Argentina intenta detener un proyecto petrolero planificado cerca de las Islas Malvinas. El 13 de octubre, el gobierno solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), un tribunal con sede en Hamburgo que se ocupa de las disputas marítimas, que paralice el proyecto. Argentina alega que el Reino Unido aprobó la perforación sin su consentimiento y en violación de los derechos argentinos sobre el lecho marino.

El proyecto, denominado Sea Lion, es una empresa conjunta entre compañías británicas e israelíes, y ha recibido la licencia del gobierno de las Islas Malvinas para la producción de petróleo. El yacimiento Sea Lion contiene unas reservas estimadas de 1.700 millones de barriles de petróleo , de los cuales se calcula que 500 millones son recuperables.

Argentina inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido el 28 de septiembre y le dio a Londres 14 días para detener el proyecto. Dicho plazo venció el 12 de octubre. El gobierno argentino ha solicitado ahora al ITLOS que emita "medidas provisionales" —órdenes de emergencia para proteger los derechos de ambas partes o prevenir daños graves al medio ambiente marino—.

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, ha rechazado las pretensiones de Argentina e insiste en que el Reino Unido impugnará "enérgicamente" la jurisdicción.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) aplica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que rige el mar, no la tierra. Sin embargo, los derechos marítimos se derivan de la propiedad de la costa, lo que significa que quien controle las Islas Malvinas controlará el lecho marino —y el petróleo— que rodea las islas. Los tribunales creados en virtud de la convención no tienen potestad para determinar la propiedad de la tierra ni para dirimir disputas de soberanía .

Dado que los derechos marítimos emanan de la tierra, cualquier cuestión relativa al petróleo en la disputa entre Argentina y el Reino Unido se ha visto arrastrada a una discusión de casi dos siglos sobre quién es el propietario de las islas, como ya argumentamos mi colega y yo .

Propusimos establecer límites, recursos y protección ambiental sobre la base de la equidad, tal como Australia y Timor Oriental acordaron en 2018 compartir los ingresos procedentes del petróleo y el gas en el mar de Timor.

Lo que Argentina está pidiendo

La solicitud de Argentina pide al ITLOS que ordene al Reino Unido impedir que Sea Lion inicie la producción mientras dure el arbitraje. El gobierno argentino advierte que comenzar la extracción crearía un hecho consumado irreversible .

Para respaldar su argumento, Argentina se basa en una resolución de 2015 dictada en una disputa fronteriza marítima entre Ghana y Costa de Marfil . En ese caso, el tribunal permitió que continuaran las operaciones petroleras existentes de Ghana, pero prohibió nuevas perforaciones. Por lo tanto, la pregunta es si, dado que el desarrollo de Sea Lion está previsto que comience a principios de 2027, el proyecto podría paralizarse de la misma manera.

El tribunal también debe aceptar que los derechos en juego son «plausibles», es decir, que tienen una base jurídica creíble, aunque el caso completo aún no se haya juzgado. Para Costa de Marfil, esto fue sencillo. Nadie discutía que ambos países tenían litoral sobre el cual ejercían soberanía. La única controversia radicaba en dónde debía trazarse la frontera marítima entre ellos.

Para Argentina, la batalla es cuesta arriba. Insiste en que no busca un dictamen sobre soberanía, pero su petición se basa en los “derechos soberanos” sobre la plataforma continental. Es difícil determinar si esta es una reclamación plausible sin preguntarse quién es el propietario de las islas.

¿Un puente desde Crimea?

En abril, un tribunal que examinaba una disputa entre Ucrania y Rusia sobre los derechos costeros en el Mar Negro, cerca de la provincia ucraniana ocupada de Crimea, dictaminó que Rusia había violado el convenio en relación con el puente del estrecho de Kerch, que conecta Rusia con Crimea, junto con los cables eléctricos y gasoductos asociados. Ucrania había presentado la demanda en 2016 , dos años después de que Rusia anexionara Crimea, acusándola de usurpar los derechos de Ucrania en las aguas circundantes —desde plataformas petrolíferas hasta rutas marítimas— y exigiendo una indemnización.

El tribunal determinó que las evaluaciones ambientales de Rusia eran inadecuadas y no se habían publicado, y que el país no cooperó en la protección del medio ambiente marino.

¿Cómo pudo el tribunal afirmar todo esto sin decidir quién es el dueño de Crimea? Porque deberes como la evaluación del impacto ambiental se aplican a actividades bajo la “jurisdicción o control” de un Estado. Lo importante era que Rusia controlaba el puente, los cables y los gasoductos. La cuestión de quién es el dueño de Crimea podía posponerse.

¿Podría aplicarse el mismo razonamiento al caso de Sea Lion? El Reino Unido responde internacionalmente por las islas, y la convención exige que los Estados garanticen que las actividades bajo su jurisdicción o control no causen daños por contaminación a otros Estados. La solicitud de Argentina cita un plan de contingencia para derrames de Premier Oil, la antigua operadora de Sea Lion, que estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un reventón llegara a aguas argentinas después de 30 días. Un tribunal podría, sin necesidad de determinar la propiedad del petróleo, considerar si el Reino Unido evaluó y compartió dichos riesgos.

¿Debería Argentina mantener la esperanza?

El tribunal en relación con Crimea dictaminó que el laudo constituía una «declaración de reparación apropiada» . Esto significaba que su resolución formal y vinculante, que establecía que Rusia había infringido la ley, era la única solución. No se ordenó a Rusia que modificara su conducta ni que pagara una indemnización por sus infracciones medioambientales.

¿Qué posibilidades tiene Argentina de éxito si insiste en argumentar sobre el riesgo ambiental del proyecto? Son reales, pero la victoria, de producirse, podría no impedir que Sea Lion siga adelante, ni determinará la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Incluso una orden provisional que obligara al Reino Unido a evaluar y compartir con Argentina los riesgos ambientales del proyecto representaría una especie de victoria.

Y con las elecciones del próximo año en las que el presidente en funciones, Javier Milei, está teniendo dificultades , y dado lo mucho que la mayoría de los argentinos opinan sobre el tema , incluso una victoria modesta podría ayudar al presidente.

Cualquier orden de cooperación entre Argentina y el Reino Unido reuniría a Londres y Buenos Aires en la misma mesa de negociaciones sobre el caso León Marino. Un diálogo sobre los riesgos compartidos podría ser el primer paso hacia la puesta en común de los recursos.

Artículo publicado en The Conversation.