¿Maduro o Trump?: Un falso dilema

A pesar de ello, la reinstauración de la democracia en Venezuela no parece ser una prioridad para Donald Trump, ahora que Maduro se encuentra preso en Nueva York. A menudo, los actos hablan más que las palabras, y los de Trump están resultando muy clarificadores.

Durante los meses previos a la operación, Donald Trump fue construyendo, a través de sus ataques contra varias presuntas narcolanchas en el Caribe, un discurso destinado a justificar su intervención —bautizada como Resolución Absoluta—. Esta narrativa se basaba en la supuesta práctica de un narcoterrorismo de Estado por parte del régimen de Maduro, que atacaba a Estados Unidos inundándolo de estupefacientes. Paradójicamente, en esas mismas fechas firmaba un indulto presidencial para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de cuarenta y cinco años de prisión en Estados Unidos por haber liderado otro “narcoestado” en la región.

La intervención de Estados Unidos en América Latina bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico no es un fenómeno nuevo y se ha repetido con cierta regularidad. Un ejemplo paradigmático fue la invasión de Panamá en 1989 para detener a su entonces presidente, Manuel Antonio Noriega, acusado de mantener vínculos con el tráfico de drogas. Noriega fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cuarenta años de prisión.

No obstante, la intervención estadounidense en jurisdicciones extranjeras se ha amparado en legitimaciones muy diversas a lo largo de la historia reciente. Así, en 1954, Washington intervino en Guatemala para “defender los intereses de las empresas norteamericanas”, y en 1965 en la República Dominicana para “contener el comunismo”. Más recientemente, las operaciones militares en Afganistán (2001), Irak (2003), Yemen y Libia (2011), así como en Siria (2014), se enmarcaron en la denominada “lucha contra el terrorismo islamista internacional”. Justificaciones distintas, pero con un denominador común: la preservación de su papel como policía del mundo.

En cuanto a las consecuencias a largo plazo para estos países, los precedentes distan mucho de ser esperanzadores. Tras la invasión de Irak (2003-2011), justificada por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas, el país quedó sumido en una sangrienta guerra civil que se cobró más de 600.000 vidas. A este conflicto se sumó, además, la revelación de violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las tropas estadounidenses.

Estas prácticas quedaron al descubierto en abril de 2004, cuando el periodista Seymour M. Hersh publicó en The New Yorker las fotografías que documentaban las torturas infligidas de manera sistemática a los prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib. La proclamada intención inicial de llevar la democracia al país —también uno de los principales productores de petróleo de la región— quedó, con el paso del tiempo, relegada a un segundo plano.

En el caso de la intervención en Venezuela, el interés por el crudo del país quedó patente desde el primer momento. Este aspecto apareció de forma recurrente, y sin apenas disimulo, en el primer discurso de Donald Trump tras la detención de Nicolás Maduro. Pocos días después, preguntado por la prensa sobre si pensaba exigir a Delcy Rodríguez que permitiera el regreso de los opositores al país, respondió con claridad que no se trataba de una prioridad. Según sus propias palabras, el objetivo principal era la reconstrucción de la industria petrolera venezolana.

Por si fuera poco, Trump reconoció también haber informado con antelación a las principales compañías petroleras sobre la operación, algo que no hizo con los representantes del Partido Demócrata.

La política exterior de la era Trump presenta, como él mismo, una lógica marcadamente transaccional y orientada a los negocios. Esto quedó patente en las conversaciones con Ucrania, donde su interés pareció centrarse más en el acceso a minerales estratégicos que en la construcción de la paz. Y el petróleo venezolano dista mucho de ser una cuestión menor. De hecho, el país sudamericano posee las mayores reservas probadas de crudo del planeta, cerca de una quinta parte del total mundial.

Se trata de un crudo pesado que, hasta el embargo impuesto por el propio Trump en 2019, dependía en gran medida de las refinerías estadounidenses situadas en el golfo de México. Tras la imposición de esas sanciones, Estados Unidos dejó de ser su principal cliente y pasó a importar mayoritariamente de Canadá, lo que generó una dependencia excesiva de un único proveedor.

