Las peticiones de los obreros y obreras cerilleros ante su crisis en 1930

El problema tenía un síntoma muy claro. De forma periódica se reducía el trabajo y los trabajadores de las fábricas de cerillas de España solamente trabajaban unos pocos días a la semana. Desde diciembre de 1926 las fábricas de Alcoy, Palma de Mallorca y Oviedo funcionaban tres, cuatro y hasta cinco días semanales, mientras que las de Carabanchel, Moncada, La Coruña, Sevilla y Tarazona se habían incorporado a este régimen parcial de trabajo unos meses después. En resumen, los cerilleros y cerilleras españoles llevaban padeciendo una crisis laboral desde hacía más de dos años, con la consiguiente repercusión salarial.

Para hacernos una idea de la estructura de la industria cerillera española planteamos, por nuestra parte, una breve historia que comenzamos en 1892 cuando el Estado, ante la necesidad recaudatoria, decidió nacionalizar la industria cerillera a través de una ley de 30 de junio de ese año, creando un monopolio, el Gremio de Fabricantes de Fósforos de España, que impuso una reducción de fábricas. En 1908 expiró el contrato del Gremio, y el Estado creó un nuevo monopolio, que pasaría a ser administrado por el Ministerio de Hacienda. El número de fábricas disminuyó más aún. Los problemas para administrar el monopolio llevaron en 1911 a aprobar una nueva legislación, que provocaría que quedaran solamente doce fábricas en toda España. Por fin, en 1922, ante la falta de ingresos, la Compañía Arrendataria de Fósforos ganó la subasta. La Compañía, en todo caso, estaría controlada por el Estado. Era esta la situación legal en la que se encontraba la industria cuando Oliveira escribió su informe-artículo.

Las Sociedades Obreras de todas las fábricas, primero, y después la Federación, habían reclamado a la Compañía y al ministro de Hacienda, en distintas ocasiones, la normalización de los trabajos. Al parecer, siempre habían encontrado buena disposición del Ministerio y de la propia Compañía, pero las medidas que se habían tomado contra el “uso clandestino del encendedor y venta de piedras” no habían surtido los efectos deseados, con lo que la crisis continuaba, mientras, según Oliveira, no se atacase el mal de raíz.

Para nuestro sindicalista el problema procedía de la subida del precio de la cerilla. Ante esta subida y la constatación por parte del público de la calidad deficiente de la misma, no se utilizaba la cantidad deseada. No se vendía, y todo esto provocaba perjuicios a los trabajadores y la propia Compañía, que no obtenía beneficios.

Oliveira reconocía que la política económica de la Dictadura de Primo buscaba proteger las industrias nacionales. La cerillera era nacional y un monopolio del Estado, pero en más de dos años no se había buscado una solución.

En el último Congreso de la UGT, los obreros cerilleros habían presentado varias proposiciones que se aprobaron para que se reclamase a los poderes públicos una serie de medidas. Las dos principales tenían que ver con una clara renovación tecnológica, dotando a las fábricas de utillaje moderno, en aras de la productividad, y con la derogación del real decreto que elevó el precio de las cerillas.

Pero Oliveira planteaba una tercera medida para intentar solucionar la crisis, y en clave social. Había que un Comité Paritario de ámbito nacional. Dicho Comité podría estudiar y llevar a cabo soluciones. En dicho Comité, como era preceptivo, estarían los representantes de la Compañía y los de los obreros. A pesar de las lógicas diferencias ideológicas, Oliveira consideraba que parecía difícil no encontrar acuerdos en bien de los intereses generales.

Pues bien, en abril de 1930, es decir, unos meses después de este informe se volvió a plantear el problema de estos trabajadores. En el Congreso de la Federación de Obreras y Obreros Cerilleros de España, que se celebró en abril de 1930, se decidió actuar ante la grave crisis de trabajo que padecían, elevando un escrito al ministro de Hacienda.

En el preámbulo se hablaba de que en 1927 solamente habían trabajado tres días semanales durante cinco meses, cuatro días a la semana en dos meses y cinco días durante los cinco meses restantes del año, experimentando, por lo tanto, la pérdida de noventa días de jornal por obrero. Por su parte, en 1928 se había trabajado tres días semanales durante cuatro meses, cuatro días durante dos meses y cinco los restantes del año. En 1929 el trabajo había sido de tres días por semana durante tres meses, cuatro durante mes y medio y todos los demás del año cinco días a la semana. En total, se calculaba que se habían perdido en tres años un millón de jornales.

