La Corte Penal Internacional y lo que no hemos aprendido de los Juicios de Núremberg

Estos ataques, paradójicamente, coinciden con la conmemoración de los 80 años de los Juicios de Núremberg, a partir de los cuales precisamente se creó en 2002 la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Diferentes iniciativas están tratando de recordar estos procesos; entre ellas destaca especialmente la digitalización, por parte de la Universidad de Harvard, de más de 150.000 páginas de transcripciones y 60.000 documentos de los juicios, que ya son consultables en abierto a través de la página web del proyecto Nuremberg Trials Project. Todas estas iniciativas, sin embargo, coinciden en un tono triunfalista que, desgraciadamente, nos aleja de la realidad de lo que fueron dichos procesos y de las enormes dificultades que supone la persecución de crímenes graves en la actualidad. Y es que, aunque los Juicios de Núremberg estaban llamados a marcar un antes y un después en el derecho internacional, nos dejaron un legado cargado de luces y sombras, cuyo aniversario se produce en un escenario mucho menos esperanzador de lo que pretendían sus artífices.

Así, a finales de 1945, hace ahora 80 años, comenzaron los Juicios de Núremberg, que se prolongarían hasta octubre de 1946. Durante este tiempo, veinticuatro altos cargos nazis fueron procesados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En este proceso, que sentaría las bases de lo que después sería la Corte Penal Internacional, un tribunal integrado por jueces y fiscales estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos —las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial— sentó en el banquillo, entre otros, a Rudolf Hess, mano derecha de Hitler; Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe; Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores; Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht; Karl Dönitz, comandante de la Kriegsmarine; Wilhelm Keitel, jefe del Oberkommando der Wehrmacht; o Alfred Rosenberg, uno de los principales ideólogos del nazismo y responsable de las áreas ocupadas por Alemania en Europa del Este.

Otros altos cargos del partido, como Adolf Hitler, Heinrich Himmler o Joseph Goebbels, se habían suicidado junto con sus familias en el búnker de la Cancillería del Reich, en Berlín, el 30 de abril de 1945. En los días previos al inicio de los juicios también se produjeron suicidios entre los acusados, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad en las celdas de Núremberg.

La elección de la ciudad de Núremberg como sede de los juicios obedecía a múltiples razones. Durante el Tercer Reich se había convertido en una ciudad altamente simbólica, con infraestructuras monumentales construidas para albergar los congresos del partido nazi. Sin embargo, de forma paradójica, tras los bombardeos aliados sobre la ciudad, solo el palacio de justicia había quedado intacto en medio de una masa de escombros. Esta circunstancia fue interpretada por los aliados en clave simbólica y propagandística. Además, el palacio contaba con una prisión aneja con capacidad para 1.000 presos, lo que facilitaba la logística al evitar el traslado de los prisioneros a grandes distancias en una Alemania aún en ruinas.

Uno de los principales problemas jurídicos radicaba en que, para ofrecer plenas garantías, los crímenes debían ser juzgados conforme a las leyes vigentes en cada uno de los territorios donde se habían cometido. Además, el grueso de las víctimas procedía de los países ocupados por Alemania, lo que permitió a los aliados asumir la acusación. Para salvar este escollo, los países vencedores —Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética— se erigieron en portavoces de los demás países afectados. Desde el primer momento, la falta de sintonía con los fiscales soviéticos, especialmente a la hora de abordar el Holocausto, fue evidente, principalmente debido al profundo antisemitismo de Stalin y a que los soviéticos se presentaban a sí mismos, y no a los judíos, como las principales víctimas de la barbarie nazi.

Tampoco existía un consenso entre los demás vencedores en torno a la conveniencia de juzgar a los nazis. En la Conferencia de Teherán (celebrada entre noviembre y diciembre de 1943), de hecho, se llegó a proponer el fusilamiento directo de los criminales nazis, una idea apoyada incluso por el primer ministro británico, Winston Churchill.

