Manual de instrucciones para el mundo que viene

No se trata de un fenómeno nuevo ni reciente. Manuel Rivas afirmaba, en una novela homónima, que «los libros arden mal». Sea como fuere, lo cierto es que arden periódicamente y cada vez con mayor frecuencia. Y es que resulta recurrente, en la historia contemporánea, la aparición de poderes que se empeñan con especial ahínco en la persecución del saber, la ciencia, los intelectuales y sus obras.

En lo que se refiere a las quemas de libros, la más recordada, sin lugar a dudas, es la organizada por el Ministro de Propaganda del gobierno nazi, Joseph Goebbels, el 10 de mayo de 1933 en la Opernplatz de Berlín, ante 40.000 personas. Hogueras como aquella se generalizaron en Alemania entre 1933 y 1945, en cumplimiento de la prohibición de libros de autores judíos, marxistas y pacifistas, considerados por ello «antialemanes».

Los falangistas españoles, a imitación de sus aliados alemanes, también organizaron actos similares. Entre ellos destacan el del 19 de agosto de 1936 en La Coruña —en el que ardió, entre otras, la biblioteca de Casares Quiroga— y el del 30 de abril de 1939 en la Universidad Central de Madrid.

Sin embargo, destruir la obra no suele bastar para los regímenes represivos: aspiran también a destruir al autor, a quitarle la voz y su capacidad para remover conciencias. Nada resulta más peligroso para el poder que los librepensadores.

Junto con estos métodos de eliminación violenta de obras e intelectuales, coexisten otros más sutiles de ejercer el control mediante la persecución del conocimiento. En la actualidad, dicha persecución ha adoptado formas más sofisticadas y difíciles de detectar, hasta el punto de que a menudo ni siquiera somos conscientes de su existencia.

Y es que solemos concebir la ignorancia como un ente pasivo e inocente, que aparece simplemente como resultado de la ausencia de conocimiento. Desde este punto de vista, el avance del saber en detrimento de la ignorancia se presenta como un proceso irreversible, asociado al progreso social. Sin embargo, la ignorancia es con frecuencia una construcción deliberada de regímenes y gobernantes, que la convierten en una herramienta de poder. En este sentido, la producción de ignorancia puede funcionar como un eficaz instrumento de control y manipulación, cuyos mecanismos oscilan entre la duda, la incertidumbre y la desinformación.

Como defendió Robert Proctor en su libro Cancer Wars: How Politics Shapes What We Know and Don’t Know About Cancer (HarperCollins Publishers, 1995), debemos «estudiar la construcción social de la ignorancia». Es decir, dejar de lado la inocencia ciega y comprender que la controversia, la incertidumbre y la ignorancia pueden ser fabricadas y difundidas de manera intencional.

En esta línea, el Reporte Global de Riesgos 2025 del Foro Económico Mundial sitúa, por segundo año consecutivo, la desinformación como la principal amenaza. Esta realidad, que engloba también la proliferación de contenidos falsos o engañosos, no solo representa un riesgo para la democracia, sino que a menudo genera un entorno ventajoso para determinados intereses.

Existen notables precedentes. Un caso especialmente paradigmático fue el pretendido debate en torno al cambio climático. Durante años se cuestionó una realidad que ya gozaba de consenso dentro de la comunidad científica desde mediados de la década de 1990. Para poner fin a este cuestionamiento, en 2001 el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que afirmaba que «la mayor parte del calentamiento observado en los últimos cincuenta años es atribuible a las actividades humanas». Es decir, se trata de un fenómeno antropogénico.

A pesar de ello, particulares e instituciones —entre las que destacó el Instituto George C. Marshall— sostuvieron durante décadas la existencia de supuestas incertidumbres que servían para justificar el retraso en la adopción de medidas destinadas a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación.

Otro ejemplo muy característico de construcción de la ignorancia fue el emprendido, a mediados de la década de 1950, por la empresa de relaciones públicas Hill & Knowlton para la industria tabacalera estadounidense. Con este fin, contrataron científicos para desafiar el creciente consenso sobre la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. La estrategia fue bautizada como «incertidumbre en la fabricación» y se concretó en el principio «la duda es nuestro producto».

Esta campaña de desinformación, que se mantuvo hasta bien entrados los años noventa, se basaba en tres preceptos: no se había establecido una relación de causa y efecto; los datos estadísticos no eran concluyentes; y se necesitaban más investigaciones. Había demasiado dinero en juego como para permitir que la salud de la población se interpusiera en su ascenso meteórico.

Desafortunadamente, nuestra situación como ciudadanos no ha mejorado de forma sustancial desde entonces. Todos hemos sucumbido en los últimos tiempos a esa incómoda sensación de no ser capaces de distinguir la información auténtica de la que no lo es. La velocidad con la que el conocimiento y el desconocimiento circulan gracias a las nuevas tecnologías agrava esta frustración de no poder discernir lo cierto de lo falso.

Por ello, no nos dejemos engañar: vivimos en la era de la desinformación. Pero no de una desinformación casual, sino entendida ésta como una construcción consciente de ignorancia por parte de los grandes poderes actuales, que nos prefieren incultos, vulnerables y dóciles.

Un papel muy destacado en esta realidad lo están desempeñando las redes sociales, que en un primer momento se presentaron como un nuevo escenario de libertad y democracia para la ciudadanía. Se trataba, sin lugar a dudas, de un horizonte esperanzador. Sin embargo, se obviaba una gran paradoja: no se trata realmente de un espacio público, sino de un espacio privado, propiedad de grandes corporaciones que explotan los datos de los usuarios con fines lucrativos.

