Amnistía

Las amnistías por delitos políticos se suelen emplear como un instrumento para hacer efectiva una reconciliación política y restablecer una normalidad institucional.

En los inicios de la España liberal las amnistías se otorgaban por la Corona a través de decretos firmados por el ministro de Gracia y Justicia. La Constitución de 1869 estableció un cambio importante porque si el monarca quería conceder una amnistía necesitaba que fuera aprobada por una ley específica. La Constitución de 1931 quitó al poder ejecutivo la competencia para amnistiar, ya que pasó al poder legislativo.

Aunque hay más casos en la Historia de España, las amnistías más destacadas son la que se dieron en 1976 y 1977 para políticos y sindicalistas perseguidos por la dictadura franquista, aunque no incluyeron algunos delitos de leyes franquistas no derogadas, y no se aplicó a los militares sancionados por pertenecer a la Unión Militar Democrática.

La amnistía ha sido cuestionada muchos años después por parte de gran parte del movimiento de la memoria histórica porque habría servido para proteger jurídicamente también a los miembros de las instituciones franquistas que habrían perseguido en distintas formas a ciudadanos y ciudadanas que habían combatido la dictadura, por lo que impediría juzgar los crímenes del franquismo. En todo caso, se ha generado una gran polémica porque otros sectores consideran que derogar La ley de Amnistía de 1977 sería terminar con el espíritu de reconciliación de la Transición.

Otra amnistía importante en la Historia contemporánea fue la que se produjo con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 en relación con los condenados por los hechos de la Revolución de octubre de 1934.

La Diputación Permanente de las Cortes aprobaba el 21 de febrero de 1936 la amnistía de todos los condenados por los sucesos de la Revolución de octubre de 1934, por propuesta de Azaña, y que constituía uno de los puntos más destacados del programa político del Frente Popular para las elecciones.