El poder contra los gitanos: los Borbones
- Escrito por Eduardo Montagut
- Publicado en Textos Obreros
La llegada de los Borbones no cambió, en principio, la política seguida hacia los gitanos. En 1717 se les ordenó que se asentasen en alguna de las 71 ciudades de una lista. Esta orden fue repetida en 1738. Por fin, al final del reinado de Felipe V, en 1745, se vuelve a insistir en esta obligación, aunque se aumentan en 35 el número de ciudades donde podían pasar a residir. Las ciudades que se habían establecido se encontraban en Andalucía, Alicante, Murcia y Cataluña. Lo que se pretendía es que hubiera una familia gitana por cada cien vecinos con el objetivo de que se asimilasen y, por otro lado, obligar a que se asentasen en familia, no en grupos más amplios.
El culmen en la Historia de la represión de los gitanos llegaría en el reinado de Fernando VI, no porque se cambiase la política, sino porque se intensificó de forma evidente, no limitándose a legislar sino a actuar con contundencia en la práctica. En ese momento se estableció el denominado “Recogimiento General de Gitanos”. En 1749 se detuvo a unos nueve mil gitanos y muchos fueron encerrados en presidios y arsenales. Hubo quien estuvo en esa situación hasta 1763.
Con Carlos III se inicia un cambio en la actitud del poder hacia los gitanos, aunque no en un sentido más favorable, pero sí fruto de una nueva filosofía. En 1783 se publica una Pragmática clave en este sentido. El despotismo ilustrado consideraba que todos los súbditos debían ser útiles. Para los ilustrados no había grupo, estamento, sector social o profesional que pudiera permanecer ocioso o sus cualidades mal aprovechadas. Los gitanos no se iban a quedar al margen de esta filosofía utilitarista. En primer lugar, se prohibió que se les denominase como gitanos. También se les declaró hábiles para cualquier oficio. En tercer lugar, se les dio un plazo breve de tiempo para que eligiesen un domicilio en cualquier lugar, menos en Madrid y en los Reales Sitios. Si acabado este plazo seguían con su vida nómada se les declararía como vagos, por lo que se les aplicaría la dura legislación que el despotismo ilustrado había establecido para estos casos. Los gitanos debían abandonar, además, sus trajes y su lengua, como se había establecido anteriormente.
A partir de la publicación de la Pragmática de 1783 las autoridades elaboraron listas de gitanos que se remitieron a la Secretaría de Estado. Estas relaciones incluían los siguientes datos: nombre, apellidos, edad, estado civil, número de hijos y profesión. En principio podría ser una fuente de información muy útil para el historiador social, pero hay que relativizar mucho su valor, ya que debió ser muy alto el grado de ocultación de los gitanos, que debieron ofrecer datos falsos o consiguieron ocultar muchas cosas, habida cuenta de su mala experiencia con las autoridades. Pero, además se incluyeron en los listados a negros, mulatos y mestizos. Los historiadores consideran, estudiando estas listas y teniendo en cuenta otros factores correctores, que en España habría en ese momento histórico casi diez mil gitanos, una cifra no muy alejada de la que se maneja para el tiempo de la persecución desencadenada con Fernando VI. La mayoría de los gitanos vivía en el último cuarto del siglo XVIII en Andalucía, aunque también hubo una importante presencia gitana en Cataluña, y en algunos lugares del levante alicantino.
El intento de integración emprendido por Carlos III no debió tener mucho éxito, porque hay testimonios ya del siglo XIX que nos permiten comprobar que la situación debió seguir igual que antes de la Pragmática de 1783. Nada más inaugurado el siglo XIX las autoridades asimilaron a los gitanos a la delincuencia pura y dura, y se les prohibió ejercer muchos oficios o pertenecer a gremios.
Eduardo Montagut
Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.
Premio Mejor Aliado 2024 de la Asociación Blanco, Negro y Magenta.
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