Una persona recibe un mensaje que parece enviado por su banco. Reconoce el logotipo, el lenguaje es convincente y la página a la que llega tiene la apariencia de un sitio auténtico. Introduce sus datos y, poco después, descubre movimientos que nunca autorizó. A primera vista, parece el trabajo de un estafador hábil con las computadoras, pero detrás puede existir alguien que compró a terceros las herramientas necesarias para engañarla. No diseñó la página, no escribió el programa y ni siquiera sabe cómo funciona.
Durante mucho tiempo imaginamos las organizaciones delictivas como grupos que reunían a sus propios especialistas (no es que algunas no lo hagan). Unos planificaban, otros ejecutaban y alguien se encargaba de administrar las ganancias. Esa estructura sigue existiendo, pero el entorno digital ha introducido la adquisición de capacidades criminales en contrataciones de servicios. Con dinero y contactos, un delincuente puede acceder a recursos que antes exigían años de aprendizaje o la incorporación de expertos a su organización.
A este fenómeno se le conoce como cibercrimen como servicio. El nombre suena técnico, aunque la lógica resulta familiar; así como una empresa puede contratar alojamiento para su página web o un programa de contabilidad, existen mercados clandestinos donde se ofrecen herramientas para robar información, acceder ilegalmente a sistemas, suplantar identidades o extorsionar. Y no estamos hablando de un mercado legítimo, sino de negocios que abastecen actividades delictivas y multiplican las posibilidades de causar daño.
Los proveedores no forman una sola organización mundial, ya que son actores diversos, con intereses y niveles de especialización diferentes. Algunos desarrollan programas maliciosos; otros venden contraseñas y datos personales sustraídos. También hay intermediarios que comercializan accesos a redes empresariales previamente comprometidas, operadores que proporcionan infraestructura y personas dedicadas a mover las ganancias ilícitas. Sus clientes pueden no conocerse entre sí y, aun así, depender del mismo proveedor. La inteligencia artificial también se incorpora a algunas ofertas, pero esta economía criminal empezó a desarrollarse mucho antes de su popularización. Lo que conecta a esas redes no siempre es una jerarquía criminal, sino una relación comercial.
La realidad ofrece ejemplos difíciles de ignorar. En abril de 2024, una investigación coordinada por Europol llevó al cierre de LabHost, una plataforma que cobraba suscripciones para facilitar la creación de engaños digitales destinados a obtener datos de víctimas. La operación involucró a autoridades de 19 países y produjo 37 detenciones. El caso demostró que, para organizar determinadas estafas, no era indispensable construir personalmente toda la infraestructura: bastaba con contratar a quien ya la ofrecía.
Otro caso es Genesis Market, desmantelado mediante una operación internacional en 2023. Allí se comercializaban credenciales y datos extraídos de computadoras infectadas. Según el Departamento de Justicia estadounidense, el mercado ofrecía información procedente de más de un millón y medio de equipos comprometidos. El comprador no tenía necesariamente que robar esos datos: alguien ya había hecho esa parte del trabajo. Así, una intrusión inicial podía dar lugar a nuevos fraudes cometidos por personas distintas, incluso en otros países.
La extorsión digital ha seguido una evolución parecida. En el caso de LockBit, las autoridades documentaron un modelo en el que un grupo central desarrollaba el programa utilizado para secuestrar información, mientras otros participantes lo empleaban contra las víctimas. Al intervenir parte de su infraestructura en 2024, las autoridades estadounidenses señalaron que el grupo había afectado a más de dos mil víctimas.
Estos ejemplos revelan una transformación de fondo. Una organización criminal puede crecer sin contratar más integrantes permanentes, sin ocupar nuevos territorios y sin poseer toda la tecnología que utiliza. Basta con que tenga acceso a un mercado donde otros suministran aquello que necesita.
Esto no vuelve sencillo cualquier delito ni convierte a toda persona con acceso a Internet en un delincuente capaz. Sí reduce determinadas barreras y permite que conocimientos especializados circulen entre grupos que, de otro modo, tendrían capacidades muy limitadas.
Para las víctimas, el resultado es profundamente concreto. La persona que pierde sus ahorros no distingue entre el autor del engaño, quien vendió sus contraseñas y quien facilitó la plataforma fraudulenta. Tampoco la empresa paralizada por una extorsión sabe de inmediato cuántos actores participaron. Sin embargo, esa distinción puede ser decisiva para investigar. Si las autoridades identifican solo a quien contactó a la víctima, quizá permanezcan intactos los proveedores que permiten repetir la operación cientos de veces.
Esto obliga a mirar el delito como una red de relaciones. Los investigadores necesitan reconstruir quién obtuvo la información, quién la comercializó, quién contrató el servicio, quién ejecutó la conducta y quién recibió el dinero. No siempre podrán establecer todas esas conexiones. Además, deberán diferenciar entre la venta legítima de tecnología y la participación consciente en una actividad ilegal.
La respuesta tampoco puede consistir exclusivamente en comprar mejores programas policiales. Hace falta formar investigadores capaces de comprender la economía de estos delitos, seguir sus vínculos financieros, preservar evidencias digitales y cooperar con otras jurisdicciones. La prevención exige proteger datos, mejorar la seguridad de empresas e instituciones y enseñar a reconocer engaños. Pero también demanda políticas que identifiquen y desarticulen las estructuras que abastecen a varios grupos criminales a la vez. Interrumpir un servicio ilícito puede impedir múltiples delitos, aunque quienes realizan cada ataque individual todavía no hayan sido identificados.
Durante décadas preguntamos quién cometió el delito y con quién actuó. Hoy es necesario añadir otra pregunta: ¿quién hizo posible que tuviera los medios para cometerlo? La diferencia no es menor. Es una realidad que la economía criminal compra conocimientos, accesos e infraestructura. El crimen también tiene proveedores. Y mientras continúen operando, siempre habrá alguien dispuesto a convertirse en su próximo cliente, en su próxima víctima... o en su próximo investigador.
¡Mantente Vigía!
