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La muerte de un “delfín” y las condenas del “1001”


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El día 20 de diciembre de 1973, una potente carga de dinamita, explosionada en la calle Claudio Coello al paso de su coche oficial, acabó con la vida del almirante Luis Carrero Blanco, cuando volvía de su misa diaria en la iglesia de los jesuitas, y con la de sus escoltas, el inspector de policía Juan Antonio Bueno Fernández y el conductor José Luís Pérez Mogena.

La llamada por ETA “Operación Ogro” fue ejecutada por un comando desplazado meses antes a Madrid con intención de secuestrarle para forzar una negociación, pero ante la dificultad de llevar a cabo el rapto, la dirección de la banda optó por acabar con su vida.

Carrero (1903-1973), de tradicional familia militar, ingresó en la Escuela Naval, participó en la campaña de Marruecos y en la guerra civil como comandante de varios buques y jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. En 1940 Franco le nombró consejero nacional de FET y las JONS. Fue vicepresidente de las Cortes, presidente del Consejo del Patrimonio Nacional y subsecretario de la Presidencia. En 1966 obtuvo el grado de almirante, en 1967 fue designado vicepresidente del Gobierno y presidente en junio de 1973. Fue un organizador del Régimen, impulsor del Plan de Desarrollo y la Ley de Sucesión; un hombre conservador, casado y con cinco hijos, monárquico y católico de misa diaria.

El asesinato del presidente del Gobierno de una dictadura de Europa occidental, perpetrado por un pequeño grupo armado de nacionalistas vascos, sorprendió a los gobiernos circundantes y conmocionó al país, a la élite política y económica, y de modo particular, a las fuerzas políticas e ideológicas del Régimen. El diario ABC le dedicó una loa: Ha muerto como había vivido; como un santo-, quizá preparando el camino hacía los altares.

El insólito hecho supuso un golpe inesperado para el Gobierno, pues Carrero Blanco era un hombre identificado con Franco y con su obra, al que su muerte dejó sin delfín ideológico, porque su formal heredero era el príncipe Juan Carlos de Borbón, a quien, asistido por Carrero, los voceros del Régimen atribuían la función de continuar el franquismo con una monarquía de signo autoritario.

El almirante fue, desde el principio, un firme soporte de la dictadura al actuar durante mucho tiempo leal y oscuramente en sus entrañas. Se puede decir que, después de Franco, Carrero era la mejor representación del franquismo por su condición de militar católico o de católico militar y muñidor de su estrategia.

Militar africanista, educado en la guerra colonial como vehículo de ascenso profesional, compartía con el Caudillo una concepción jerárquica y disciplinaria de la sociedad dirigida con mano férrea por el Estado, y una visión del ejército, heredada del siglo XIX, como actor político y garante del orden y los valores nacionales. Por su labor organizativa en la evolución económica y política del Régimen era considerado el custodio de las esencias del franquismo después de Franco, en la prevista monarquía autoritaria, impulsada por él mismo con la Ley de Sucesión, que, según el dictador, dejaba todo atado y bien atado.

Su muerte debilitó la posición de Franco, ya muy disminuido (padecía el mal de Parkinson), y de los “aperturistas”, pero excitó a las fuerzas del núcleo duro del franquismo -el búnker, según calificativo de Luciano Rincón en Ruedo Ibérico- y aceleró la agonía del Régimen dejando entrever su imparable declive, lo que incentivó las cábalas sobre el desenlace de la dictadura, cuyo final, teniendo en cuenta la precaria salud de Franco, se podía precipitar en cualquier momento, como así fue.

Con su muerte, los cenáculos y mentideros entraron en ebullición y empezaron a perfilarse los contactos y las alianzas que serían el embrión de las plataformas de la oposición a escala regional y nacional de los años siguientes. El mismo día, tuvo lugar otro suceso político de relieve, que quedó oscurecido por la noticia del atentado.

El 20 de diciembre comenzó el llamado “Proceso 1001”, incoado a diez miembros de la coordinadora estatal del sindicato clandestino CCOO, detenidos en junio de 1972, en un convento de Pozuelo. El Tribunal de Orden Público les condenó a diversas penas, que iban desde 20 años de cárcel para Marcelino Camacho y Eduardo Saborido, 19 para Nicolás Sartorius y Francisco García Salve (el cura Paco), 18 para Juan Muñiz Zapico, 17 para Fernando Soto y 12 años para Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban, Luis Fernández y Francisco Acosta. Aunque un año después, el Tribunal Supremo, a causa de la presión internacional, rebajó las condenas sensiblemente, siendo la máxima de 6 años para Camacho, 5 para Sartorius, Saborido y García Salve, 4 para Muñiz y Soto y dos años para el resto.

La asistencia al juicio de miembros de Amnistía Internacional, de la Federación Sindical Mundial, de delegados sindicales de varios países y de asociaciones de juristas, así como de periodistas nacionales y extranjeros, mostró la importancia del Proceso 1001, con el que el Régimen quiso obtener una aparente victoria sobre el movimiento obrero y la subversión comunista. Pero realmente fue otro motivo de descrédito, pues el día en que el Tribunal de Orden Público iniciaba el juicio contra diez trabajadores afiliados a una organización clandestina por actividades que serían legales en cualquier país democrático, el Gobierno de una dictadura perdía a su presidente en un atentado terrorista.

Fallecido el dictador, los sentenciados en el Proceso 1001 fueron indultados por el rey, el día 25 de noviembre de 1975.

 

Profesor jubilado de la Universidad Complutense.

Último libro publicado: 1968 Spain is different (Madrid, La linterna sorda, 2021).