Las interacciones generan beneficios, y estos, como ya sabemos, aumentan cuanto mayor es el grado de polarización. Cuanto más polarizados, más consumistas; cuanto más consumistas, menos críticos; cuanto menos críticos, más serviles. La ecuación perfecta para los nuevos poderes: aquellos que no elegimos, aquellos que, en última instancia, nos gobiernan.

Ya son evidentes, a nivel global, los peligros provocados por las grandes corporaciones tecnológicas, las denominadas GAFAM (acrónimo formado por las iniciales de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, aunque desde el cambio de nombre de Facebook a Meta también aparecen referidas como GAMAM). La extracción, el almacenamiento y el análisis de los datos de la vida de las personas, de los que se nutren estos gigantes ajenos a todo control estatal, implican amenazas directas para la ciudadanía, entre las que destacan la monopolización de la información y la pérdida de la privacidad.

Su poder económico resulta, además, incontestable: en 2024, sus ingresos combinados superaron los 1,5 billones de dólares. A ello se suma que los mecanismos de evasión fiscal de las GAFAM, basados principalmente en la triangulación de activos entre sedes situadas en paraísos fiscales como Bermudas, Irlanda, Luxemburgo o Suiza, les permiten un ahorro anual cercano a los 130.000 millones de dólares, según los cálculos de Gabriel Zucman (2014, 2015). Estos niveles de ahorro corporativo les otorgan una capacidad de financiación y adquisición de activos sin precedentes, y, por lo tanto, un potencial de crecimiento exponencial.

Todo ello se enmarca dentro de un problema de salud pública vinculado al abuso de estas tecnologías, ya reconocido oficialmente, que afecta especialmente a los menores. A nivel global, la OMS ha relacionado el uso excesivo de pantallas con trastornos como depresión, ansiedad y aislamiento social en niños y adolescentes. En España, un estudio del Hospital Sant Joan de Déu (2025) revela que el 37 % de los menores presenta síntomas de dependencia digital, y que el 22 % sufre alteraciones del sueño debido al uso nocturno de pantallas.

No menos importante que estos riesgos es la capacidad que estas empresas han demostrado para modificar la conducta de niños y adultos. En 2018, el escándalo de Cambridge Analytica reveló la recopilación sin consentimiento y el posterior uso de los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook para orientar propaganda política con fines manipulativos durante el Brexit y las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Este caso evidenció cómo la tecnología digital, a través de la difusión de publicidad personalizada a millones de personas, puede influir en las actitudes de los ciudadanos a niveles sin precedentes.

La socióloga Shoshana Zuboff definió esta dinámica —en la que las grandes empresas de internet recopilan y venden los datos de sus clientes para predecir y modificar comportamientos y optimizar los mensajes comerciales— como “capitalismo de vigilancia”.

Al mismo tiempo, en los últimos años hemos presenciado la irrupción en el panorama político internacional de movimientos y discursos que, según los estudios de Christopher J. Bickerton y Carlo Invernizzi Accetti (2018), comparten una naturaleza antisistema, anti-establishment y tecno-populista. Es decir, muestran un desprecio por la política tradicional y defienden que la clase política debería ser reemplazada por individuos desinteresados y más competentes que los políticos tradicionales, lo que otros autores han definido como “antipolítica”.

La relación entre estos populismos e Internet se vuelve cada vez más evidente. De hecho, los estudios de Jessica L. Beyer, entre otros, han demostrado que determinadas comunidades online —gracias al anonimato y a la escasa regulación formal— tienen la capacidad de movilizar a los jóvenes, quienes constituyen la base del electorado populista.

Ya no se trata, por tanto, de voces aisladas. Cada vez son más los pensadores que alzan la voz para ponernos en guardia ante el futuro al que nos dirigimos. Según el Premio Princesa de Asturias en Humanidades 2025, el filósofo alemán de origen coreano Byung-Chul Han, la utilización sistemática del Big Data para el control social define nuestro tiempo como la era de la psicopolítica digital, lo que supone, sin paliativos, el fin de la voluntad libre.

En la misma línea, Robert W. McChesney advierte en su libro Desconexión digital (El Viejo Topo, 2015) sobre la manera en que el capitalismo está convirtiendo Internet en un instrumento en contra de la democracia. Giuliano da Empoli, en La hora de los depredadores (Seix Barral, 2025), va más allá y alerta sobre la alianza entre las big tech y los nuevos populismos como un proyecto totalitario que pone en riesgo la democracia como ideal.

El único poder global con capacidad, a día de hoy, para hacer frente a las GAFAM son las conocidas como BATX, es decir, sus homólogas asiáticas (Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi), que preparan su expansión a nuevos mercados. Sin embargo, estas grandes tecnológicas chinas operan en estrecha colaboración con el gobierno de su país, en un modelo político abiertamente opuesto a las democracias representativas occidentales y donde se producen violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Esta guerra digital daría lugar a un nuevo escenario dentro de la guerra comercial que ya se libra entre China y Estados Unidos. No obstante, en términos absolutos, ambas no dejan de ser cuestiones secundarias frente a una confrontación mucho más compleja. En palabras de Julio Ceballos: «La gran batalla de este siglo no será entre capitalismo y comunismo, ni entre Oriente y Occidente. Será entre sentido y ruido. Entre confianza y manipulación. Entre ciudadanos y espectadores».

Es el momento de elegir bando.