- La organización sindical reclama medidas efectivas tras la sentencia del TJUE sobre el caso «Obadal» y advierte de las consecuencias para los servicios públicos y cientos de miles de empleados.
El pasado 14 de abril de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia relativa al caso «Obadal» (C-418/24) sobre la ausencia de transposición al ordenamiento interno de la Directiva 1999/70/CE, casi 30 años después de su aprobación. Según FETAP-CGT, la sentencia pone de manifiesto la ausencia de mecanismos válidos para combatir la precariedad en el sector público.
Por los mismos motivos, el 29 de abril la Comisión Europea emitió dos dictámenes motivados en el marco de los procedimientos de infracción INFR (2014)4224 e INFR (2014)4334. En ellos reclamó al Gobierno de España que presentara alegaciones y adoptara las medidas necesarias para corregir la situación. FETAPCGT señala que el proceso no ha dado el resultado esperado y que no se concederán nuevas prórrogas.
Ante lo que considera un incumplimiento de principios básicos de un Estado social de derecho —entre ellos, la primacía normativa, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, la no discriminación por razón de sexo y el derecho a un trabajo digno—, la organización registró la reclamación colectiva n.º 261/2026 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa.
FETAP-CGT advierte asimismo de que esta situación ha desencadenado la congelación y, previsiblemente, la pérdida de 626,6 millones de euros de fondos europeos Next Generation vinculados al incumplimiento del hito 144, relativo al abuso de temporalidad en el sector público.
La organización señala también que ha comenzado la cuenta atrás para que la Comisión Europea traslade los procedimientos de infracción al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según FETAP-CGT, y a la vista de la última sentencia relativa al caso, este proceso podría conllevar sanciones económicas hasta que el Estado español corrija el incumplimiento.
En este contexto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, fue requerido mediante una pregunta escrita en el Congreso (184/41211), formulada por Más Madrid, para que explicara cómo pensaba revertir la situación. FETAP-CGT considera que su respuesta mantiene una estrategia de «huir hacia adelante».
Según la respuesta del ministro, tras 81 casos sobre la misma temática y otros 4 pendientes exclusivamente para España, la Gran Sala del TJUE dictó una sentencia interpretativa referida a supuestos concretos. FETAP-CGT considera que esta interpretación no responde a la situación del medio millón de empleados que, según la organización, se encuentran en fraude de ley en su contratación.
La respuesta también señala que la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en vigor desde el 30 de diciembre de 2021, continúa vigente. FETAPCGT cuestiona el alcance de sus resultados.
La organización recuerda que el Gobierno cifra en 419.756 las plazas estabilizadas mediante esta ley, pero subraya que se trata de plazas y no de trabajadores en abuso de temporalidad, que son quienes, a su juicio, tienen sus derechos vulnerados. FETAP-CGT afirma que estas cifras no se reflejan en los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al segundo trimestre de 2026
