paradigmático. Cierto que hay gentes sabias sin formación académica alguna. La sabiduría no es patrimonio de academia alguna. El campo, el agro, está lleno de exponentes de gentes sabias. También el mundo del trabajo industrial o comercial posee excelentes cabezas. Pero los sabios campesinos o proletarios no suelen acceder al poder en las sociedades contemporáneas, escindidas rígidamente en clases antagónicas, cuyos rangos dominantes les impiden tal acceso.

Difícil encaje

¿Es que hay acción sin pensamiento y pensamiento sin acción? No es posible. ¿Cómo encajar pues intelecto y política, una y otra dimensiones, para aprovechar lo mejor de cada una de ellas, la pensante y la actuante? Dada la especificidad del universo político, conviene tener presente que la armonía entre uno y otra, pensamiento y acción, exige un dificilísimo ajuste. La prudencia se aproxima a la mejor respuesta y cuando se consume la contención que esta virtud política implica, es preciso que quien gobierna, asuma la audacia como virtud alternativa. Pero para verificar este progreso desde la prudencia hasta la audacia, todo ha de atenerse siempre a las condiciones concretas en las que la acción política se desenvuelve. Y a la correlación de fuerzas en presencia. Estas dos son leyes propiamente pertenecientes a la lógica del poder. Las cosas no son como deben ser, sino como pueden ser. La resultante de tal alternancia será sin duda una fórmula que supere ambas dimensiones, al integrar el aserto afirmativo de la audacia con la negatividad contenida de la prudencia, confrontación que cristalizará, con certeza, en la decisión apropiada a cada momento, pues la política se mueve en el deslizante terreno de lo moviente, de lo concreto.

Acertar en política es decidir, de manera acorde con las coordenadas de espacio y tiempo donde la racionalidad estatal se desenvuelve, con la mirada puesta siempre en la mayoría social, a la que ha de rendirse cuentas de lo hecho y de lo omitido. Su criterio, el de la mayoría social, es el que guía siempre a buen puerto la acción política en democracia. En ocasiones, un líder político puede y suele tener más información que la mayoría a la que se debe y, evitando el seguidismo, ha de enfrentarse a la opinión mayoritaria para esgrimir sus argumentos. El gran Pericles tuvo el coraje de hacerlo en ocasiones cruciales de la vida ateniense. Pero sus ojos y sus oídos estaban siempre puestos en el Ágora, en la asamblea.

Por consiguiente, si la mentada ecuación armoniosa entre acción y pensamiento, entre audacia y prudencia se consigue, no será extraño que comprobemos cómo la ética aflora desde lo bien decidido, si se ha sido leal a la sociedad para la cual la política nació. Para lograrlo, el gobernante prudente y audaz, el que se guía por el pensamiento justo, cuenta y contará con un arma imprescindible: la razón. Mas no concebida ésta como un dogma esclavizante, sino como una llave que, desde el pensar, despeja el camino de la acción. Por este principio se guió nuestro hoy homenajeado Manuel Azaña. Mas una correlación de fuerzas totalmente adversa -tuvo enfrente nada más ni nada menos, que a la Corona, el caciquismo, el militarismo y el fascismo-, más una crisis financiera a escala internacional, así como la incomprensión de muchos de quienes le acompañaron y algunos evidentes errores propios, truncaron la aplicación de sus profundas convicciones y anularon las necesarias reformas que propuso. Todo ello le impidió asistir en vida al triunfo de su ideario. Hoy, sin embargo, podemos comprobar que muchas de sus ideas sobre la modernización del Ejército, sobre la democratización del Estado, la reforma agraria y el sistema cívico de libertades, aplicados según pautas racionales, se abrieron paso tras la densa tiniebla del franquismo y forman parte, ya, del irreversible acervo ideológico e institucional del que tod@s ahora disponemos.

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Central y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.


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