Estamos conociendo episodios de gran inquietud en el ámbito sanitario –y también en el educativo– que conducen a una conclusión que es cada vez más evidente: esos episodios buscan minusvalorar sectores públicos estratégicos y favorecer a los privados. Los ejemplos son conocidos: la gestión de hospitales de titularidad pública con parámetros de gestión privada, es decir, la búsqueda del máximo beneficio (¡esto no debería extrañar a nadie!); y situar en inanición presupuestaria a universidades públicas a favor de las privadas, constituyen sendas muestras al respecto. Y con comunidades autónomas concretas: Madrid, Valencia, Andalucía, Extremadura, Galicia, que están imprimiendo un modelo de gestión lesivo para los intereses –en el caso de la sanidad– de los pacientes y muy lucrativo para los fondos de inversión que detentan la administración de esos hospitales. No se cuestiona la externalización de servicios, siempre que se atenga a unas reglas deontológicas, y exista una vigilancia de quienes proporcionan el grueso de los recursos: las administraciones públicas. Existen experiencias que constatan buenas prácticas; pero cuando lo que se acaba priorizando es el beneficio privado, se desmoronan los objetivos de atención correcta a los enfermos y usuarios de esos servicios públicos.