EL OBRERO PERIODISMO DE DATOS
18 sept 2026 | Actualizado 11:49 CEST
PERIODISMO DE DATOS
Un millón de viviendas no se construye con una promesa electoral
Imagen ilustrativa generada mediante inteligencia artificial.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de España. Para miles de jóvenes, independizarse es una aspiración aplazada; para muchas familias trabajadoras, pagar el alquiler o acceder a una hipoteca supone dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos. La falta de vivienda asequible exige respuestas urgentes. Pero precisamente por la gravedad del problema conviene exigir rigor a quienes prometen solucionarlo.

Alberto Núñez Feijóo ha situado en el centro de su programa electoral el compromiso de construir un millón de viviendas en una legislatura, a un ritmo de 250.000 al año. Es una cifra contundente, fácil de recordar y políticamente atractiva. Sin embargo, cuando se examina desde la realidad del sector, aparecen preguntas que no pueden despacharse con un eslogan.

España terminó 51.406 viviendas durante el primer semestre de 2026, según los datos publicados por RTVE a partir de las estadísticas oficiales. Es decir, alrededor de 103.000 en un año si se mantuviera ese ritmo. Alcanzar las 250.000 anuales exigiría multiplicar considerablemente la producción actual. No estamos hablando de un pequeño incremento, sino de un cambio de escala que necesitaría planificación, inversión, suelo urbanizado, empresas, trabajadores y capacidad administrativa.

El programa del Partido Popular plantea movilizar suelo público y privado, colaborar con comunidades autónomas y ayuntamientos, aprobar una nueva Ley del Suelo y resolver las licencias de obra nueva y rehabilitación en tres meses mediante el silencio administrativo positivo. También propone publicar anualmente las cifras de viviendas iniciadas y terminadas. Son medidas concretas que merecen ser examinadas, pero su enumeración no demuestra por sí sola que el objetivo pueda alcanzarse.

Porque una cosa es identificar obstáculos y otra muy distinta acreditar que se dispone de los medios para superarlos. ¿Cuánto suelo está realmente preparado para construir? ¿Cuántos proyectos podrían ponerse en marcha de inmediato? ¿Qué inversión pública se comprometería? ¿De dónde saldrán los profesionales y trabajadores necesarios para sostener ese ritmo? ¿Qué mecanismos garantizarán que las viviendas anunciadas lleguen a quienes no pueden acceder a los precios actuales?

Esta última pregunta es especialmente importante. El problema español no consiste únicamente en que se construyan pocas viviendas. Consiste también en que una parte muy amplia de la población no puede pagar las que ofrece el mercado. Aumentar la oferta puede contribuir a aliviar la presión, pero no garantiza automáticamente que los precios sean asequibles ni que las nuevas promociones respondan a las necesidades de los hogares con menos recursos.

El programa del PP habla de movilizar suelo público y privado y contempla distintas fórmulas para facilitar la construcción. Pero el compromiso de un millón de viviendas no equivale a un compromiso de un millón de viviendas públicas, protegidas o destinadas al alquiler asequible. Esa diferencia debe quedar clara. No es lo mismo aumentar el parque inmobiliario que ampliar el parque de vivienda al que pueden acceder las familias trabajadoras.

A ello se añade una cuestión que ha cobrado relevancia durante la propia campaña. Después de haber presentado reiteradamente el millón de viviendas como un compromiso, Feijóo afirmó en una entrevista con POLITICO que no había dicho que fuera a construirlas, sino que España las necesitaba. Sin embargo, el programa electoral de su partido recoge expresamente, en su medida 144, el compromiso de construir un millón de viviendas más. No es una diferencia menor: los ciudadanos tienen derecho a saber si están ante un objetivo que el eventual Gobierno asume como propio o ante una aspiración cuya ejecución dependería fundamentalmente de otros actores.

La vivienda no puede convertirse en una competición de cifras entre partidos. Tampoco debería utilizarse como escenario para prometer resultados sin explicar los instrumentos, los plazos y las responsabilidades. Quien aspira a gobernar debe presentar un plan que permita comprobar, año tras año, qué se ha hecho, cuánto se ha invertido, cuántas viviendas se han terminado y cuántas están realmente al alcance de quienes las necesitan.

Y esta exigencia no debe dirigirse únicamente al Partido Popular. Cualquier Gobierno, presente o futuro, tiene que rendir cuentas de sus compromisos en materia de vivienda. La ciudadanía no necesita anuncios que desaparezcan después de las elecciones, sino políticas sostenidas, evaluables y capaces de modificar una realidad que condena a demasiadas personas a vivir con incertidumbre.

Un millón de viviendas puede ser una meta política. Pero para que deje de ser una cifra de campaña tiene que convertirse en un programa viable, financiado y verificable. Y, sobre todo, debe responder a una pregunta esencial: ¿quién podrá vivir en esas casas y a qué precio?

Porque construir más viviendas es necesario. Garantizar que la gente trabajadora pueda acceder a ellas es la verdadera medida del éxito.

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