Para la ciudadanía de nuestro país, la vivienda se ha convertido en el principal problema por las crecientes dificultades para acceder a ella. La movilización del pasado 3 de octubre, con decenas de miles de personas en Madrid y protestas en numerosas ciudades, puso de manifiesto la dimensión del problema. El rechazo en el Congreso de los dos reales decretos-ley sobre vivienda y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, junto con la huelga general del 11 de noviembre, han situado la vivienda en el centro del debate político y social.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos reclama alquileres asequibles, contratos indefinidos, el fin de los desahucios y de las compras especulativas, así como un impuesto a la riqueza para financiar vivienda pública. El desahucio de Maricarmen, ejecutado el 23 de septiembre tras décadas viviendo en la misma casa, se ha convertido en uno de los símbolos de la protesta. Su fallecimiento el 7 de octubre pone rostro a un problema que afecta a miles de familias.
La convocatoria de huelga general del 11 de noviembre une al movimiento por la vivienda y a las organizaciones sindicales en torno a reivindicaciones laborales y sociales. Esta confluencia responde a la naturaleza sociopolítica del sindicalismo de clase, comprometido con la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras. Así, las reivindicaciones salariales y la defensa del poder adquisitivo se unen a la exigencia de alquileres asequibles y de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna.
No estamos ante un problema coyuntural. Según el INE, el precio de la vivienda aumentó un 84,6 % entre 2015 y 2025, con una subida interanual del 12,9 % al cierre de ese último año. En cambio, en ese periodo los salarios pactados en los convenios colectivos crecieron alrededor de un 27 %, mientras que el salario medio bruto anual aumentó un 27,85 % entre 2015 y 2024, al pasar de 23.106 a 29.540 euros. La vivienda se ha encarecido casi tres veces más que los salarios, lo que dificulta especialmente el acceso a los jóvenes y a los hogares con rentas medias y bajas.
La vivienda es un derecho reconocido por la Constitución y una condición fundamental para desarrollar un proyecto de vida autónomo. El artículo 47 establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Por su parte, el artículo 128 dispone que toda la riqueza del país, cualquiera que sea su titularidad, está subordinada al interés general. Ambos preceptos deben orientar las políticas públicas en materia de vivienda.
Los jóvenes encuentran cada vez más dificultades para emanciparse ante el encarecimiento de la vivienda. Esta situación afecta especialmente a los hogares de la clase trabajadora y agrava las desigualdades sociales. Quienes cuentan con patrimonio familiar o con la ayuda de sus padres tienen más facilidades para acceder a una vivienda, mientras que quienes dependen exclusivamente de sus salarios encuentran cada vez más obstáculos.
En los últimos años se han creado muchos más hogares que viviendas nuevas. Según las estimaciones del Banco de España, entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de unas 750.000 viviendas. Solo en 2025 se crearon alrededor de 225.000 hogares, mientras que se terminaron unas 92.000 viviendas nuevas. La falta de oferta es especialmente grave en las zonas donde se concentra el empleo y aumenta la población.
El acceso a la vivienda debe formar parte de las prioridades del Estado del bienestar, como ocurre en muchos países europeos. Mientras la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios sociales cuentan con sistemas públicos consolidados, España arrastra un déficit histórico de vivienda pública y social. Por eso hay que construir más vivienda, pero no de cualquier manera: es necesario ampliar de forma sostenida el parque público, social y cooperativo, impulsar el alquiler asequible, movilizar suelo público y rehabilitar viviendas.
No se deberían repetir los errores del pasado. La Ley del Suelo de 1998, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, generalizó la consideración de suelo urbanizable y, en un contexto de fuerte expansión del crédito y de la construcción, contribuyó al encarecimiento del suelo y de la vivienda y al proceso especulativo que desembocó en la burbuja inmobiliaria de 2008. La vivienda debe primar como bien social, no quedar reducida a un activo de inversión.
Facilitar suelo para construir vivienda asequible exige también la cooperación de todas las administraciones. La responsabilidad no es solo del Gobierno central. Las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de vivienda, mientras que los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en el urbanismo y la gestión del suelo. Las diferencias entre las políticas aplicadas y sus resultados obligan a examinar la actuación de cada administración y a exigir responsabilidades.
El rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso ha evidenciado la imposibilidad del Gobierno de PSOE y Sumar de sacar adelante estas medidas con la actual correlación de fuerzas parlamentarias. Los decretos buscaban reforzar la protección frente a los desahucios, regular los alquileres de temporada y mejorar la estabilidad de los contratos. Su rechazo impide avanzar en estas medidas para responder a las dificultades que miles de personas encuentran para acceder a una vivienda.
El primer decreto fue rechazado por 178 votos frente a 172. Votaron a favor PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, Compromís, Coalición Canaria y BNG, y en contra PP, Vox, Junts y UPN. El segundo obtuvo 166 votos a favor y 184 en contra: lo apoyaron PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, Compromís y BNG; lo rechazaron PP, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria. Desde 2019, PP, Vox y Junts han coincidido en el rechazo de ocho decretos-leyes relacionados con la vivienda. Los tres grupos también votaron en contra de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.
Ante la caída de los dos decretos sobre vivienda y la imposibilidad de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Gobierno ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar ambas medidas, con algunas modificaciones, para su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso. Los nuevos decretos contemplan avances para los inquilinos y los pequeños propietarios, al tiempo que limitan las actuaciones de los fondos de inversión y los grandes tenedores.
El repunte de la inflación vuelve a presionar las economías familiares. En septiembre de 2026, la subida salarial media pactada en convenio se situó en el 3,05 %, mientras que el indicador adelantado del IPC alcanzó el 4,9 %, según los datos provisionales. La guerra de Irán está encareciendo los combustibles y añade presión sobre los precios. Por ello, es necesario proteger los salarios, garantizar el poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional y revalorizar las pensiones con el IPC.
La huelga general de 24 horas del 11 de noviembre propuesta por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y convocada por UGT, CCOO, CGT, CNT, Co.bas, Confederación Intersindical, Solidaridad Obrera y Unión de Actores y Actrices. Cuenta también con el respaldo de ELA y LAB, en Euskadi, y de la CIG, en Galicia. CCOO y UGT incorporan a la movilización reivindicaciones laborales y económicas, como el desbloqueo de la negociación colectiva, las subidas salariales, la reducción de jornada, la mejora de la salud laboral, la lucha contra la precariedad y el control de los precios. También defienden las pensiones públicas y reclaman medidas para frenar la especulación con la vivienda.
Las movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda y la huelga general del 11 de noviembre reclaman respuestas políticas y económicas a los problemas sociales. Impulsar el pleno empleo, facilitar el acceso a una vivienda asequible, mejorar los salarios, defender los servicios públicos, reforzar la protección social y avanzar en igualdad requiere una mayoría parlamentaria progresista que asuma estos objetivos tras las elecciones del 29 de noviembre. El reto es frenar las políticas regresivas de la derecha y la ultraderecha y convertir la movilización social en mejoras reales de las condiciones de vida y de trabajo.