En este contexto, durante su reciente reunión en la Casa Blanca con representantes de las principales compañías petroleras del mundo, Trump les solicitó inversiones millonarias en Venezuela con el objetivo de aumentar los niveles de extracción y refinado. Serían estas empresas las encargadas de explotar el crudo venezolano, mientras que el Gobierno estadounidense asumiría la provisión de seguridad, logística y garantías jurídicas.

Por ello, el hecho de que la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, haya asumido la presidencia del país y que la cúpula del Gobierno continúe intacta en sus funciones no supone, ni mucho menos, una ruptura con el sistema de gobernanza híbrida, apoyado en el crimen organizado, que ha llevado a Venezuela a la ruina. La designación de Rodríguez responde, en realidad, a una lectura pragmática de la situación: resulta imposible controlar el petróleo —y el propio país— sin el aparato institucional y las estructuras del chavismo. De hecho, Trump ha afirmado abiertamente que la prioridad absoluta en estos momentos es la modernización de la industria petrolera venezolana para hacerla más eficiente.

Algo similar ocurre con su interés por Groenlandia. En este caso, vuelve a esgrimir argumentos de seguridad que resultan poco creíbles, tratándose de un territorio bajo el paraguas de la OTAN y que alberga bases militares estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Lo único que haría necesaria para Estados Unidos la anexión de la enorme isla ártica sería, una vez más, la explotación de sus vastos recursos minerales.

Para dotar de una cobertura teórica a esta estrategia, la Administración Trump ha rescatado la Doctrina Monroe, formulada en 1823 con el objetivo de exigir a las potencias europeas —entonces aún imperios coloniales— que se mantuvieran al margen del continente americano, inmerso en un proceso de emancipación. Con el paso del tiempo, esta doctrina sirvió de justificación a Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de sus vecinos, a los que históricamente ha considerado su “patio trasero”.

Lo que ahora se ha rebautizado como la “doctrina Donroe” —un neologismo que fusiona los nombres de James Monroe y Donald Trump— no hace sino actualizar esa lógica intervencionista, legitimando una postura abiertamente imperialista en lo que Washington denomina “su hemisferio”: el hemisferio occidental.

Así, todo ello forma parte de un plan mucho más amplio que busca alinear a todos los estados americanos con los intereses de Estados Unidos, reduciendo la influencia de China en América y en el Pacífico. En este contexto, el petróleo venezolano no es sino una herramienta dentro de la construcción de un nuevo orden mundial de potencias con zonas de influencia bien definidas: Rusia, con ambiciones en el este de Europa; China, que plantea desafíos estratégicos, especialmente en torno a Taiwán; y Estados Unidos, con sus recurrentes intervenciones en el continente americano.

En este enfrentamiento geoestratégico, China, hasta ahora uno de los principales destinos del crudo venezolano, ha visto cómo ese papel se ve debilitado. Antes de las recientes acciones estadounidenses, alrededor del 69 % de las exportaciones petroleras de Venezuela se dirigían a China, consolidándolo como su principal comprador de crudo venezolano. Junto con ella, y posiblemente abocada al colapso pues dependía absolutamente de Venezuela para el suministro de petróleo, Cuba, el enemigo a las puertas de EEUU.

Pero las implicaciones estratégicas globales de la intervención en Venezuela van más allá y alcanzan también a Rusia. El gobierno estadounidense afirma haber interceptado dos barcos —el Marinera y el M Sophie— presuntamente vinculados a la llamada “flota fantasma” rusa, una red de embarcaciones con banderas de conveniencia y estructuras de propiedad opacas. Según el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE), esta flota estaría compuesta por entre 1.100 y 1.400 buques, gestionados desde el Kremlin, y su operativa se centra en el transporte de petróleo y componentes militares hacia Rusia, con el objetivo de eludir las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania.

Volviendo al inicio, un falso dilema es una falacia lógica en la que se presentan dos alternativas como si fueran las únicas posibles, omitiendo la existencia de otras opciones viables. En este caso, no se trata de elegir entre Nicolás Maduro y Donald Trump; no sólo existen terceras vías, sino que esas alternativas son las únicas que pueden evitar un nuevo orden mundial de superpotencias imperialistas que vulneran sistemáticamente el derecho internacional que tanto esfuerzo costó construir.