El caso del spoiler y la gestión del tiempo de Sánchez

El tribunal, de siete miembros, por el que han pasado hechos aproximadamente decisivos de la reciente historia del país, se ha encargado de delinear la primera condena a un fiscal general del Estado, con lo que ello sustancia sobre el gobierno en quien recae el papel protagonista de su nombramiento. Las piezas de los secretarios de organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos, tan codiciadas por la oposición en su propósito de desgaste del gobierno de Sánchez, han experimentado una devaluación alarmante en beneficio del fiscal general condenado y expatriado de la sentimentalidad que le concedía la duda. Solo los juristas quieren ver la película “desde el inicio”, como rezan ya los títulos en ventanas en las pantallas de los dispositivos. El resto del país solo quiere ver el despiece de la selecta carne del hombre de las gafitas nacido en el salmantino pueblo de Lumbrales, el mismo que alumbró a los hermanos Martín Patino, uno dirigido a los altares y el otro al celuloide.

El ahora condenado en su calidad de fiscal general marca hito por la condena, pero ciertamente la calidad de recibimiento de sus iguales en los gobiernos socialistas ha tenido una similitud en grado de rechazo, insulto, degradación en la subordinación aduladora y sicofante. El canario Eligio Hernández y Cándido Conde Pumpido, en su versión fiscal general, en 2004, fueron víctimas propiciatorias de la calentura de la oposición popular en una labor constante de acecho e intimidación. Quiere ello decir que al suceso reciente de una condena, amén de su lectura calmada y tranquila de la argumentación jurídica cuando sea posible, que acaba con la carrera y la función del fiscal general, en seguida le seguirá otro nombramiento bajo la etiqueta del gobierno socialista, que como tal engrosará la nómina del ciudadano vilipendiado por vestir la toga que ha impuesto el jefe de gobierno. La suavización sobre la figura de García Ortíz solo de producirá en el momento en que sea nombrado su sucesor, sobre el que recaerá en todos y cada uno de sus pronunciamientos la carga de su designación, o sea la contaminación denigratoria del presidente de gobierno, del que la oposición desprenderá la relación directa con el nuevo fiscal general y su condición lacaya.

El tablero de relación convivencial entre gobierno y oposición mantiene la configuración desde enero de 2020, cuando se inauguró la categoría de “gobierno ilegítimo”, corregida y aumentada en noviembre de 2023, en su renovada ilegitimidad y traición a los intereses nacionales. En la aparente lejanía se encuentra el origen de los males del denostado fiscal general, González Amador, con la defensa del letrado Gabriel Rodríguez Ramos, de apreciado curriculum profesional, y la de su cónyuge in pectore y presidenta de la Comunidad de Madrid, más la adición periodística y política, nada notarial, de Miguel Ángel Rodríguez. El desarrollo de su proceso por aparente delincuencia tributaria tiene un recorrido del que están pendientes muchas lupas, también las de la planta noble de la calle Génova, número 13. Álvaro García Ortiz recurrirá al amparo del garante constitucional, que tendrá que resolver la renovación de la cuarta parte de sus miembros en marzo, siempre y cuando haya acuerdo entre los pares, o sea PP y PSOE; González Amador, edificante ejemplo de gestión de impuestos, seguirá visitando juzgados y enseñando su melena; y el calendario electoral acuciará con su maquinaria imparable. El carrusel electoral parece tener más potencia de fuego que las causas menores que están por venir, las familiares del presidente Sánchez, ya con dureza epidérmica después del episodio del fiscal general. El jefe del ejecutivo moldea el tiempo español, a su imagen y semejanza. A diferencia de la descripción de los tiempos allende nuestras latitudes que definía George Steiner, en sus memorias, “el tiempo europeo, esa especie de papel de lija de la historia no satisfecha”, o “el tiempo estadounidense, que es la inversión en lo inmediato”.