Como siempre, el PP actúa de una manera tacticista, modelando su discurso camaleónico en función de lo que más le interesa.

Financiación autonómica y condonación parcial de la deuda (una propuesta, esta última, rechazada por los gobiernos del PP) parece que deben ir de la mano. En ambos casos, la referencia central radica en el hipotético trato preferencial (“singular”) a Catalunya, que se convierte una vez más en un pretexto para la confrontación. Abordemos sucintamente (por razones de espacio) estos dos aspectos, partiendo de una premisa importante a mi juicio: no tiene porqué ponerse en el mismo saco el proceso de negociación de la financiación autonómica con el debate sobre la condonación parcial de la deuda. Los dos elementos, cruciales, se pueden trabajar de manera autónoma. Pero vayamos a la cuestión.

Según Eurostat uno de cada diez trabajadores en España vive en riesgo de pobreza, como se recoge en un informe con datos de 2024 publicado a principios del mes de noviembre, que revela que el 11,2 % de los ocupados, el 10,1% mujeres y el 12,1% hombres, tanto asalariados como autónomos, no logra superar el umbral de la pobreza pese a tener empleo. Esta cifra, que apenas mejora la del año anterior, sitúa a nuestro país por encima de la media europea del 8,2 %, las mujeres un 7,3% y los hombres un 9%, y entre los tres peores resultados de toda la Unión Europea (UE), solo por detrás de Luxemburgo 13,4 % y Bulgaria 11,8 %. Eurostat define este indicador de pobreza laboral como la proporción de trabajadores de 18 años o más cuyo ingreso disponible está por debajo del 60 % de la mediana nacional.

Antes de conocer la sentencia que dicte la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre García Ortiz, conviene avanzar algunas reflexiones políticas que en cierto modo son independientes del sentido de la sentencia.

Francisco Franco Bahamonde (1892–1975) fue el jefe del Estado español desde el final de la Guerra Civil (1936–1939) hasta su muerte. El régimen franquista instauró una dictadura autoritaria, que suprimió las libertades políticas y estableció un control férreo sobre la sociedad. Durante casi cuarenta años, su liderazgo moldeó profundamente la vida política, económica y cultural de España, cuya duradera huella a menudo ha sido y sigue siendo objeto de polémica.

El viento ultra cruza los Andes y proyecta su sombra sobre Chile. Si no median sorpresas, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a mediados de diciembre, significarán una vuelta al pasado. Sin uniformes, sin campos de concentración, sin matanzas oscuras. Pero con el mismo propósito: arrebatar a las clases populares lo poco que recuperaron en tres décadas largas de democracia liberal.

Entre uno y seis meses se establece el promedio de gestación de una sentencia instruida y vista en la sala segunda, de lo penal, según la terminología de adecuación neutra de la costumbre judicial. Según lo cual, entre la sentencia por el asunto por el que se encausó al fiscal general del Estado y el término de lo habitual en el paritorio de decisiones de esta jurisdicción se pueden celebrar aproximadamente tres-cuatro elecciones regionales o autonómicas. Lo que promueve una abundante ecuación con intervención de posibilidades y algoritmos entre sí que producen inquietudes y enumeran preocupaciones en todos los sentidos imaginables. Entre los cuarenta testigos presentados por defensas y acusaciones en el juicio más interesante de los últimos ejercicios, incluido el del procés catalán, que alimentó muchas atenciones de la opinión pública, el de acaso revelación de secreto del fiscal más jerárquico del ministerio público, hay dos estamentos que han brillado sobre todos los demás. O sea, el periodismo y la UCO, unidad de investigación judicial de delitos.

2025 es el año de la mujer indígena en México. También es el año de la consagración de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Al cumplir su primer año de mandato, Claudia Sheinbaum disfruta de una tasa de aprobación ciudadana que ronda el 80 %.

He seguido, con especial interés, el juicio al Fiscal General del Estado, García Ortiz y debo confesar que ha superado todas las expectativas imaginadas. ¿Cómo es posible haber llegado a juicio sin ninguna prueba concluyente? ¿Cómo es posible aceptar una investigación con acciones y actuaciones, nunca vistas ni imaginadas, en un cargo de este nivel? ¿A quién se le ocurre enviar a agentes de la UCO al despacho del Fiscal General, para que buscasen, revolvieran y manipularan todo tipo de materiales, archivos y elementos electrónicos? Impensable, en cualquier otro país de nuestro entorno.