¿Por qué?

Para los obreros y obreras cerilleros organizados esto era debido a que en 1927 se había puesto en venta una gran partida de cerillas de madera, importada de Suecia, acentuándose la crisis de día en día con las disposiciones de Hacienda en relación a elevar los precios de varias clases de cerillas y disminuyendo su cantidad en las cajas. Así pues, a la subida de precios y la disminución de la cantidad se debía la crisis de trabajo de los obreros de esta industria.

Este encarecimiento había provocado la intensificación del empleo del mechero por parte de los consumidores, hasta tal punto que la Compañía Arrendataria de Fósforos estableció una fábrica para la elaboración de piedras con destino a los mecheros.

La competencia con los mecheros no se podía sostener dada la deficiente elaboración de las cerillas nacionales y la elevación de sus precios de venta.

Se acusaba de las decisiones de importar cerilla extranjera a Calvo Sotelo y también de haber elevado los precios de la nacional en un grado desproporcionado a su valor de clase y presentación.

Si la situación había sido muy mala desde 1927 hasta 1929, como se había expuesto en el preámbulo, en el mismo se hablaba de que 1930 no había comenzado mejor porque, aunque era cierto que trabajaban cinco días, se avecinaba una crisis que podía provocar miseria en los hogares de cuatro mil familias obreras si la Compañía y el Gobierno no actuaban.

En el mismo preámbulo se atacaba a la Compañía porque, en la opinión de los trabajadores, no observaba una norma justa en la reducción de los días de trabajo, por cuanto en unas fábricas las reducciones alcanzaban más días al año que en otras, aunque se fabricasen iguales clases de cerillas. La desigualdad llegaba a producirse en una misma fábrica, con el agravio correspondiente.

Además, la jornada de trabajo no era uniforme, porque mientras había fábricas y talleres que no trabajaban entre seis y siete horas, en otras se incumplía la jornada legal al trabajar los obreros nueve o más horas.

Otro problema venía derivado del trabajo a domicilio que se practicaba por la Compañía en Irún. Un gran número de obreras elaboraban en sus casas el interior de las cajas de cerillas, abonando a estas trabajadoras solamente la mitad del precio estableció en la tarifa. En la fábrica de Tarazona, entre las quinientas obreras que allí trabajaban, una gran parte de las mismas eran niñas de no más de doce años, incumpliendo la ley.

Las tarifas de sueldos y premios de elaboración no eran uniformes, manteniéndose en cada fábrica distintos tipos, aunque las clases de labores fueran idénticas y se fabricasen con los mismos procedimientos.

Existía una carencia de socorros en casos de enfermedad y retiro por vejez. Además, la indemnización por accidentes del trabajo solía regatearse con frecuencia, negándose la parte que correspondía a los días de trabajo comprendido en el paro por crisis, dado que se carecía de trabajo tantos días en el año, pero los obreros cerilleros no llegaban a comprender cómo estando la industria de cerillas monopolizada como la del tabaco, en la primera se carecía de todos los beneficios que sí se disfrutaban en la segunda.

Ante esta situación los obreros y obreras cerilleros organizados concretaban las siguientes peticiones:

1. Que el Gobierno y la Compañía adoptasen disposiciones para impedir que se originasen crisis de trabajo; en caso contrario se debería abonar a los obreros todos los jornales de los días obligados a no trabajar contra su voluntad.
2. No debía permitirse alterar la jornada laboral de ocho horas en las fábricas, procurando que la aplicación de la ley que establecía esa jornada legal fuera uniforme en todas ellas.
3. Debía prohibirse el trabajo de menores de edad en las fábricas de cerillas.
4. Debía prohibirse el trabajo a domicilio que la Compañía tenía establecido en Irún.
5. Debían unificarse las tarifas de suelos y premios en todas las fábricas.
6. Debía establecerse, con cargo a la Renta de Cerillas, un servicio de beneficencia en las fábricas, socorros por enfermedad, retiros, etc, igual a los que tenía establecidos la Renta de Tabaco para su personal obrero.
7. Para nuevas contrataciones debían tener preferencia los familiares del personal obrero de ambos sexos en activo.

Hemos trabajado con el número 6622 de El Socialista, del día 30 de abril d 1930, y en la hemeroteca de El Obrero se puede consultar el artículo al que aludíamos al principio, y que completa el estudio sobre la situación de estos trabajadores a finales de los años veinte y en vísperas de la Segunda República.