Uno de los enigmas que oscurece la fatigante realidad política española se configura en torno a la pregunta de por qué motivo el Partido Popular ha tardado tanto tiempo en mantener a Carlos Mazón (Alicante, 1974) como president de la Generalitat levantina. Y ello, por el presumible desgaste electoral y de legitimidad moral que tal demora va a acarrear, sin duda, al partido de la gaviota azul y a ese barón regional del PP, alicantino, licenciado en Derecho, anteriormente dedicado a la canción moderna en el grupo musical Marengo, como bagaje curricular diferencial.

La dimisión de Mazón ha abierto un frente de dinamización política de primer orden al medir la correlación de fuerzas entre los depositarios del voto conservador y neo autoritario de PP y Vox, pero no puede opacar el envite no menos notable del juicio al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. En este proceso se dirimen las posiciones políticas del ejecutivo por entender que el fiscal general pudo cometer ilícito con la intención de perjudicar a un rival público, como podría ser el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso; y las de la propia primera mandataria de Madrid por darse por hecho que el presunto perjudicado por la supuesta revelación, la pareja de Ayuso, pudiera ser elegido en la desnudez de datos privados, no por azar, sino por la indagación interesada habida cuenta de la identificación del novio de la presidenta Ayuso, cuya credibilidad se vería resentida al convivir íntimamente con un delincuente fiscal, amén de desarrollar sus negocios objeto de la ilicitud en el ámbito sanitario durante la pandemia.

No deja de sorprenderme que haya una gran parte del electorado valenciano que siga confiando en el PP para el gobierno autonómico. No lo digo porque no crea que uno puede ser de derechas y, por supuesto, demócrata, ni pienso que deban elegir lo mismo que yo, pero es que toda la trayectoria de los gobiernos del PP en mi tierra ha estado salpicada de graves problemas que van desde la corrupción al nepotismo, la mala gestión, la privatización de servicios públicos, el desmantelamiento del bienestar y lo que ha sido ya la guinda de la indecencia: la mentira negligente e incompetente de Carlos Mazón.

En los últimos días dos acontecimientos de la actualidad africana han saltado al primer plano de la atención mediática internacional: la última matanza en la guerra interna (no civil como se dice inapropiadamente) en Sudán y la nueva posición en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el antiguo Sahara español. Se trata de dos asuntos de alcance diferente y de impacto emocional desigual, pero detrás de cada uno de ellos hay un horror evidente (en el caso de Sudán) o mucho más oculto (en el Sahara); en ambos, se manifiesta la indignidad de las grandes potencias por acción u omisión.

El mordaz periodista Henry Louis Mencken desconfiaba de los líderes políticos. En su Chrestomathy, una selección de sus mejores escritos sobre una variedad de temas (incluidos la política, la música, la religión y la lengua y cultura estadounidenses), Mencken retrató a los populistas como oradores indiscretos y audaces que, motivados por sus propias aspiraciones, disfrazan sus discursos con un espectáculo contaminado, en ocasiones, por el resentimiento: simplifican sus mensajes, alimentan prejuicios y popularizan estereotipos para conseguir halagos fáciles.

La comparecencia del Presidente Sánchez ante la llamada “Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que, directa o indirectamente, tengan relación con las actividades y contactos de las personas que forman parte de la trama investigada en la Operación Delorme” ha transcurrido como previmos en el anterior artículo (“La comparecencia del Presidente Sánchez ante la Comisión de Investigación del Senado”, Sistema Digital, 22 de octubre de 2025). Confieso a los lectores que cuesta mantener la serenidad ante un hecho tan grave y tan destructivo como han sido las intervenciones de los Senadores del Partido Popular, de Vox y de Unión del Pueblo Navarro, que comportan una grave actuación dirigida, no contra el Gobierno, contra su Presidencia o contra el PSOE, sino contra la democracia en este país.

Han pasado 17 años desde el estallido de la gran crisis de 2008 que provocó, junto a una precariedad laboral galopante, la reciente ola de emigración de jóvenes (y no tan jóvenes) españoles hacia destinos europeos como Francia, Reino Unido o Alemania. Este éxodo difícil de cuantificar quedó retratado en el documental En tierra extraña (2014), de Icíar Bollaín, en el que una generación de españoles puede verse retratada.

Sabemos cada día un poco más de lo que murió hace ahora 50 años. Pero conocemos algo menos lo que entonces nació: una esperanza de futuro para nuestro país, tan vapuleado en su historia social, económica y politica. Quienes entonces contábamos con 20 años, junto a generaciones precedentes, soñábamos con disfrutar, más temprano que tarde, de libertades y derechos que la dictadura nos negaba: casi todo lo posible estaba prohibido, desde la cama hasta la calle. Aquel régimen punitivo y castigador, que había interiorizado hasta los tuétanos la idea de venganza durante la posguerra, se había cerrado en banda a la hora de escuchar los anhelos que de las fábricas, las aulas y las calles, incluso desde algunos templos, ascendía. Su clamor coral surgía en demanda del oxigeno que la libertad otorga a los pueblos. Y España precisaba de libertad.