La proclamación de la República y los “rabassaires”, según Joaquín Maurín

Los decretos de 11 de julio y 6 de agosto de 1831 sobre revisión de contratos de arrendamiento de fincas rústicas y desahucios animaron a los campesinos catalanes a demandar la revisión de sus contratos. Casi fueron treinta mil demandas. Al mismo tiempo que se producía esta verdadera avalancha de demandas de revisión de contratos, los campesinos, especialmente los de la provincia de Barcelona, empezaron a tomar la iniciativa sin esperar a las resoluciones de sus demandas, porque comenzaron a entregar al propietario solamente la mitad de las partes de frutos convenidas, es decir, que los “rabassaires” revisaron los contratos antes que la Administración de Justicia.

Los propietarios reaccionaron y consiguieron una especie de tregua actuando a través del gobernador civil de Barcelona y presidente de la Audiencia, Anguera de Sojo. Así el 21 de septiembre los representantes de la Unión de “rabassaires” y los del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, es decir, los campesinos y los propietarios, se reunieron en la Generalitat con la presencia de Maciá, Anguera de Sojo, Companys y Lluhí, para alcanzar un acuerdo. Se convino que el “rabasaire” que pagaba la mitad de la cosecha, pagaría el tercio, el que pagaba el tercio, solamente un cuarto, y así sucesivamente. Era un pacto que solamente afectaba a los “rabassaires” y al año 1931.

Maurín consideraba que este acuerdo fue solamente una artimaña muy hábil de los propietarios. A partir del mismo los Juzgados comenzaron a sentenciar en masa ante las demandas presentadas antes con la resolución de que no había lugar a revisión alguna. Los “rabassaires” habían aceptado el acuerdo como algo transitorio nada más. Lo que deseaban era la tierra.

El verano de 1932 se presentaría movido porque la rebeldía había crecido, ya que los campesinos se veían más fuertes. El Gobierno decidió intervenir para canalizar el conflicto. El 4 de agosto de 1932 se ordenó la creación de Tribunales mixtos de la propiedad rústica en distintos lugares del campo catalán, con el fin de solucionar los conflictos. Estaban compuestos por cinco vocales representantes de los propietarios y otros cinco de los “rabassaires”, arrendatarios y apareceros. Debían presidirlos los jueces de primera instancia de los respectivos partidos judiciales. Maurín opinaba que la creación de estos Tribunales fue inútil. Los campesinos siguieron repartiendo los frutos según el pacto alcanzado en la Generalitat o quedándose con toda la cosecha. Los propietarios recurrieron a la Guardia Civil para hacer valer sus derechos. Los choques entre los campesinos y la Guardia Civil se generalizaron en la comarca del Penedés.

El 14 de abril de 1933 los “rabassaires” marcharon sobre Barcelona para exponer a la Generalitat que no estaban dispuestos a contentarse con promesas ni pactos provisionales. Se les prometió que antes de que terminara el año se promulgaría una ley que solucionara el conflicto. En espera de la ley, el 26 de junio la Generalitat dictó una disposición transitoria denominada “Ley para la solución de los conflictos derivados de los contratos de cultivo”. Según esta disposición, los campesinos que hubieran presentado conflicto pagarían el 59% de lo que pagaban antes, pero los que no lo hubieran hecho seguirían pagando lo mismo que antes del 14 de abril de 1931. Pero solamente una parte de los campesinos salió favorecida.

Seguiremos.