El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha registrado una proposición de ley “de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” que, a juicio de la reacción airada de sectores ultras en la política, las redes y la judicatura, tiene un fundamento muy acertado.

La dirigencia del PP ha salido en tromba a criticar la celebración de actos que conmemoran el fin de la dictadura franquista y la posterior recuperación de las libertades democráticas en España.

El año parlamentario se cierra con 25 leyes en el Boletín Oficial del Estado, impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Más de dos leyes por mes, incluyendo julio y agosto.

El liderazgo menguante de Feijóo se está convirtiendo en un problema para la sociedad española. Consciente de su incapacidad para generar apoyos propios, la dirección del PP ha decidido dedicar todos sus esfuerzos de oposición a la destrucción del adversario político, especialmente del Presidente del Gobierno de España.

Todo un exministro del Interior del Gobierno de España acaba de afirmar desde la tribuna del Senado que entre los científicos avanza “la verdad de la creación frente al relato de la evolución”.

Varios de los muchos invitados internacionales que han participado del 41 Congreso del PSOE han trasladado en estos días a los delegados españoles tanto su felicitación como su asombro. Felicitación por un Congreso exitoso, bien organizado, optimista, rico en ideas y propuestas, con claras expresiones de unidad y compromiso, con confianza en el futuro. Y asombro por las reacciones de la oposición y el seguimiento en buena parte de los medios de comunicación.

La política no sirve. Han de mandar los que saben mandar. ¿Y quiénes son los que saben mandar mejor? Los generales, claro.

Con motivo de la desgracia que ha acompañado a la última DANA, el populismo ultra ha divulgado la versión tramposa de una frase aparentemente positiva, por invitar a la acción solidaria y a la esperanza colectiva: solo el pueblo salva al pueblo, dicen.

El triunfo de la candidatura de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos celebradas el pasado 5 de noviembre tiene consecuencias que van más allá de la política doméstica en Norteamérica y que superan, incluso, las repercusiones más previsibles en términos económicos y geoestratégicos.

La sociedad española se ha movilizado en solidaridad con los miles de afectados por la DANA que ha asolado buena parte del levante español. Como sucede ante cada tragedia colectiva, la ciudadanía española, sus instituciones, sus profesionales, sus voluntarios, han reaccionado con empatía, generosidad y eficacia.

Las cosas que importan en el país van razonablemente bien. Los problemas seculares más graves están resueltos o reducidos a la mínima expresión. Las aspiraciones de la sociedad española para situarse entre las más prósperas y justas están justificadas. Compartimos los desafíos del presente y del futuro entre las naciones más avanzadas…

La estrategia de la derecha política y mediática consiste en deteriorar el escenario político hasta lograr que una parte importante de la ciudadanía se aleje con hastío y con asqueo, en la confianza de que su electorado siempre será más inmune a la toxicidad y más disciplinado ante la urna.

Cada vez que arrecia una necesidad social, surgen dos tipos de obstáculos para su atención debida. Primero, los que hacen negocio de la necesidad, en beneficio propio. Segundo, los que convierten la necesidad en instrumento político, para el beneficio propio también.

Ha sido una constante en los gobiernos derechistas a lo largo de la historia. Cuando llegan al poder, imponen recortes en derechos sociales a las clases medias y trabajadoras, al tiempo que aplican medidas represivas para limitar sus protestas.

La derecha política y mediática deriva sistemáticamente el debate sobre presupuestos y financiación pública al agravio y la confrontación territorial.

El Partido Popular se ha convertido en el principal problema de España.

El penúltimo bulo de Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ha causado estupefacción e hilaridad en buena parte del mundo. En esta ocasión, el candidato republicano ha denunciado falsamente que los inmigrantes favorecidos por su adversaria demócrata se dedican a comerse los perros y los gatos de las familias norteamericanas.

El debate sobre fiscalidad, es decir, sobre cúanto y a quién recaudar, sobre cuánto y a quién repartir, es un debate clave en la persecución del interés general. La financiación de las Comunidades Autónomas, que prestan la mayor parte de los servicios básicos, forma parte fundamental de aquel debate.

El populismo polarizador se ha convertido en la principal carcoma de las democracias del mundo, cada vez más en España también.

¿Alguien duda de por qué Begoña Gómez y David Sánchez están siendo perseguidos en medios, tribunas y tribunales? ¿Alguien duda de que tal persecución se debe a que son la esposa y el hermano del Presidente socialista del Gobierno? ¿Y que de no darse ese parentesco no estarían hoy sometidos a tal persecución?

La derecha del atajo populista, que ya es casi toda la derecha en España, prescinde desde hace tiempo de simular siquiera que cuenta con un proyecto de país con el que ganar la confianza de la ciudadanía. Tanto Feijóo como Abascal y los suyos decidieron hace tiempo centrarse tan solo en la destrucción del adversario mediante el juego sucio.

Por desgracia, es bien conocida en España la vieja práctica política de la derecha de buscar la destrucción personal de los adversarios y el desprestigio de las instituciones democráticas, cuando sus dirigentes no son capaces de ganar la confianza de la ciudadanía mediante sus ideas y propuestas.

La derecha española concibe la política tan solo como una carrera hacia el poder, y cuando el poder no aparece pronto llegan las ansiedades, desaparecen los escrúpulos y solo cabe la búsqueda del atajo a la meta, por las buenas o por las malas.

El Gobierno progresista de Pedro Sánchez es el Gobierno de los acuerdos, y el pacto alcanzado con el PP para renovar el órgano de gobierno del Poder Judicial lo confirma así.