El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos ley dirigidos a reforzar el Estado social, adaptarlo a las necesidades del siglo XXI e incorporar el trabajo de quienes cuidan a los niños y a las personas en situación de dependencia. "Un trabajo que han venido realizando siempre las mujeres en el ámbito de lo doméstico y que ha estado infravalorado", ha afirmado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

El primer decreto ley refuerza la protección de las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza: las monomarentales, las numerosas con bajos ingresos y las de personas con discapacidad. La norma supone una inyección económica de 824 millones de euros y beneficiará a más de 760.000 familias que suman más de 3 millones de personas.

La segunda norma consolida, a juicio de Bustinduy, la refundación del sistema de dependencia y el cambio del modelo de cuidados. De este modo, la inversión de la Administración General del Estado en este ámbito alcanzará los 7.240 millones de euros en el año 2027, un 50% del coste total del sistema.

Más apoyos a las familias monomarentales y las numerosas

El ministro ha destacado que las familias monomarentales, "después de muchísimo tiempo de reivindicación y lucha, van a contar con un título oficial de ámbito estatal propio". Bustinduy ha recordado que el 80% de los hogares que cuentan con un solo progenitor están encabezados por mujeres y más de la mitad del total está en riesgo de exclusión social o de pobreza. "De ahí viene esa deuda que hoy comenzamos a saldar", ha indicado.

El decreto crea una nueva categoría de familia monomarental que dará lugar a un título comparable al que existe para las familias numerosas. La categoría englobará a todas las familias con un único progenitor y a aquellas en las que solo uno de los dos progenitores ejerce 'de facto' la guarda de los niños y niñas, por ejemplo, en casos de violencia de género o ausencias prolongadas. El título permitirá acceder a situaciones de protección específica en cuestiones como las estrategias activas de empleo o la concesión de ayudas y becas. Además, la norma establece exenciones y bonificaciones de las tasas o los precios públicos para el transporte público, así como en el acceso a bienes y servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio. Las familias monomarentales con dos o más hijos se equiparan en derechos con las familias numerosas, lo que supone una deducción anual de 1.200 euros, entre otros beneficios.

Estas medidas alcanzarán a más de 300.000 familias y 900.000 personas.

El decreto ley mejora igualmente la protección de las familias numerosas, especialmente de aquellas con ingresos más bajos. La categoría de familia numerosa especial se extiende a más casos: se aplicará a partir de cuatro hijos o hijas, frente a los cinco de la actualidad. Asimismo, se pasará a ser categoría especial también con tres hijos en el caso de que al menos dos procedan de un mismo parto, adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción o cuando la familia cuente con ingresos inferiores a los 63.000 euros al año. El Ejecutivo calcula que más de 330.000 familias se beneficiarán de estos cambios.

En cuanto a las familias de personas con discapacidad, el decreto ley equipara a las familias numerosas todas aquellas familias con dos o más hijos en las que uno de los progenitores presente una discapacidad igual o superior al 33%. Además, recoge otras medidas como la protección reforzada frente al impago de alimentos. En total, más de 100.000 familias se verán beneficiadas.

Dependencia: teleasistencia universal y reducción de los plazos de espera

Además de la inversión histórica de recursos, Pablo Bustinduy ha subrayado los elementos del segundo decreto ley que refuerzan la transformación del modelo de cuidados, empezando por la teleasistencia, que será universal y garantizará la incorporación de tecnología dirigida específicamente a la prevención y a la detención de situaciones de soledad involuntaria, aislamiento o riesgo social.

Otras novedades significativas son que la ayuda a domicilio podrá prestarse fuera de los hogares; se distingue entre los apoyos personales y los domésticos, una reivindicación tradicional del sector; las prestaciones podrán ser compartidas por varias personas o usuarios del sistema, algo especialmente útil en el ámbito rural o para personas que conviven en un mismo edificio; y se refuerza la compatibilidad de prestaciones para ofrecer un catálogo personalizado que responda a las necesidades del usuario.

El ministro ha remarcado "otro salto importante" que recoge la norma: el plazo legal para la resolución de los expedientes de las solicitudes para las prestaciones en el sistema de la dependencia pasa de seis a tres meses. Respecto a las listas de espera, Bustinduy ha apuntado que, según los últimos datos disponibles, suman 123.474 personas, es decir, 81.000 personas menos que en diciembre del año 2023. Esta evolución permite mantener el objetivo de eliminar las listas de espera a finales de 2027, según ha sostenido Bustinduy.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es. Ministerio de la Presidencia, el 10 de noviembre de 2026.