El fortalecimiento de la democracia europea exige comprender por qué amplios sectores de la población han dejado de sentirse representados por los partidos tradicionales.

La Transición a la democracia en España ha sido catalogada como un modelo exitoso de cambio político pacífico de una dictadura a una democracia, en contraste con otros procesos de ruptura revolucionaria o violenta. Siempre se ha destacado su carácter negociado, subrayando la capacidad que tuvieron los distintos actores políticos para evitar un estallido violento o un colapso institucional.

Este proceso adquirió una naturaleza especialmente simbólica, ya que no solo fundó un nuevo orden institucional democrático, sino que también se constituyó en un relato político y moral que contribuyó a moldear las identidades colectivas, legitimar el nuevo sistema democrático y articular una memoria oficial del pasado reciente.

Pero ¿La forma en que se llevó a cabo la Transición constituye hoy un motivo de orgullo para los españoles? ¿Cómo ha evoluciona la percepción de los ciudadanos sobre ese periodo tan importante de la historia de España? ¿Se han producido cambios con el tiempo o la percepción se ha mantenido inalterada?

Para responder a están preguntas contamos con la información que nos proporciona el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que desde 1985 viene preguntando sobre la percepción pública sobre la Transición a la democracia en España con la pregunta: “¿Cree Ud. que la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia constituye hoy en día un motivo de orgullo para los/as españoles/as? Si; No; N.S.; N.C.”.

Los resultados, que miden la legitimidad simbólica de la Transición, muestran un patrón de cambio desde un consenso ampliamente mayoritario de logro colectivo hacia una creciente revisión crítica del orgullo democrático en las últimas décadas.

La narrativa de la Transición se convirtió, entre las décadas de 1980 y 1990, en un eje transversal y en un pilar central de la cultura política española y de la legitimidad del sistema democrático. La Transición representaba la superación del conflicto histórico, la reconciliación de las dos Españas y la adopción de una visión pragmática y moderada de la política.

En este sentido, la inmensa mayoría de los españoles consideraban la forma en que se llevó a cabo la Transición un motivo de orgullo, con porcentajes superiores al 75 por ciento, y con picos del 80,7 por ciento de la población en el año 1989 y un 86,1 por ciento en el año 2000.

Sin embargo, a partir de mediados de la década de 2000, y con intensidad creciente tras la crisis económica de 2008, dicha narrativa comenzó a fragmentarse. Del 86,1 por ciento que consideraba que la forma de hacer la Transición era motivo de orgullo se pasó en 2008 al 75,7 por ciento y en el año 2018 al 67,3 por ciento.

En sentido contrario, el porcentaje de los que consideraban que no era motivo de orgullo la forma en la que se hizo la transición pasó del 7,9 por ciento en el año 2000 al 16,1 por ciento en el año 2010 y al 22 por ciento en 2018.

La Transición pasó a ser objeto de disputa pública, reinterpretada en términos críticos por movimientos sociales, nuevas fuerzas políticas y sectores intelectuales que cuestionaban la idealización del proceso.

Sin embargo, en los últimos años, se produce un cambio de tendencia favorable, ya que el porcentaje de los que creen que la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia constituye hoy en día un motivo de orgullo para los españoles aumenta desde 67,3 por ciento del año 2018 al 71,9 por ciento del año 2025. En relación con las respuestas negativas también se produce un aumento, al pasar del 22 por ciento en el año 2018 al 23,9 por ciento en el año 2025.

Aunque el consenso sigue siendo mayoritario, se confirma un escenario interpretativo fragmentado sobre la Transición, que se produce en un país donde ha aumentado un pluralismo ideológico y mediático que ha dado lugar a una memoria pública descentralizada, donde múltiples relatos coexisten y compiten por la legitimidad.

Esta evolución refleja no tanto una crisis de legitimidad del sistema democrático, como una transformación en las formas de relación simbólica con la Transición. La Transición ya no es el núcleo unificador de la cultura política, sino un elemento más dentro de una memoria pública diversificada, en la que distintas generaciones construyen su relación con la democracia desde experiencias vitales y expectativas diferenciadas.

Se trata de una dicotomía llamativa, efectivamente. Pero es la situación a la que nos ha conducido la derecha política, jurídica y mediática en el momento en que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció la comisión de un delito fiscal.