Llevar a los responsables ante la justicia suponía con todo ello una labor jurídica compleja, ya que no existía entonces el delito de genocidio, que sería tipificado posteriormente en 1951. Los acusados fueron juzgados por crímenes contra la paz —por iniciar una guerra de agresión—, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (persecución, explotación y asesinato de civiles por motivos religiosos, políticos o raciales). Dicha acusación por crímenes contra la humanidad resultó especialmente problemática, ya que, como sostuvo en todo momento la defensa de los criminales nazis, se trataba de un delito no tipificado en el momento de su comisión. El tribunal, sin embargo, decidió en repetidas ocasiones omitir este hecho.

No obstante, la principal aportación de Núremberg fue la imputación de la «culpa individual»: los criminales nazis no pudieron descargar su responsabilidad en el Estado para el que trabajaban ni ampararse en el cumplimiento de órdenes superiores, como era habitual hasta ese momento.

Todo ello también despertó recelos dentro del propio ejército estadounidense, ya que podía crear un precedente aplicable a sus propias actuaciones o servir para que los nazis intentaran justificarse. Fue una figura concreta, el fiscal Robert H. Jackson, quien logró convencer a los aliados para proceder de ese modo.

A través de su voz, Estados Unidos —que apenas tres meses antes había causado la muerte de aproximadamente 250.000 japoneses con el lanzamiento de sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki— presentó los juicios como un enfrentamiento de proporciones míticas entre la civilización, representada por ellos mismos, y la barbarie nazi. El fiscal estadounidense Robert H. Jackson se convirtió en el principal valedor de este discurso trascendental y heroico al afirmar que «la civilización no podría sobrevivir si el mundo tuviera que hacer frente a un nuevo conflicto de esta magnitud».

A partir de ese momento, Jackson planteó el proceso no como un juicio contra los alemanes, sino como un juicio en nombre de la humanidad, con el objetivo de evitar que la tiranía volviera a alzarse en cualquier lugar del mundo. Así lo declaró en su discurso de apertura como fiscal principal, tratando además de impedir que el proceso fuera percibido como un ejercicio de justicia del vencedor.

Y es que Robert H. Jackson vio en los Juicios de Núremberg la oportunidad de sentar las bases de un derecho internacional que castigara las guerras de agresión, considerándolas como un crimen en sí mismas. Lo que sí temía Jackson era que el juicio se convirtiera en un altavoz para los líderes nazis en defensa del nazismo, una ideología que distaba mucho de haber sido erradicada en aquellos momentos de la sociedad alemana.

Entre los múltiples testigos que prestaron declaración se encontraba un español, el fotógrafo comunista Francesc Boix, quien no solo aportó su testimonio sobre su paso por el campo de exterminio de Mauthausen, sino también las fotografías que tomó en el lugar, las cuales resultaron determinantes para las condenas. Asimismo, se proyectaron videos que mostraban las condiciones de vida en los campos, testimonios de supervivientes y cartas de los acusados que evidenciaban su implicación.

Después de la exposición de pruebas y testigos, llegó el turno de palabra de los imputados. Antes del comienzo de los juicios, Estados Unidos había asignado psiquiatras y psicólogos para garantizar que todos ellos fueran competentes para enfrentarse al proceso. En las evaluaciones, conducidas por Douglas Kelley y Gustave Gilbert, muchos de los acusados demostraron no solo su cordura, sino también inteligencias muy superiores a la media.

En ese punto, a la fiscalía no le preocupaba su declaración, ya que contaba con numerosos documentos firmados por los líderes nazis que evidenciaban su implicación. Sin embargo, lo que sí inquietaba a Jackson era que uno de ellos, Hermann Göring —quien para entonces había conseguido superar su adicción a las drogas— utilizara su turno de palabra para avivar el sentimiento nazi entre los alemanes, lo que efectivamente ocurrió.

Y es que, de entre todos los acusados, Göring mereció un papel aparte, y no solo por su altísimo rango dentro del partido nazi. De personalidad arrolladora, ególatra, extravagante y extremadamente inteligente, polemizó constantemente con el fiscal estadounidense, haciendo uso de su dominio del inglés y de sus dotes dialécticas.

