La República y los accidentes de trabajo de los agricultores

El Decreto que hacía extensivo este derecho es del 12 de junio de 1931, es decir, casi dos meses después de proclamada la República. En el preámbulo de la disposición se recordaba que la Ley de 30 de enero de 1900 había establecido en España la indemnización por accidentes de trabajo, pero que solamente protegía a los obreros agrícolas ocupados en faenas donde se utilizasen motores accionados por fuerza distinta a la humana, es decir, una minoría de las faenas agrícolas dado el índice de mecanización del campo en el cambio de siglo.

Nada más crearse el Instituto de Reformas Sociales en 1904 los vocales obreros del mismo plantearon el problema, consiguiendo la unanimidad en el seno de la institución para acordarse en 1905 solicitar la extensión a todos los obreros agrícolas de la legislación sobre accidentes, iniciándose los trabajos para la elaboración de un proyecto de ley que fue aceptado y llevado a las Cortes por varios Gobiernos, hasta dos veces en 1919 y una en marzo de 1921, sin que llegara nunca a convertirse en ley.

En el propio año de 1921 las delegaciones españolas en la tercera Conferencia Internacional del Trabajo dieron su voto al Convenio sobre indemnización de accidentes de trabajo en Agricultura. Ese Convenio no fue ratificado por España hasta unas semanas después de proclamada la República. Ahora en junio de 1931 tocaba hacer efectivo el derecho que tenían los obreros agrícolas al seguro de accidentes.

Los socialistas se felicitaban, lógicamente, de esta conquista, debida a un ministro del PSOE. En El Socialista se recordaba el abandono en el que habían vivido los obreros agrícolas, sin ese seguro y sin Comités Paritarios, a merced de los caciques. También se recordaba en el periódico obrero lo que hemos expresado al principio, es decir que este agravio afectaba, en realidad, a la mayoría de los trabajadores españoles, porque todavía eran mayoría los que laboraban en el campo.

Hemos consultado el Decreto en la red en la página de Justicia y Memoria Histórica. Universitas Miguel Hernández, y el número 6973 de El Socialista, de 16 de junio de 1931.