Hay una pregunta que incomoda a la izquierda y que, sin embargo, resulta imprescindible afrontar: ¿por qué una parte de la clase trabajadora vota a partidos de derecha y de ultraderecha, incluso cuando algunas de sus propuestas económicas pueden perjudicar sus condiciones de vida? La respuesta no puede reducirse a la ignorancia, la manipulación o la falta de conciencia de clase. Hacerlo sería una forma de desprecio hacia quienes se pretende representar y, sobre todo, una manera de eludir las propias responsabilidades.
Durante décadas, la pertenencia a la clase trabajadora estuvo estrechamente vinculada a determinadas opciones políticas. El sindicato, el barrio, la fábrica, la tradición familiar y la experiencia compartida de las desigualdades contribuían a construir una identidad colectiva. La defensa de los salarios, los servicios públicos, las pensiones y los derechos laborales constituía un horizonte común. Pero ese vínculo se ha debilitado. La transformación del empleo, la precarización, la desindustrialización, la pérdida de fuerza de las organizaciones sindicales y la fragmentación social han alterado profundamente el mapa político.
Hoy, un trabajador de una fábrica, una empleada de hostelería, un repartidor, una cuidadora, un autónomo o un joven con un contrato temporal pueden compartir dificultades económicas sin reconocerse necesariamente como integrantes de una misma clase social. La experiencia de la explotación y la inseguridad laboral ya no se traduce automáticamente en una conciencia política compartida.
Ese vacío no ha quedado sin ocupar.
La derecha y, especialmente, la ultraderecha han aprendido a canalizar el malestar social mediante un discurso que identifica culpables visibles y ofrece explicaciones sencillas a problemas complejos. La inmigración, la inseguridad, las políticas de igualdad, las instituciones europeas o las élites políticas se convierten en objetivos de una narrativa que promete recuperar el control, restaurar un orden perdido y devolver la voz a quienes se sienten ignorados.
Cuando una familia no puede acceder a una vivienda, cuando los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes o cuando conseguir una cita médica se convierte en una carrera de obstáculos, alguien tiene que explicar por qué sucede. Si la izquierda no ofrece una respuesta convincente, otros ocuparán ese espacio. Y si la respuesta consiste en señalar al inmigrante que también busca trabajo, vivienda y servicios públicos, el conflicto social deja de dirigirse hacia las causas estructurales de la desigualdad para enfrentar a quienes padecen sus consecuencias.
La escasez de vivienda no la ha provocado quien llega de otro país buscando una vida mejor. La precariedad laboral no es responsabilidad de quien acepta un empleo para sobrevivir. Las listas de espera sanitarias no son consecuencia de que una familia migrante acuda al centro de salud. Detrás de esos problemas hay decisiones políticas, insuficiencia de recursos, desigualdades económicas y un modelo de distribución de la riqueza que debe ser discutido.
Sin embargo, sería un error pensar que todos los trabajadores que votan a la derecha lo hacen por rechazo a la inmigración o por adhesión a posiciones autoritarias. Hay quienes priorizan la unidad nacional, quienes desconfían de los partidos tradicionales, quienes consideran excesiva la presión fiscal, quienes defienden valores conservadores y quienes sencillamente quieren castigar a un Gobierno con el que están descontentos. El voto es una decisión compleja, en la que se mezclan intereses materiales, convicciones, identidades y expectativas.
La cuestión es que la ultraderecha ha conseguido que una parte del electorado trabajador considere que sus problemas se explican mejor mediante conflictos culturales e identitarios que mediante las desigualdades económicas. Ha logrado desplazar el debate desde la distribución de la riqueza hacia la disputa entre grupos sociales. Y esa operación tiene consecuencias: mientras los trabajadores discuten entre sí sobre quién merece una ayuda, quién tiene derecho a quedarse o quién representa mejor la identidad nacional, los grandes intereses económicos permanecen muchas veces fuera del foco.
Pero la responsabilidad de este desplazamiento no puede atribuirse exclusivamente a la capacidad de propaganda de la derecha. La izquierda debe examinar también sus propios errores. No basta con recordar las conquistas históricas del movimiento obrero ni con apelar a una identidad de clase que ya no se construye de manera espontánea. Tampoco basta con presentar programas técnicamente solventes si no se consigue que las personas reconozcan en ellos una respuesta a sus problemas cotidianos.
Cuando la vivienda se vuelve inaccesible, los salarios pierden capacidad adquisitiva, el empleo sigue marcado por la inseguridad y los servicios públicos se deterioran, los discursos sobre grandes transformaciones pueden sonar lejanos si no van acompañados de medidas concretas y perceptibles. La defensa de los derechos debe traducirse en mejoras reales. Y esas mejoras tienen que llegar también a quienes no viven en las grandes ciudades, a quienes trabajan en sectores precarizados y a quienes sienten que la política institucional habla un lenguaje que no es el suyo.
La izquierda tampoco puede permitirse tratar con condescendencia a los trabajadores que han dejado de votarla. No recuperará su confianza calificándolos de ignorantes, reaccionarios o víctimas de la manipulación. Necesita escucharlos, comprender sus preocupaciones y discutir con ellos sin renunciar a sus principios. Escuchar no significa aceptar discursos xenófobos ni normalizar la discriminación. Significa entender qué miedos y qué frustraciones permiten que esos discursos encuentren audiencia.
Hay, además, una contradicción que conviene señalar: algunos partidos que se presentan como defensores de los trabajadores proponen reducir la capacidad redistributiva del Estado, debilitar determinadas políticas de protección social o limitar derechos laborales. La promesa de proteger a los de abajo puede convivir así con programas que favorecen una mayor desigualdad. Pero esa contradicción solo tendrá consecuencias electorales si alguien consigue hacerla visible y explicar sus efectos sobre la vida de la mayoría.
La conciencia de clase no se hereda ni aparece por decreto. Se construye mediante experiencias compartidas, organización colectiva y la percepción de que existen intereses comunes. Por eso, reconstruir una mayoría social favorable a la igualdad exige mucho más que campañas electorales: requiere sindicatos fuertes, asociaciones vecinales, servicios públicos de calidad, espacios de participación y una política que vuelva a situar las condiciones materiales de vida en el centro de sus prioridades.
La pregunta, por tanto, no debería ser únicamente por qué algunos trabajadores votan a la derecha o a la ultraderecha. También habría que preguntarse qué ha sucedido para que una parte de ellos haya dejado de encontrar en la izquierda una herramienta útil para defender sus aspiraciones.
La clase trabajadora no ha desaparecido. Ha cambiado, se ha diversificado y, en buena medida, se ha fragmentado. Quien aspire a representarla tendrá que comprender esa realidad y ofrecer respuestas a sus nuevas formas de inseguridad y desigualdad. Porque la disputa política no se resolverá reprochando a los trabajadores cómo votan, sino demostrando, con hechos y no solo con palabras, qué proyecto mejora sus vidas, amplía sus derechos y les permite afrontar el futuro con mayor seguridad y dignidad.