Además, para sorpresa de todos los presentes, reconoció todas las actuaciones que se le achacaban e incluso las justificó, alegando que eran necesarias para el bien de Alemania.

Aunque no fue el único que refutó las acusaciones durante el juicio. Destacó especialmente Julius Streicher, fundador y editor del principal periódico de propaganda nazi y antisemita, quien se quejó repetidamente de que hubieran “convertido a esos judíos en mártires”, especialmente teniendo en cuenta que, según él, el número de muertos “no superó los 4,5 millones”.

Por su parte, Göring, quien había sido clave en la creación de los primeros campos de concentración, atacó a los testigos alemanes acusándolos de “estar vendiendo sus almas al enemigo”. Mientras se emitían las imágenes tomadas en los campos de exterminio, él leía un libro, bostezaba o incluso hacía bromas a los acusados sentados a su lado, afirmando que las imágenes eran pura propaganda soviética. Y es que, hasta los Juicios de Núremberg, un militar de alto rango como él podía estar seguro de que la responsabilidad de los actos cometidos recaería sobre el Estado al que prestaba sus servicios.

Por ello, todos ellos se declararon inocentes y afirmaron estar cumpliendo órdenes directas de Adolf Hitler. En su mayoría altos cargos militares, todos se refugiaron en la obediencia debida. Varios llegaron incluso a negar haber firmado los documentos que les presentaba la fiscalía y que evidenciaban su implicación en los crímenes.

Pero, para su sorpresa, Göring fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a ser ahorcado. Sin embargo, horas antes de su ejecución se suicidó en su celda ingiriendo una capsula de cianuro en un último acto de rebeldía. A día de hoy continua el debate sobre cómo consiguió el veneno. Según Richard J. Evans, en el libro Gente de Hitler. Los rostros del Tercer Reich, Göring dejó una nota de suicidio afirmando que no le había ayudado nadie, que siempre llevó escondida la capsula en una de sus botas. Investigaciones posteriores apuntaban a uno de los guardias de la prisión, quien suministraba a Göring productos de contrabando, como la persona que le habría proporcionado la cápsula. El psiquiatra Douglas Kelley, quien trató a Göring y se mostró fascinado por la personalidad del nazi, acabó suicidándose también con una capsula de cianuro en 1958.

No sólo Göring fue condenado a la pena capital. Doce destacados altos cargos fueron sentenciados a muerte, aquellos que habían estado más directamente involucrados en los crímenes. Albert Speer fue el único que admitió su culpabilidad para no ser ahorcado. Ninguno mostró remordimientos, afirmando que se trataba de un juicio injusto. Julius Streicher incluso gritó “Heil Hitler” antes de ser ejecutado.

Los cuerpos de los condenados fueron posteriormente incinerados y sus cenizas esparcidas para evitar que sus tumbas se convirtieran en lugares de homenaje para los nazis. Los condenados a prisión fueron trasladados a la cárcel de Spandau. Rudolf Hess, quien había fingido amnesia durante el juicio para luego reconocer que se trataba de una estratagema, se convirtió en el último prisionero de esta cárcel, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1987, a los 93 años.

En conjunto, los Juicios de Núremberg marcaron un hito en el derecho internacional al establecer la idea de responsabilidad individual: fueron ellos, y no el Estado para el que actuaban —como esperaban—, quienes fueron declarados responsables por las atrocidades cometidas. Además, fue el primer procesamiento por crímenes de lesa humanidad.

Este octogésimo aniversario encuentra al mundo con la justicia internacional más atacada que nunca y una Corte Penal Internacional extremadamente cuestionada.

Deberíamos huir de cualquier discurso autocomplaciente y preocuparnos sobre el ascenso de la violencia como arma legítima y la presencia cada vez más Estado tiranos y guerras de conquista. El espíritu de Núremberg, con sus luces y sus sombras, se encuentra más amenazado que nunca en el actual panorama internacional. Pero, por ello también, resulta mucho más necesario.