Los estudios sobre el impacto económico del primer franquismo (1939-1959), que marca la política autárquica y que, en definitiva, determina un nuevo e importante retroceso económico y social para España, son ya importantes. Tales investigaciones se han realizado desde perspectivas más nacionales, como desde ópticas regionales. En ambos casos, los análisis señalan una conclusión clara: el franquismo añade un enorme atraso económico al que ya coleaba en la economía española por su llegada más retardataria a la revolución industrial. Esa situación comportó pérdidas notables en ámbitos sociales, y un corolario en vidas humanas que ha significado, hasta hace relativamente poco tiempo, el silenciamiento de los familiares de los represaliados.

A Trump le divierte sembrar el caos en las relaciones internacionales. Y en las relaciones institucionales también. Dicen quienes creen que lo conocen que se trata de una táctica para conseguir el máximo beneficio. Son estratagemas de comerciante marrullero. A juzgar por lo que vemos, los resultados reales son discutibles, pero las versiones para la propaganda tienen el efecto buscado. Los dirigentes internacionales se toman en serio al Presidente norteamericano, desde el punto y hora en que tratan de adecuarse a sus excentricidades y sobre todo de no provocar su enfado.

En todas partes se produce un fenómeno que parece imparable. La derecha más extrema y desacomplejada se impone políticamente, y lo hace contando con el apoyo de los sectores sociales más excluidos que, antes, se sentían representados por los partidos progresistas y de izquierdas. La América de Trump, la Italia de Meloni, la Hungría de Orbán o la Argentina de Milei son buenos ejemplos y no los últimos: quienes malvivían gracias a ayudas sociales de contención, acaban votando a quien afirma que lo primero que hará es eliminarlas. Una muestra de que amplios sectores sociales, los más necesitados, se han desvinculado de los sindicatos y partidos que los representaban. Unos utilizan mucho las estrategias populistas, pero los otros algunas cosas no deben haber hecho del todo bien. Las dinámicas políticas y sociales de las últimas décadas evidencian cómo en Occidente los sectores populares cada vez se sienten menos representados por las opciones progresistas, ya que buena parte de estas han abandonado la pretensión de conseguir una mayor nivelación económica entre los grupos sociales, optando por la defensa de preocupaciones particulares a partir del establecimiento de identidades fracturadas y definidas en torno a cuestiones culturales. Resulta significativo que la izquierda no tenga, en general, planteamientos en relación con el combate contra la desigualdad y sobre el futuro del trabajo. Si hay un tema crucial hoy y hacia el futuro, es la pérdida de puestos de trabajo, la imposibilidad de empleo para todos y que gran parte de lo que quede tenga unos mínimos de dignidad. El significado del trabajo tiene mucha más incidencia que el salario y el reparto de rentas. Condenamos a gran parte de la población no solo a vivir subvencionada, sino a carecer de una cultura, dignidad y orgullo ligados al trabajo.

Si el anterior artículo lo titulé: “Estupefacto es poco”, el de hoy, cuesta encontrar el adjetivo más adecuado porque va de increíble, inimaginable, hasta el más terrible de todos: injusto. Y cuando la Justicia es injusta, hemos llegado a cumbres borrascosas, porque anuncian otros desmanes, impropios de un Estado de derecho, donde impera una democracia plena.

El pasado domingo se preguntaba un medio que no pasa de la C (paradójico siendo dado tan titulado iletrado a presumir de grandes plumas de medio pelo) que igual RTVE es el nuevo CIS. A ello se suma y sigue la descalificación, ninguneo y desprecio a los testimonios de periodistas por escribir en medios de “izquierdas”, mientras se dan por buenos bulos y, peor aún, la potestad para generarlos a todos los que no son notarios de su tiempo.

En la mayoría de las ocasiones resulta prudente y aconsejable esperar a que la indignación amaine antes de realizar reflexiones públicas y privadas, pero hacía mucho tiempo que no me sentía tan vilipendiada y tan indignada, sobre todo, tener la impresión de que me están tomando el pelo como ciudadana.

Franco murió hace 50 años.

La dictadura duró algo más con el gobierno Arias-Fraga.

La condena a dos años de inhabilitación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el tribunal que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta, obedece, entre otras causas, a la vigencia tres corporativismos que planean sobre la Judicatura española. Se entiende por corporativismo la primacía de los intereses de un grupo profesional, en este caso los jueces y fiscales, por encima de los intereses generales de la sociedad.

Los cincuenta años de libertad, con su plaza de oriente y los recuerdos de la historia de España y un largo y perezoso etcétera, precisamente en la fecha 20-N, se han quedado en brochazo cancelatorio merced al spoiler más intenso que vieron los siglos. En términos ibéricos es algo así como la revelación del sustento final de una trama narrativa. Y tanto que se atiene esta definición al momento presente. En el asunto judicial conocido como “caso fiscal general”, justo una semana después del ya coloquial “visto para sentencia”, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por medio de sus servicios de prensa, ha adelantado el fallo del caso, acaso tres líneas, que manifiesta el resultado final de una sentencia que contendrá unas decenas de folios.

El proceso al Fiscal General del Estado ha dejado al descubierto la necesaria e incuestionable ejemplaridad que deberían mantener quienes aplican la ley. Las normas no pueden tener renglones torcidos. El concepto de Justicia se define como el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Sin más. Si la vara de medir depende de lo medido, no hay justicia. La discriminación es la degradación de lo justo.

Como siempre, el PP actúa de una manera tacticista, modelando su discurso camaleónico en función de lo que más le interesa.