La crítica a la atención a los “inválidos del trabajo” al comenzar la República
- Escrito por Eduardo Montagut
- Publicado en Textos Obreros
La rehabilitación de los trabajadores que hubieran padecido accidentes de trabajo comenzó en España con la Ley de 10 de enero de 1922 que reformó la Ley de 30 de enero de 1900 sobre Accidentes de Trabajo. Otro hito fundamental en esta Historia estaría en el Real Decreto de 4 de marzo de 1922 que creó el Instituto de Reeducación Profesional de Inválidos de Trabajo, que no pretendía crear una institución como refugio de “inútiles” sino un centro de “regeneración de capacidades productivas perdidas, mediante las adecuadas enseñanzas profesionales”.
Por Real Orden de 28 de junio de 1929 se dictaron normas para el funcionamiento del Instituto Oficial de Orientación y Selección Profesional de Madrid, dentro del Instituto de Reeducación Profesional. Por el Real Decreto de 31 de diciembre de 1929 se sometió a la misma dependencia ministerial (Ministerio de Trabajo) el Asilo de Inválidos de Trabajo y el Instituto de Reeducación Profesional de Inválidos de Trabajo. El Asilo, que realmente desde 1927 se denominaba Residencia de Inválidos de Trabajo, había sido creado en enero de 1887. Esta fusión pretendía unir lo residencial/asistencial, propio del Asilo con lo educativo/formativo del Instituto.
Nada más comenzar la República, por un Decreto de 18 de mayo de 1931 se reorganizó el Instituto, que luego se modificó por Decreto de 1 de julio de 1932. Por fin, por Decreto de 7 de junio de 1933 se dispuso que el Instituto pasara a denominarse Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos o I.N.R.I., cuyo Reglamento se aprobó en 1934.
Pues bien, en este artículo nos centramos en la crítica que se realizó desde el movimiento obrero organizado nada más proclamarse la República, y justo antes del primer cambio legal producido por el nuevo régimen en esta materia. Al respecto, el 26 de abril de 1931 se celebró un mitin “pro inválidos del trabajo” en la madrileña Casa del Pueblo, y que fue presidido por Wenceslao Carrillo.
En el acto se leyó un texto, redactado por Julio Prieto, donde se resaltaban las deficiencias de funcionamiento, errores e injusticias que, supuestamente, padecían los inválidos acogidos en el Instituto de Reeducación Profesional, que estaba situado en Vistaalegre (Carabanchel). El texto solicitaba que el Gobierno de la República se preocupase de la reorganización de la institución para que pudiera desarrollar una labor social útil para los trabajadores víctimas de los accidentes de trabajo.
El siguiente orador, Antonio Alonso, puso ejemplos de los problemas del centro. Al parecer, se habían construido unos pabellones, que habían costado 228.000 pesetas, pero en los que no había intervenido el arquitecto de la institución. La obra había sido encargada al profesor de dibujo, que, además, tuvo que abandonar su tarea docente. Por otro lado, criticó a determinados funcionarios del Ministerio de Trabajo, y solicitó que no se concediesen más becas mientras no se resolviese el problema de la colocación de los inválidos reeducados, y recordó que hasta el momento no se dejaba que en el Patronato hubiera dos vocales obreros.
Luis Fernández hizo, en el mitin, un ejercicio comparativo sobre el funcionamiento de centros semejantes en el extranjero para demostrar la inferioridad de España en esta materia. En este sentido, aludió al caso francés donde se concedía el ingreso gratuito en los centros de reeducación, y cómo se obligaba a los empresarios a admitir a un diez por ciento de obreros “reeducados”. Estas dos cuestiones, a nuestro juicio, serían las fundamentales.
Pero Fernández no se quedó en este ejercicio e insistió en los problemas internos del centro, especialmente en relación con la creación del Patronato para cuya presidencia fue designado el duque del Infantado, que se había opuesto, amenazando con la dimisión, a que se admitiese en el mismo a vocales obreros, siendo uno de ellos Largo Caballero. En todo caso, valoró mucho la labor del profesorado, especialmente Agustín Redondo y César de Madariaga, al que consideró el mejor director que había tenido la institución. También solicitó que fueran incluidos en la plantilla los inválidos colocados en 1924 por Madariaga.
Carrillo, en nombre de la UGT, prometió elevar todas estas quejas al Sindicato para que llevarlas al ministro Largo Caballero. En todo caso, es significativo que pidiera serenidad y que las críticas se documentasen adecuadamente.
Hemos consultado el número 6932 de El Socialista de 28 de abril de 1931. Por otro lado, recomendamos la lectura del trabajo de Amparo Casado Melo, “El trabajo de los minusválidos a lo largo de la historia. Análisis de términos utilizados en el ámbito laboral”, en Papeles Salmantinos de Educación, nº 15 (2011), páginas 159 y ss.
Eduardo Montagut
Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.
Premio Mejor Aliado 2024 de la Asociación Blanco, Negro y Magenta.